El 13 de julio de 2018, el grupo de Unidas Podemos en el
Congreso registraba una ‘Proposición de Ley integral de memoria
democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del
franquismo y la Transición’, que establecía que serán declaradas
ilegales las asociaciones y fundaciones que “públicamente humillen o
trivialicen los crímenes del franquismo y de la Transición” o que
“tengan por objeto realizar apología del franquismo, fascismo y nazismo,
en los términos establecidos en el artículo 510 del Código Penal”. Y el
pasado 31 de enero, el grupo del PSOE en el Congreso registraba otra
‘Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática’, uno de cuyos
objetivos es “declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que
públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia
contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su
condición de tales”. Ambas iniciativas fueron impulsadas para avanzar en el camino tímidamente iniciado por la Ley de Memoria Histórica de 2007,
que vino a “reconocer y ampliar los derechos” y a “establecen medidas a
favor” de “quienes padecieron persecución o violencia” durante la
Guerra Civil y el franquismo.
Las fuerzas del Gobierno de coalición confían en que esta iniciativa –con las enmiendas que pudiera integrar durante su tramitación– u otra conjunta salgan adelante antes de que termine esta legislatura y acaben con la anomalía histórica representada sobre todo por la Fundación Nacional Francisco Franco, aunque “también podrían verse afectadas otras fundaciones”, y citan las denominadas Blas Piñar, José Antonio Primo de Rivera, Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Pro-Infancia Queipo de Llano, Ramiro Ledesma Ramos, Serrano Suñer, Yagüe… Aunque para ello no bastaría con una nueva ley de memoria histórica, sino que también sería necesario modificar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y la Ley de Fundaciones, algo que la proposición no de ley del PSOE prevé que se lleve a cabo “en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor” de la propia nueva ley de memoria histórica.
La FNFF está presidida por el general Juan Chicharro, ex ayudante de campo de Juan Carlos I, y antes lo estuvo por Gonzalo Fernández de la Mora, exministro de Franco y uno de los siete prebostes franquistas que precisamente tras la muerte de Franco fundaron Alianza Popular, germen del actual PP, partido al que Chicharro ha acusado de olvidar que es “heredero directo” precisamente de Alianza Popular e incluso de “traición a España” por no defender abiertamente “el legado de Franco” y las posiciones de la propia fundación.
La FNFF constituye una anomalía histórica en la Europa posterior a 1945, donde la apología del nazi alemán Adolf Hitler o del fascista italiano Benito Mussolini y de sus respectivos regímenes no han tenido ni tienen cabida. “Esa apología no sería posible en Estados de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Alemania, que cuentan con leyes contra el negacionismo de diversos genocidios”, apuntan a este diario fuentes de Unidas Podemos. Si la apología de Hitler y Mussolini –los dos grandes aliados de Franco; tanto, que el nazismo y el fascismo posibilitaron la victoria del franquismo en la Guerra Civil– no tienen cabida en los Estados europeos, ¿por qué la apología de Franco ha tenido y sigue teniendo cabida en España? Que Hitler y Mussolini perdieran la II Guerra Mundial en 1945 y Franco muriera en la cama treinta años después ya no parece bastar como justificación. Y que lo hiciera dejando sucesor en la Jefatura del Estado, tampoco.
Hay otro punto que en Unidas Podemos no pasan por alto, y es que, 45 años después de la muerte de Franco, la FNFF se encarga aún de custodiar el denominado Archivo de Francisco Franco, que según la propia fundación contiene “unos 30.000 documentos que son clave para la historia de España”, pues “representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos” de Franco durante sus casi cuatro décadas como jefe del Estado; tanto, que según la FNFF permitiría “adentrarse en la realidad” de los gobiernos franquistas “con un detalle y una precisión inalcanzables” en otros Estados. “Los archivos que custodia esa fundación privada deberían formar parte de la red de archivos de la Administración General del Estado, y nuestro proyecto de ley así lo contemplaba”, destacan fuentes de Unidas Podemos, que recuerdan que la Ley de Patrimonio Histórico vigente “deja claro” que “quienes, por la función que desempeñen, tengan a su cargo” documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios “están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al archivo que corresponda”.
