El Pazo de Meirás: símbolo del expolio franquista
Rosa Torán | Javier Tébar
En agosto de 2015, unos turistas que recorrían Galicia se
encontraron cerradas las puertas del Pazo de Meirás, situado en el
municipio de Sada (La Coruña). La finca estaba ocupada por los herederos
de Carmen Polo de Franco, dado que seguían utilizándola como residencia
de verano tal como lo fue durante la dictadura del general Franco. Pero
aquel espacio había sido declarado Bien de Interés Cultural por la
Administración del Estado en 2008, estableciéndose la obligatoriedad de
permitir visitas cuatro domingos al mes. La actitud de la familia Franco era una muestra más de la oposición habitual
y de su reacción ante las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia
para restituir el pazo al patrimonio público. Esta postura no ha variado
con el paso de los años, a pesar de las sanciones que recayeron en el
año 2017 sobre sus ilegítimos propietarios. Desde entonces, el gobierno
autonómico mantuvo abierto un expediente sancionador por dichos
incumplimientos. En 2019 el parlamento autonómico presentó una demanda
contra los herederos de Franco para reclamar la devolución del Pazo,
causa en la que se personó la Xunta y los Ayuntamientos de A Coruña y
Sada, cuyo resultado se está dilucidando estos días ante la Audiencia
Provincial de A Coruña con la comparecencia de 17 testigos.
Entre todas aquellas antiguas donaciones que tuvieron lugar durante
la dictadura y que pudiera haber todavía en el país a día de hoy, sobresale la del Pazo de Meirás por ser ilegal y fraudulenta. En consecuencia, debería ser devuelta al patrimonio público según el
alegato de la Abogacía del Estado. Sin embargo, la denuncia ha sido
contestada por los herederos que defienden que esta finca no fue
regalada con fines institucionales, sino como disfrute personal. Es ante
tamaña discordancia cuando se ha producido el largo recorrido en los
juzgados de A Coruña, ya que la vista previa del pasado mes de enero de
2020 se cerró sin acuerdo.
Veamos el método de apropiación del aludido Pazo de Meirás, actualmente en venta por 8 millones de euros.
El pazo fue propiedad de los herederos de la escritora Emilia Pardo
Bazán, pero las nuevas autoridades de la Galicia ocupada por los
rebeldes en 1938 ofrecieron al que consideraban como nuevo “jefe de
estado” las edificaciones, con el mobiliario y el legado de la
escritora, y unas 3 hectáreas de terreno, para que lo disfrutara como
lugar de veraneo. Al mismo tiempo, era rehabilitado y acondicionado con
aportaciones de prohombres locales, donativos forzados de los
funcionarios y con el porcentaje de un 5% de las contribuciones de los
ayuntamientos. A esto cabe añadir el expolio de dos esculturas del siglo
XII del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, obra del
maestro Mateo, para el goce particular de la familia Franco-Polo. Se
abrieron, además, las puertas a la especulación con las expropiaciones forzosas,
que acabaron por doblar la superficie de la propiedad, mientras caían
en saco roto las reclamaciones de los herederos de Pardo Bazán, frente a
los afanes de agradecimiento de las autoridades locales hacia el
Caudillo que sabría gratificar aquellas muestras de acatamiento y
generosidad.
Así las cosas, el Pazo de Meirás, con su silueta de castillo fortificado, es un símbolo excelso de poder autoritario y de impunidad de las expoliaciones,
a la manera de proceder de los monarcas absolutos sobre sus súbditos.
Baste como ejemplo de poder omnímodo y perdurable que, tras la muerte de
Franco, su viuda Carmen Polo recibió de Juan Carlos I el título de
Señora de Meirás y que no fue hasta 1984 que el municipio El Ferrol del
Caudillo, lugar de nacimiento de Franco, volvió a tener su nombre
original, sin el epíteto al dictador. Aquella denominación de la ciudad
databa del año 1938, en plena guerra, cuando se tomó la decisión a
instancias de su cuñado Ramón Serrano Suñer, entonces Ministro del
Interior.
