El Franquismo

El Franquismo
Eduardo Montagut Contreras
Doctor en Historia Moderna y Contemporánea.

En los primeros años del franquismo se fue definiendo el sistema institucional del nuevo Estado español. En este artículo no pretendemos abordar el debate sobre la naturaleza del franquismo, si fue un régimen autoritario o totalitario. Nos vamos a centrar en el aparato legislativo que se estableció.

Franco definió a la democracia como una “partitocracia”, una especie de gobierno de partidos que en lugar de unir a los españoles los enfrentaba. Por ello suprimió todos los partidos de izquierdas o nacionalistas, pero también los de derecha. Prohibió, además que se llamase partido a la FET y de las JONS, que pasó a ser el Movimiento Nacional. La profunda aversión hacia la democracia y el liberalismo hizo que Franco renunciara al establecimiento de una constitución, aunque fuera de signo autoritario. En su lugar, se fueron publicando una serie de leyes que se definieron como fundamentales y en las que se definió al nuevo Estado bajo principios antidemocráticos. La primera ley sería previa al término de la guerra, el Fuero del Trabajo (1938), y de clara inspiración fascista italiana.

En los años cuarenta se promulgaron cuatro leyes fundamentales. La primera de ellas fue la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que definía una cámara elegida por Franco y por sufragio indirecto de una serie de corporaciones: sindicatos, familias y municipios. Su función era la de refrendar las leyes presentadas por Franco y su gobierno. No tenía iniciativa legal ni controlaba al dictador. Este sistema se denominó “democracia orgánica”, frente a la democracia liberal clásica.

En 1945 se promulgó el Fuero de los españoles. Se estableció al terminar la Segunda Guerra Mundial para intentar demostrar al mundo que España no tenía un estado totalitario fascista. Así pues, esta ley fundamental sería una especie de declaración de derechos y deberes, aunque sin ninguna garantía constitucional.

La Ley del Referéndum Nacional es también de 1945. En el mismo contexto anterior se intentaba dar una cierta apariencia democrática al régimen, al otorgarse a los españoles el derecho al voto, que podría ejercerse sobre determinados asuntos de estado. Cuando hubo consultas no se permitió nunca la propaganda política contraria a lo que se sometía al voto de los españoles, es decir, nunca hubo verdaderas garantías democráticas.

Por fin, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado es de 1946. Ante la ofensiva diplomática y política de Juan de Borbón y los monárquicos sobre la necesidad de que el régimen dejara paso a una restauración monárquica, Franco reaccionó con esta ley que le permitía nombrar a su sucesor. Tardaría más de veinte años en decidir cuál sería.

El franquismo y el mundo: aislamiento y reconocimiento

El estallido de la Segunda Guerra Mundial a los pocos meses de terminar la Guerra Civil condicionó la política internacional de España y la definición ideológica del nuevo régimen en sus primeros años. La evolución de la guerra obligó a Franco a revisar sus planteamientos iniciales, claramente filonazis y fascistas, para adoptar posturas más proclives al bando aliado. Esta adaptación oportunista fue clave en el afianzamiento de Franco en el poder.

En 1939, la España franquista mantenía estrechas relaciones con las potencias del Eje –Alemania e Italia-, por los apoyos recibidos y fundamentales para conseguir la victoria en la Guerra Civil. Aún así, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Franco optó por cierta prudencia, a pesar de la clara colaboración con los alemanes. Ante las arrolladoras campañas de la primera mitad del año 1940, Franco estableció la no beligerancia, una fórmula que, aunque no metía a España en la guerra, era claramente favorable a la causa de Alemania. Quedaba abierta la posibilidad de intervenir en un futuro más o menos inmediato. Franco deseaba hacerse con un imperio norteafricano, pero sus exigencias eran excesivas para Hitler porque chocaban con los intereses de la Francia de Vichy, el régimen colaboracionista establecido en el centro-sur del país vecino. Esta falta de acuerdo se puso de manifiesto en la famosa reunión de Hendaya. En todo caso, España facilitó el trabajo de los espías nazis, aprovisionó a los barcos alemanes y exportó productos básicos para la guerra: wolframio, hierro y piritas. El punto de máxima colaboración se dio con la creación de la División Azul, en junio de 1941, para luchar al lado del ejército alemán en el frente ruso.

Pero a medida que la guerra evolucionaba en contra de Alemania, Franco se acomodó a la nueva situación: apartó al todopoderoso ministro Serrano Suñer, pro nazi, por un ministro de Exteriores aliadófilo, volviendo a la neutralidad, y retirando la División Azul.