Las fuerzas del Gobierno de coalición confían en que esta iniciativa –con las enmiendas que pudiera integrar durante su tramitación– u otra conjunta salgan adelante antes de que termine esta legislatura y acaben con la anomalía histórica representada sobre todo por la Fundación Nacional Francisco Franco, aunque “también podrían verse afectadas otras fundaciones”, y citan las denominadas Blas Piñar, José Antonio Primo de Rivera, Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Pro-Infancia Queipo de Llano, Ramiro Ledesma Ramos, Serrano Suñer, Yagüe… Aunque para ello no bastaría con una nueva ley de memoria histórica, sino que también sería necesario modificar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y la Ley de Fundaciones, algo que la proposición no de ley del PSOE prevé que se lleve a cabo “en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor” de la propia nueva ley de memoria histórica.
La FNFF está presidida por el general Juan Chicharro, ex ayudante de campo de Juan Carlos I, y antes lo estuvo por Gonzalo Fernández de la Mora, exministro de Franco y uno de los siete prebostes franquistas que precisamente tras la muerte de Franco fundaron Alianza Popular, germen del actual PP, partido al que Chicharro ha acusado de olvidar que es “heredero directo” precisamente de Alianza Popular e incluso de “traición a España” por no defender abiertamente “el legado de Franco” y las posiciones de la propia fundación.
Una “institución cultural”
Como la propia Alianza Popular, la FNFF fue constituida en 1976 –apenas un año después de la muerte de Franco– y 44 años después reconoce en su propia web oficial que una de sus actividades es la “lucha contra” la Ley de Memoria Histórica de 2007, que considera “sectaria en su análisis de la España de Franco”. Y es que otra de las actividades de la FNFF es “poner de manifiesto la grandeza de la vida y obra de Francisco Franco y de la España que creó”. Y otra, la “gestión de las visitas al Pazo de Meirás” –residencia de verano de Franco y su familia–, que está “dirigida a exponer la vida y obra de Francisco Franco a los visitantes del Pazo” y que la fundación lleva a cabo “por expreso deseo de la duquesa de Franco”. Pese a todo ello, la FNFF dice ser sólo una “institución cultural, sin que su actividad u objetivos sean de adscripción política o partidista en modo alguno”.La FNFF constituye una anomalía histórica en la Europa posterior a 1945, donde la apología del nazi alemán Adolf Hitler o del fascista italiano Benito Mussolini y de sus respectivos regímenes no han tenido ni tienen cabida. “Esa apología no sería posible en Estados de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Alemania, que cuentan con leyes contra el negacionismo de diversos genocidios”, apuntan a este diario fuentes de Unidas Podemos. Si la apología de Hitler y Mussolini –los dos grandes aliados de Franco; tanto, que el nazismo y el fascismo posibilitaron la victoria del franquismo en la Guerra Civil– no tienen cabida en los Estados europeos, ¿por qué la apología de Franco ha tenido y sigue teniendo cabida en España? Que Hitler y Mussolini perdieran la II Guerra Mundial en 1945 y Franco muriera en la cama treinta años después ya no parece bastar como justificación. Y que lo hiciera dejando sucesor en la Jefatura del Estado, tampoco.
Hay otro punto que en Unidas Podemos no pasan por alto, y es que, 45 años después de la muerte de Franco, la FNFF se encarga aún de custodiar el denominado Archivo de Francisco Franco, que según la propia fundación contiene “unos 30.000 documentos que son clave para la historia de España”, pues “representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos” de Franco durante sus casi cuatro décadas como jefe del Estado; tanto, que según la FNFF permitiría “adentrarse en la realidad” de los gobiernos franquistas “con un detalle y una precisión inalcanzables” en otros Estados. “Los archivos que custodia esa fundación privada deberían formar parte de la red de archivos de la Administración General del Estado, y nuestro proyecto de ley así lo contemplaba”, destacan fuentes de Unidas Podemos, que recuerdan que la Ley de Patrimonio Histórico vigente “deja claro” que “quienes, por la función que desempeñen, tengan a su cargo” documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios “están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al archivo que corresponda”.
Fuente → laultimahora.es
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