El carácter autoritario y totalitario del Régimen, con el control de
todos los resortes de la actividad privada y pública y sin libertad de
expresión permitió una expoliación de enorme magnitud.
Todo ello, sin ningún signo de moralidad y con consecuencias de largo
alcance que conectan con cierta perpetuación vinculada a esquemas
mentales propios de la impunidad actual y de las prácticas de corrupción
organizada que ha venido padeciendo nuestro país.
En esta historia sobresale lo que se dio en denominar el “Clan del Pardo”, un triángulo formado por el general Franco, Carmen Polo y el yerno de
ambos, Cristóbal Martínez Bordiu. Este grupo se convirtió en un firme
holding empresarial, originado al hilo de las prácticas corruptas que
envolvieron a la dictadura desde su misma instauración en Burgos y que
se prolongó hasta más allá de su final. El enriquecimiento fue imparable
y exponente de una gran codicia y signos de emulación al estilo de una
vida cortesana, con costosos regalos y gastos. La afición por las joyas
de Carmen Polo fue heredada por su hija Carmen, descubierta en la aduana
española en 1978 camino de Suiza con 31 medallas de oro y brillantes,
fraude que justificó por su intención de encargar un reloj en el país
helvético.
Después de intensos preparativos, en 1950 Nenuca, el sobrenombre con
que se conocía a la hija de Franco, había contraído matrimonio con
Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, al que pronto las
voces populares le dieron los calificativos de Yernísimo, Marqués de
Vayavida, por sus conocidas juergas en los círculos de la alta sociedad,
y también Marqués de Vespaverde, en alusión a su licencia para importar
en exclusiva las conocidas vespas italianas. Por su enlace matrimonial,
Martínez Bordiú se convirtió en un conocido cirujano, llegando a
ostentar ocho altos cargos médicos. A pesar de ello, se mostró incluso
más proclive a integrarse en el mundo de los negocios, con participación en los consejos de administración de 17 empresas.
La entrada de Martínez Bordiú en la familia Franco-Polo significó un cambio de orientación en la gestión de los negocios familiares,
acorde con los nuevos requisitos aparejados al paso de la Autarquía de
posguerra al Desarrollismo de los años sesenta. El grupo empresarial
había reorientado la actividad económica a partir de 1950, con
inversiones en deuda pública, obligaciones privadas, acciones de Campsa,
Iberduero, Banco de Bilbao, Duro Felguera, etc. No faltó la implicación
en ventas de productos específicos, como el de las pieles de astracán a
finales de la siguiente década o la participación en una de las
empresas que construía en diferentes lugares de la geografía española
pantanos, emblema de la propaganda del régimen reiterada en NO-DO, el
noticiario semanal de proyección obligatoria en todos los cines del
país.
El clan de los Franco engrosó su patrimonio con fincas y sociedades a través de testaferros y los consecuentes entramados de evasión fiscal hacia Suiza y otros paraísos fiscales. Todos
ellos se implicaron en los negocios vinculados al pelotazo urbanístico,
encontrándose en la tesitura de rentabilizar el patrimonio con
sucesivas ventas y adquisición de apartamentos, parkings, chalets, etc.
en Madrid y la Costa del Sol. También gozaron de unas 22
propiedades repartidas a lo largo del país y de otros lugares como
Filipinas y Miami, sostenidas a través de medio centenar de sociedades,
la mayoría de ellas ubicadas en el edificio de la madrileña calle de
los Hermanos Bécquer que fue adquirido en 1945 por 4,2 millones de
pesetas, siendo lugar de residencia de la viuda del dictador hasta su
muerte. Todo ello sin contar el monto de los numerosos regalos recibidos
durante las recepciones de dignatarios extranjeros o nacionales y nunca
esclarecidos, o aquellos llegados directamente de mandatarios políticos
o empresarios, desde cigarros puros, vinos, limusinas, relojes, etc. Se
calcula que a la muerte del dictador su patrimonio alcanzaba los mil
millones de pesetas y esta jugosa realidad explica, en buena parte, las
cartas jugadas por el clan en las postrimerías de la vida de Franco para
intentar asegurar la continuidad del Régimen.