Al terminar la guerra mundial, España quedó aislada por su colaboración con las potencias derrotadas. La ONU no permitió que entrara en la organización internacional y se acordó el cierre de fronteras, la retirada de embajadores y la exclusión de España del Plan Marshall. Esta situación de aislamiento fue el hecho que más amenazó la estabilidad del régimen franquista en toda su dilatada historia. Franco decidió borrar los signos fascistas del régimen, hizo cambios legislativos, estableció la llamada “democracia orgánica” e impulsó a la familia política de los católicos frente a los falangistas.

Las fuerzas del exilio presionaban para que los aliados derribasen a Franco pero éste optó por resistir, por buscar el baño de multitudes de apoyo, por intensificar la represión y por presentar el boicot internacional como un plan encabezado por la URSS.

Pero la situación internacional en la segunda mitad de la década de los cuarenta terminó por ser favorable para Franco. Era el momento del inicio de la guerra fría en dos bloques, y Franco se presentó como un adalid y pionero de la lucha contra los comunistas. Los sectores más conservadores y anticomunistas de Estados Unidos y de las potencias occidentales europeas comenzaron a considerar a Franco como un potencial aliado, por lo que, en vez de fomentar cambios políticos en España que podían derivar en conflictos, se optó por permitir que siguiera en el poder. Por otro lado, España estaba situada en una situación estratégica en el Mediterráneo occidental que convenía tener controlada. En este contexto comenzaron en 1951 las conversaciones entre EEUU y España para la firma de un tratado bilateral. En 1953, un nuevo acuerdo permitía el establecimiento de bases norteamericanas en Morón, Rota, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. A cambio, Estados Unidos enviaría ayuda económica, alimenticia y militar a España. Además, Estados Unidos consiguió que España fuera ingresando en diversos organismos internacionales: UNESCO, ONU y FMI. El resultado fue el afianzamiento de Franco en el poder. El siguiente paso fue la firma del Concordato con la Santa Sede en 1953, que terminó por rehabilitar a España en el contexto internacional y consagró el poder de la Iglesia en España: unidad religiosa, dotación económica, enseñanza, etcétera.

Pero no todos fueron éxitos internacionales. Los miembros del Mercado Común, surgido por el Tratado de Roma de 1957, no permitieron nunca que España ingresase en el mismo por no ser un país democrático, aunque se establecieron importantes acuerdos comerciales. Las fronteras se hicieron más permeables, permitiendo el flujo de emigrantes españoles y turistas europeos. Tampoco pudo ingresar en el Consejo de Europa.

Los apoyos sociales del franquismo

Ninguna dictadura pervive solamente con el recurso de la represión y del temor. Las dictaduras siempre tienen apoyos sociales. En este apartado estudiamos esta cuestión en el caso del franquismo, y que supone un aspecto fundamental para entender la estabilidad del régimen, y el posterior franquismo sociológico.

El franquismo gozó desde sus inicios del apoyo de determinados sectores sociales, ya fuera por su identificación con la defensa de los valores tradicionales de la sociedad, ya por la autoridad desplegada y restablecimiento del orden público. Entre ellos, destacarían los pequeños y medianos propietarios rurales, las clases medias urbanas, la oligarquía capitalista y empresarial, el Ejército y la Iglesia.

La mentalidad tradicional, defensora de la familia según lo establecido por la Iglesia, la propiedad privada y la religión, se concentraba en el medio rural, y más propiamente en la España rural situada al norte del Tajo donde predominaba el pequeño y medio propietario, y donde triunfó con facilidad la sublevación. Las clases medias de las pequeñas y medianas ciudades españolas participaban, en gran medida, de esta mentalidad, además de incidir más en las cuestiones de orden público.

La oligarquía económica tuvo siempre muy claro dónde estaban sus simpatías ideológicas. Necesitaban un poder fuerte con sus mecanismos de control social para eliminar cualquier tipo de conflictividad laboral.

El Ejército y la Iglesia constituyeron dos instituciones básicas del nuevo régimen. Su poder e influencia impregnaron todos los aspectos de la vida política, social y cultural de España. Los militares, además, ocuparon siempre cargos importantes, incluidos ministerios en los distintos gobiernos.

El clero vio en el franquismo la protección frente al anticlericalismo. La Iglesia recibió todo tipo de apoyos, ayudas, prebendas y el control de la enseñanza. El Estado fue declarado oficialmente católico. El régimen asumió la defensa de la religión y el mantenimiento de la Iglesia como asunto prioritario. El clero agradeció estos privilegios con una permanente propaganda a favor del régimen, que puede ser definido como nacionalcatólico.

