Amnistía Internacional presenta más de 100.000 firmas en el Congreso para solicitar la reforma de la Ley Mordaza
Amnistía Internacional ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados más de 142.000 firmas solicitando la reforma de la Ley Mordaza. Además, ha planteado una agenda parlamentaria a los diferentes grupos políticos para conseguir apoyos con el objetivo de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Como señala la organización a través de un comunicado público, “la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el presidente y vicepresidente actuales, se han mostrado favorables públicamente en el pasado a reformar esta Ley, pero es una promesa postergada. El Acuerdo de gobierno de coalición progresista alcanzado en diciembre de 2019 incluía también el compromiso de aprobar una nueva Ley que sustituyera a la Ley de Seguridad Ciudadana vigente para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, entre otros”.
Añaden, además, que “varios relatores de Naciones Unidas, así como la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también han mostrado su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana”.
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La organización sigue recogiendo firmas de apoyo a través de este enlace: es.amnesty.org
Durante los cinco años de aplicación de esta ley que, precisamente se cumplen hoy, la Ley Mordaza se ha utilizado contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas que han sido objeto de numerosas sanciones. Esto tiene el efecto de desmovilizar a buena parte de ellas, según explica Amnistía Internacional España. Además, es una ley que se ha aplicado también contra periodistas cuando se encontraban realizando su trabajo.
El 70% de las sanciones impuestas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana (entre 2013-2018) se refieren a dos artículos: el 36.6 que refleja la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, imponiendo sanciones de hasta 36.000 euros. Este artículo se ha aplicado en contextos como manifestaciones pacíficas, o a personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, o información.
El segundo artículo más aplicado ha sido el 37.4, que refleja sanciones por “faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” y otorga gran discrecionalidad a los agentes del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración, según Amnistía.
Amnistía Internacional ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados más de 142.000 firmas solicitando la reforma de la Ley Mordaza. Además, ha planteado una agenda parlamentaria a los diferentes grupos políticos para conseguir apoyos con el objetivo de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Como señala la organización a través de un comunicado público, “la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el presidente y vicepresidente actuales, se han mostrado favorables públicamente en el pasado a reformar esta Ley, pero es una promesa postergada. El Acuerdo de gobierno de coalición progresista alcanzado en diciembre de 2019 incluía también el compromiso de aprobar una nueva Ley que sustituyera a la Ley de Seguridad Ciudadana vigente para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, entre otros”.
Añaden, además, que “varios relatores de Naciones Unidas, así como la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también han mostrado su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana”.
La organización sigue recogiendo firmas de apoyo a través de este enlace: es.amnesty.org
Durante los cinco años de aplicación de esta ley que, precisamente se cumplen hoy, la Ley Mordaza se ha utilizado contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas que han sido objeto de numerosas sanciones. Esto tiene el efecto de desmovilizar a buena parte de ellas, según explica Amnistía Internacional España. Además, es una ley que se ha aplicado también contra periodistas cuando se encontraban realizando su trabajo.
El 70% de las sanciones impuestas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana (entre 2013-2018) se refieren a dos artículos: el 36.6 que refleja la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, imponiendo sanciones de hasta 36.000 euros. Este artículo se ha aplicado en contextos como manifestaciones pacíficas, o a personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, o información.
El segundo artículo más aplicado ha sido el 37.4, que refleja sanciones por “faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” y otorga gran discrecionalidad a los agentes del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración, según Amnistía.
Fuente → diario16.com
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