El bajo rendimiento económico de los negocios de los Franco en las postrimerías de la dictadura fue el inicio de una nueva reorientación de la mano del clan familiar,
en el sentido de recalificar sus terrenos en edificables. Como sucedió
con la finca de Valdefuentes, con un largo recorrido hasta llegar a su
desenlace en la década de los ochenta, no sin antes haberla alquilado
como plató cinematográfico de películas de terror y pornográficas;
además de haber sido, de manera irónica, escenario del film de Luís
García Berlanga La escopeta nacional, una ácida crítica del
mundo empresarial y político franquista. De nuevo, en medio de las
protestas de los grupos ecologistas del Parque del Guadarrama, en 1986, y
contando con la implicación de políticos vinculados al Partido Popular,
la familia del dictador se vio favorecida por la construcción en los
terrenos de Valdefuentes de 2.700 viviendas, un gran centro comercial y
tres polígonos industriales.
El favorecer que “todo el mundo esté en el ajo”, como dejó escrito en
sus memorias Dionisio Ridruejo, inicial disidente que ya estaba por
entonces situado en el campo de la oposición democrática a la dictadura, nos hablaba de la dinámica de intercambio de favores y redes de corrupción creadas durante la larga etapa franquista. Uno
de los empresarios triunfadores inmerso en ese entramado fue Pedro
Barrié de la Maza, conde de Fenosa desde 1955, cuyo título nobiliario le
fue concedido por Franco en gratitud por su papel en el desarrollo del
sector energético, Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A., director del
Banco Pastor, presidente de ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste),
Gas Madrid y otras muchas empresas. Pues bien, Barrié fue el promotor
de la subscripción para regalar el Pazo de Meirás a Franco, auxiliado
por el gobernador civil de A Coruña. Aquella fue una “generosa” donación
a la cual todavía añadió, en el año 1962, el regalo del Palacio de
Cornide, en pleno centro de A Coruña, a Carmen Polo para su recreo en la
capital gallega. Su implicación en la eliminación de rivales
empresariales desde el triunfo del golpe de estado en Galicia y su
incondicional adhesión a Franco habían significado la subida del primer
tramo de la escalera que llevó a Barrié de la Maza a la cima y a su
reconocimiento público con numerosas condecoraciones.
En la actualidad algunas de las familias más ricas y prominentes de España hunden sus raíces en la dictadura. Redes
de poder y grandes imperios que han mantenido sus privilegios, con
caras nuevas y apellidos viejos, y que se han convertido en algunas de
las principales empresas que marcan el índice bursátil de referencia,
conocido como IBEX 35, para referirse a las empresas con mayor valor de
cotización en Bolsa, es decir, en el mercado de valores español.
En Chile algunos de los seguidores del dictador Augusto Pinochet
dejaron de defenderlo cuando descubrieron el latrocinio cometido durante
su mandato. Sin embargo, en España el robo y expolio cometido por
Franco y su familia a lo largo de la dictadura y en años posteriores todavía hoy es un tema ignorado. No ha sido hasta después de la muerte de la hija de Franco, Carmen Franco Polo, en 2017, cuando han empezado a desvelarse las irregularidades e inmoralidades llevadas a cabo desde los años de la sublevación y guerra, de dictadura y hasta la actualidad.
A pesar de los vacíos documentales, debidos a destrucciones
voluntarias, recientes estudios de periodistas e historiadores, como
Mariano Sánchez Soler, Javier Otero Bada con sus numerosos reportajes, y
los historiadores Dennis Smyth y Ángel Viñas Martín han aportado
informaciones sustanciales e interpretaciones rigurosas sobre los
negocios de Franco y sus allegados.
Hoy el Pazo de Meirás es un símbolo del expolio franquista, sin duda, pero sólo constituye una parte de un “botín de guerra”
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Rosa Torán y Javier Tébar son historiadores
Fuente → infolibre.es
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