Las familias políticas del franquismo

Los grupos políticos que apoyaron la sublevación militar de 1936 componían un abanico ideológico amplio, aunque siempre en la derecha política. Su alianza estaba basada más en su rechazo a la República y todo lo que ella conllevaba, como el laicismo, libertades, democracia, partidos políticos, autonomías, reforma agraria, etc…, que en aspectos comunes, aunque los tuvieran.

Los elementos que unían a todos los grupos, de profundo carácter conservador, fueron los siguientes: la confesionalidad católica del Estado, la implantación de un poder nacionalista español fuerte y centralizado, sustentado en los principios de unidad de España, autoridad y jerarquía, y la imposición de un orden social rígido, basado en la defensa de la familia y de la propiedad privada.

En primer lugar, estarían los monárquicos, divididos en dos grandes grupos ideológicos: los carlistas o tradicionalistas y los juanistas. Los primeros, cuya organización había quedado integrada en el partido único creado en la guerra, la FET y de las JONS, seguían manteniendo sus señas de identidad. Aunque colaboraron con el franquismo, algunos sectores terminaron por alejarse, en cierta medida, del régimen. Estos últimos ha sido definidos alguna vez como los perdedores de los vencedores. Los juanistas eran los partidarios de la restauración en el trono del heredero de Alfonso XIII, su hijo Juan de Borbón. Tanto unos y otros aspiraban al restablecimiento de una monarquía católica y autoritaria, pero con algunas diferencias. Los carlistas carecían de un candidato claro e incidían más en la tradición de los fueros. Los juanistas optaban por la línea dinástica reinante en España y rechazaban autonomías y fueros locales. En los años cuarenta Juan de Borbón optó por buscar el restablecimiento de la Monarquía pero ya parlamentaria, lo que provocó su distanciamiento de Franco.

El número e influencia de los falangistas había crecido vertiginosamente durante la guerra. Sus planteamientos estaban muy cerca del fascismo, pero la muerte de José Antonio Primo de Rivera, su fundador y principal teórico, y su posterior fusión con los carlistas (tradicionalistas) en un partido único -FET y de las JONS- bajo la inmediata autoridad de Franco, les hicieron perder parte de sus señas de identidad en aras de la sumisión total al dictador. En todo caso, siguieron aspirando a la creación de un régimen totalitario controlado por un partido único, el Movimiento Nacional, nombre con que el régimen denominaba la Falange para evitar la utilización del término partido. En los primeros años del franquismo la Falange logró una gran influencia en la sociedad. Era debido a su implantación social en la guerra y porque era el único grupo que disponía de un discurso ideológico preparado para llegar a las masas. Controlaban la propaganda –prensa y radio- y la organización sindical, defendiendo el nacionalsindicalismo. Con la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, Franco se fue distanciando de los planteamientos totalitarios de los falangistas. Aunque éstos siguieron ocupando puestos importantes en el régimen, fueron perdiendo poder y fuerza frente a los católicos, que proporcionaban mejor imagen exterior.

Los católicos no pertenecían a ninguna corriente o partido político concreto, aunque muchos habían militado en la CEDA, pero estaban inscritos en alguna de las dos organizaciones católicas: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. La primera se había fundado en 1909 con el fin de difundir el pensamiento católico y combatir el anticlericalismo. Su órgano de prensa fue “El Debate”, sustituido en época de Franco por el diario “Ya”. Uno de sus principales frentes de actuación era la defensa de la enseñanza católica. Con el franquismo colaboraron activamente en todos los gobiernos.

El Opus Dei se creó en Madrid en 1928 por Escrivá de Balaguer, aunque su fundador y la dirección del mismo pasarían a estar en Roma. A partir de los años cincuenta se expandió por muchos países. Su objetivo era la santificación personal de sus miembros, quienes debían poner especial interés en aplicar los valores cristianos en el trabajo. En la España franquista el Opus Dei alcanzó un gran poder, precisamente por su expansión y por la alta cualificación profesional de sus miembros. A finales de los años cincuenta y en los sesenta figuras destacadas de la Obra alcanzaron altas responsabilidades en el régimen, los conocidos como los tecnócratas, por su labor dentro del régimen más orientada hacia la eficiencia técnica y administrativa que a cuestiones ideológicas, más propias de los falangistas.

