Cuando las luces comenzaban a iluminar el Viejo Continente en la
primera mitad del siglo XVIII, Felipe V, el primer Borbón que reinó en
España, creía ser una rana, intentaba montar los caballos de los tapices
porque los consideraba reales, recibía a diplomáticos completamente
desnudo –salvo por una camisa–, huía del sol porque pensaba que le
atacaba, tenía una vida sexual extravagante y no se cambiaba de ropa.
Murió –y vivió– completamente loco, pero no en una institución mental,
sino en el trono de España tras casi cincuenta años de reinado. Y es que
a los españoles les va la marcha, en todos los sentidos. No contentos
con soportar semejante esperpento, decidieron adornar su vida y
desvaríos, por lo que pasó a la historia como ‘el Animoso’ y como el rey
que reinó dos veces. Dos por falta de una. Tres siglos después, ni los Borbones han dejado de ser escandalosos; ni España ha dejado de ser sadomasoquista; ni la historia que se escribe en ella ha dejado de ser indulgente.
Hoy, Felipe VI, el último representante de la
escandalosa descendencia de Felipe V, continúa la tradición familiar de
escandalizar mientras los sirvientes de la Corte –desde intelectuales a
políticos, pasando por periodistas que trabajan en medios españoles– se
afanan en ignorar y edulcorar las vergüenzas del rey desnudo. Y es que
el último escándalo real deja al monarca desnudo como nunca, ya que aparece como beneficiario de una comisión de 100 millones de dólares
–unos 65 millones de euros– recibida por el rey emérito Juan Carlos,
según la investigación en curso y las revelaciones en medios
internacionales –The Telegraph–, tras la contratación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí.
Se trata de un escándalo que habría supuesto el cese del jefe de
Estado en cualquier país democrático, pero, sin embargo, en España solo
supone un capítulo más de una estirpe que, todavía hoy, goza de
inviolabilidad jurídica. Es decir, son, constitucionalmente y por
derecho, delincuentes irresponsables siempre que se les antoje. Y se les
antoja en demasiadas ocasiones. Lo que al final ha terminado por
suponer algo peor que otorgar patente a los corsos.
Se trata de un escándalo que habría supuesto el cese del jefe de
Estado en cualquier país democrático, pero, sin embargo, en España solo
supone un capítulo más de una estirpe que, todavía hoy, goza de
inviolabilidad jurídica
Porque no cabe duda que se comportan como piratas. Por ejemplo,
cuando, al comienzo de la pandemia en España, en marzo de 2020,
comenzaron a conocerse las irregularidades en la comisión de Juan Carlos I, al que se le supone una fortuna injustificable de unos 2.000 millones de euros –The New York Times–,
Felipe VI decidió hacer público un insólito comunicado, pues la Casa
Real acostumbra a dar la callada por respuesta a las continuas
revelaciones, acusaciones o escándalos de los monarcas o sus familiares.
El comunicado no solo no mejoró la situación, sino que la empeoró
ostensiblemente, pues, por un lado, aprovechó la terrible situación que
se vivía para evitar protestas y minimizar el impacto y, por otro lado, se erigió básicamente sobre un falaz argumento: la renuncia de Felipe VI a la herencia del rey emérito Juan Carlos.
Una renuncia legalmente inviable, pues no se puede renunciar a una
herencia futura, ya que lo prohíbe taxativamente el Código Civil
español. Además, el comunicado afirmaba que se retiraba la asignación
real al rey emérito. Una cuantiosa asignación –casi triplicaba el
salario del presidente del Gobierno–, por no hacer nada.
Hasta este escándalo, el corto reinado de Felipe VI, seis años, se
había visto crónicamente empañado por su manifiesta alineación con los
sectores más ultraderechistas en la inestable situación política en
España y por la inagotable sangría de vergüenzas de Juan Carlos. Sin
olvidar una chusca relación con Javier López Madrid, un empresario yerno
de un amigo íntimo de Juan Carlos, relacionado en asuntos turbios
–incluido un apuñalamiento a una doctora– e incluso en una supuesta
relación más que amigable con la reina Letizia. Lo que no es poco para
un lustro, pero nada comparable con protagonizar en primera persona un
escándalo de corrupción relacionado con comisiones y Arabia Saudí. Un escándalo que abre, por primera vez, una vía irresoluble de dudas en Felipe VI que bien pudiera terminar en naufragio.
Dudas, porque se sabe a día de hoy con certeza que Felipe VI supo, al
menos, hace más de un año que era beneficiario de dicha comisión, sin
que informara de ello a la ciudadanía o retirara la asignación real a su
padre. Es evidente que no era su voluntad y sería ser muy
condescendiente, cuando no ingenuo o estúpido, creer que, de no haberse
publicado el escándalo en medios internacionales, Felipe VI hubiera
tomado las medidas que ha tomado. Además, cualquier ciudadano perspicaz
podrá preguntarse si realmente fue nombrado beneficiario de dicha
comisión en 2008 sin su conocimiento, es decir, si sabía por primera vez
del asunto hace un año, o si es beneficiario en otras comisiones. Dudas
que también surgen sobre el conocimiento de las actividades delictivas y
corruptas de su padre, que son ‘presuntas’ por la ya mencionada
inviolabilidad medieval de los monarcas en España, lo que impide
investigarlas.
Quizás, después de más de trescientos años de reinado, ha llegado
el momento, al menos, de controlar política, social y judicialmente a
los monarcas españoles
La inviolabilidad mediática y política de la Monarquía llega a tal
extremo en España que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) no
pregunta por ella desde hace años. Y es que, desde el año 2014, el centro de estudios sociológicos español ha dejado de preguntar la opinión a los españoles
sobre la Monarquía. Lo cual, indudablemente, se debe a que los
resultados de la Monarquía en la encuesta de opinión que se realiza
periódicamente a los españoles ratificaron las alarmantes calificaciones
de los años precedentes –pasó de superar el 7 sobre 10 puntos en los
años noventa a bajar o rondar el 4 sobre 10 después de 2010–.
Así pues, de facto, la Monarquía española está descontrolada: ni
tiene control judicial ni tiene control social ni tampoco tiene control
político. Una prueba del descontrol político, lo encontramos a raíz de
la publicación del último escándalo, momento en el que varios partidos
políticos presentaron una solicitud para la investigación del rey
emérito, pero se encontraron con las dudas iniciales de Unidas Podemos,
que desde que forma parte del Gobierno vive en un mar de dudas, y la
tradicional oposición frontal del PSOE. Lo que vuelve a dejar, una vez
más, fuera de cualquier escrutinio y control la actuación de los monarcas españolas.
Actuación que ni siquiera puede ser reprobada por los parlamentos
existentes en el territorio español, porque el Tribunal Constitucional
prohibió la reprobación hecha por el Parlamento Catalán a Felipe VI.
Quizás, después de más de trescientos años de reinado, ha llegado el
momento, al menos, de controlar política, social y judicialmente a los
monarcas españoles, aunque sea para dejar de ensombrecer la Ilustración
que Felipe V croaba, Juan Carlos I borboneaba y, ahora, Felipe VI
escandaliza.
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