Acuerdo total entre PSOE y Unidas Podemos para llegar hasta el final y borrar el legado del dictador
El Gobierno ultima la ley de memoria histórica para ilegalizar la Fundación Franco / José Antequera:
La pandemia no va a detener el ambicioso programa de
reformas en derechos civiles que prepara el Gobierno de coalición. Tras la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos, ahora toca dar una vuelta de tuerca y
homologar la legislación de nuestro país para equipararla a la del resto de los
países europeos, sobre todo Alemania
e Italia, los que al igual que España sufrieron la lacra de los
fascismos del siglo XX con mayor crudeza. Sin reparación moral y material de
las víctimas, y sobre todo sin declarar inconstitucionales las numerosas
asociaciones que ensalzan y homenajean a los jerarcas de la dictadura, no se
habrá hecho justicia. Y en esas están ahora Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias.
Fuentes de Moncloa
señalan que el Gobierno está ultimando la nueva versión de la Ley de Memoria Histórica, fundamental
para seguir avanzando en la superación del franquismo. Por descontado, el
objetivo principal es prohibir la Fundación
Franco, una maquinaria de propaganda nazi cuya labor de glorificación de la
obra del dictador no puede ser tolerada por ninguna democracia, tampoco la
española. Han sido demasiados años de tolerancias, de vanas justificaciones, de
revisionismo histórico a mayor gloria del tirano, sin que la Justicia haya movido un solo dedo para ilegalizar
este lobby fascista. ¿Dónde estaba la
Fiscalía General del Estado cuando
la Fundación lanzaba sus artículos blanqueadores del Régimen? Persiguiendo a raperos y titiriteros por sus absurdos
mensajes en Twitter. El Gobierno ha
dicho hasta aquí hemos llegado.
Pero hay más, mucho más por hacer. La devolución del Pazo de Meirás, residencia de verano de
la familia Franco, a los vecinos del municipio como verdaderos propietarios es
otro asunto que el Ejecutivo Sánchez no quiere aparcar por más tiempo. “Auditaremos
los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos
titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio
público”, dejó por escrito el acuerdo de coalición PSOE/Unidas Podemos. Sin duda, la batalla terminará en los
tribunales, ya que la familia dice disponer de una escritura pública que
contempla que ese bien es de su propiedad después de que Franco comprara el pazo
en 1941 por 85.000 pesetas.
La retirada de títulos nobiliarios a los nietos del
Caudillo está también en el borrador, así como declarar fuera de la ley a las
organizaciones y fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o a
la violencia contras las víctimas de la Guerra
Civil y el franquismo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dado cuenta en las últimas horas de la hoja de
ruta de un proyecto de ley que era una asignatura pendiente de nuestro país
tras 40 años de democracia. Será precisamente en julio, un mes fetiche para los
nostálgicos del Régimen por lo que tiene para ellos de recuerdo del alzamiento
nacional, cuando arranquen los primeros trámites legislativos.
Pedro Sánchez cree que la crisis del covid-19 ya está controlada, de manera que es un buen momento para
empezar a retomar los asuntos que quedaron aparcados en marzo, cuando fue declarado
el estado de alarma. Por supuesto,
cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias, ya que existe consenso en ese punto en
el seno del Gobierno de coalición. Es evidente que la Ley de Memoria Histórica promulgada
por Zapatero ha quedado a medio
cumplir. Ni siquiera se han terminado de retirar todas las placas en honor a los
genocidas franquistas de las calles de nuestras ciudades y pueblos. Una de las
novedades que ya han trascendido será la declaración del día 31 de octubre (fecha
de aprobación de la Constitución
Española y de entrada en vigor de la primera ley de memoria del Gobierno
socialista) como jornada de recuerdo para las víctimas del franquismo.
La nueva legislación tendrá una misión fundamental y prioritaria:
borrar el legado de Franco. Lo cual servirá para que más de uno, sobre todo
entre los diputados de Vox, se vean
obligados a retratarse y a dejar de aparentar un supuesto constitucionalismo y un
perfil democrático que no tienen para definirse como lo que son en realidad. A Santiago Abascal le encanta jugar a la
ambigüedad. Mientras concede entrevistas para maquillarse políticamente y decir
que no se siente fascista, su partido vota en contra de la retirada de las
condecoraciones al policía torturador Billy
el Niño. Y mientras convoca manifestaciones en defensa de la Constitución,
se permite el lujo de despreciar la ley de igualdad que garantiza los derechos
entre hombres y mujeres. En Vox son muchos los nostálgicos a los que se les
enternece el alma y se les saltan las lágrimas cuando oyen hablar de las
hazañas y fechorías del dictador. Ahora ha llegado el momento de pronunciarse y
decir lo que son sin tapujos ni dobles lengujes. Ha llegado la hora de votar a
favor o en contra de una ley, la de reforma de la memoria histórica, que irá
más allá aún en el intento de hacer justicia con las víctimas y de poner el
franquismo en el lugar que le corresponde, que no es otro que en el basurero de
la historia.
El argumento principal que esgrimirá el Gobierno para
ilegalizar la Fundación Franco será el de la incitación al odio y a la
violencia contra las víctimas del franquismo. En la nueva ley se contempla
también el endurecimiento de las sanciones por apología y exaltación, según
publica el diario La Información.
Este medio avanza que el Gobierno también está estudiando sanciones económicas
ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar
el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entraría todo tipo de
situaciones, como la exhibición de banderas o los lemas a favor de lo que
representó Franco en nuestro país. “Esto quiere decir que los tradicionales
actos del 20 de noviembre
coincidiendo con el aniversario del dictador serían prohibidos y podría abrirse
expediente sancionador. Del mismo modo, en una Proposición de Ley presentada el
pasado mes de enero por el Grupo Socialista se puede leer que los locales donde
se realicen este tipo de actos podrán ser clausurados. Fuentes socialistas
apuntan que esa iniciativa será el armazón de esta nueva ley que se pretende
negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso a la vuelta del verano”.
Fuente → diario16.com
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