La autarquía franquista

Por autarquía se entiende la política de un Estado que pretende bastarse con sus propios recursos, evitando en la medida de lo posible las importaciones de productos de otros países. La política económica seguida por el franquismo desde el final de la Guerra Civil hasta mediados de la década de los cincuenta constituye uno de los ejemplos más notorios de lo que es una autarquía. Esta etapa debe ser entendida por un conjunto de factores o circunstancias tanto internas como externas, además de por la adopción de un determinado posicionamiento ideológico y político, sin olvidar las condiciones materiales de la época.

La autarquía significó el aislamiento de España en relación con el mercado internacional y una opción por el autoabastecimiento. La Segunda Guerra Mundial supuso, evidentemente, un serio problema para la articulación del mercado internacional y España, lógicamente, se vio afectada, y más por la situación de posguerra que padecía. Al terminar la Segunda Guerra Mundial ese factor externo se transformó en una política de sanciones políticas, diplomáticas y económicas hacia el régimen franquista por su evidente colaboración con la Alemania nazi.

La política autárquica se convirtió en una alternativa a esta situación. Con su adopción se pretendía conseguir abastecer el mercado nacional con la producción nacional. En la formulación de esta política hay que tener en cuenta también el posicionamiento ultranacionalista y fascista del primer franquismo.

La política autárquica fue un completo fracaso porque prolongó y agudizó la escasez y carestía que gran parte del país había sufrido en la guerra civil. En 1950 el índice de consumo de carne por habitante era el 50% del que se había alcanzado veinte años antes. Además, muchos alimentos fueron sustituidos por sucedáneos. Otra de las consecuencias de esta política fue el altísimo grado de corrupción y de especulación que se generó. La miseria, la carestía y la burocratización del abastecimiento fueron el caldo de cultivo del mercado negro y del estraperlo. Sin lugar a dudas, la naturaleza de esta corrupción fue de las más terribles que ha padecido nuestro país en la época contemporánea porque tuvo que ver con las penurias de la inmensa mayoría de la población. El racionamiento era a todas luces insuficiente para la supervivencia y el recurso al mercado negro se convirtió en una necesidad para la mayoría de las familias españolas. El franquismo sociológico y político empleó desde la época de la Transición el mito del desarrollo económico de los años sesenta para ocultar esta corrupción y la miseria que se padeció durante casi las dos décadas anteriores.

La política exterior franquista en los años sesenta

En este punto abordamos la política internacional desde la visita de Eisenhower en los últimos días del año 1959 hasta finales de los años sesenta.

Desde los últimos años de la década de los cincuenta, el régimen franquista emprendió una intensa labor diplomática para intentar ingresar en las principales organizaciones internacionales, después de haber conseguido hacerlo en la ONU. Se pretendió entrar en la OTAN, el Consejo de Europa y en el Mercado Común. No lo consiguió en ninguna de las tres por la naturaleza política del régimen. Aún así, las iniciativas diplomáticas sí obtuvieron un cierto protagonismo internacional español si lo comparamos con el ostracismo anterior.

En primer lugar, hay que destacar la visita oficial del presidente Eisenhower en diciembre de 1959, que Franco aprovechó como propaganda de su persona y del régimen. España solicitó el ingreso en el Mercado Común en 1962. No lo consiguió pero sí la firma de un Acuerdo Preferencial en 1970, mediante el cual cada una de las partes concedía a la otra ciertos privilegios y ventajas comerciales. España intentó recuperar Gibraltar, símbolo de orgullo nacional y un viejo anhelo franquista. España y el Reino Unido, a instancias de la ONU, mantuvieron conversaciones sin llegar a acuerdo alguno. En 1967, Londres convocó un referéndum en Gibraltar, en contra de la opinión de España y de la propia ONU. La población gibraltareña se manifestó claramente partidaria de seguir estando bajo la soberanía británica. España reaccionó aislando Gibraltar con el cierre total de la frontera en 1969, que no se volvió a abrir hasta 1982, ya en democracia.

Por otro lado, se reconocieron las independencias de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Estos reconocimientos se enmarcaron en el proceso de descolonización de África impulsado por la ONU. En 1956, y siguiendo el ejemplo francés, España concedió la independencia de su protectorado marroquí (en el norte). En 1963 se otorgó la autonomía a Guinea y cinco años después, la independencia.

Pero más complejas fueron las cuestiones del Sidi-Ifni y del Sahara. En Sidi-Ifni hubo una corta guerra. Posteriormente, en 1969 fue cedido a Marruecos que venía reclamando desde su independencia. Pero la reclamación sobre el Sahara no fue atendida, ya que los recién descubiertos yacimientos de fosfatos despertaron un renovado interés por la zona. Además de Marruecos, Mauritania y Argelia reclamaban el territorio.