La tortura como sistema y el sistema franquista de tortura
Pablo Mayoral, miembro de La Comuna.
La "Topografía del terror" es un espacio de la historia contemporánea
alemana y europea situado en el centro de la ciudad de Berlín. En base a
unos mínimos restos de los edificios que albergaron la oficinas de la
Gestapo, las SS y la oficina de seguridad del Reich, se construyó en
1987 un centro de documentación de los crímenes nazis, que atrae a
cientos de miles de visitantes cada año. La dictadura franquista, a
imagen y semejanza del terror implantado en Alemania a partir de 1933,
también tuvo su policía política (Brigada Político Social), con sus
habituales métodos de tortura. Se estima que en 1968 la BPS tenia cerca
de 22.000 miembros que utilizaban la tortura como método habitual contra
los detenidos. Por otra parte, la Guardia Civil aumentó
considerablemente sus efectivos, a partir de 1940, llegando a contar con
casi 50.000 miembros centrados en la lucha contra la subversión en todo
el territorio del Estado español. A pesar de este importante despliegue
de terror contra los que se enfrentaron a la sanguinaria dictadura de
Franco, en España no hay ni una sola mención oficial de denuncia de la
tortura practicada de forma generalizada y sistemática por la policía
política del régimen y la Guardia Civil. Tampoco hay un lugar de
documentación en el que se puedan ir añadiendo testimonios directos de
las miles de personas que fueron víctimas de este delito de lesa
humanidad durante la dictadura- Algunos de los detenidos fueron
torturadas hasta la muerte, como Enrique Ruano, asesinado en los
interrogatorios policiales en 1969 y Cipriano Martos, muerto a
consecuencia de los terribles daños internos que le provocó el ácido
sulfúrico que fue obligado a beber en el cuartel de la Guardia Civil de
Reus, en 1973.
Todo lo que se ha hecho contra la tortura ha sido posible por la
valentía y coraje de decenas de mujeres y hombres, que han denunciado a
los torturadores que se ensañaron con ellas y ellos por luchar contra la
dictadura franquista. Recientemente ha fallecido Antonio González
Pacheco, conocido como el torturador "Billy el niño", sin ser juzgado a
pesar de estar imputado en la querella argentina y a pesar de que contra
él existía una orden de busca y captura, emitida por el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional núm. 1 de Argentina, e incluso
una solicitud de extradición, al igual que contra otros torturadores del
franquismo, que no fue atendida por la Audiencia Nacional ni por el
gobierno español. Es decir que, desgraciadamente, ni hubo detención ni
hubo extradición. Otros tres torturadores, Francisco Franco Celso
Galván, José Antonio Giralte y Atilano del Valle Oter también han
fallecido; pero hay siete más, de la policía y Guardia Civil, contra los
cuales pesan las mismas órdenes de busca, captura y extradición para su
enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad en ese mismo juzgado de
Buenos Aires. Son estos:
Jesús González Reglero: por haber participado en
presuntas torturas infligidas, el 20 de febrero de 1975, a Alfredo
Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de
Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la BPS.
Ricardo Algar Barón: por presuntas torturas
infligidas a José María Galante Serrano, quien relató que en su segunda
detención, en la que permaneció diez días en la DGS, le habían tenido
constantemente esposado a un radiador.
Pascual Honrado de la Fuente: por presuntas torturas infligidas a Gerardo Iglesias Argüelles, ex secretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida.
Jesús Martínez Torres: por presuntas torturas infligidas a José Aznar Cortijo, quien fue detenido en el camino a Barcelona.
Benjamín Solsona Cortés: por presuntas torturas a
Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yáñez, el 23 de abril de
1971, durante el estado de excepción decretado por Franco en el que se
suspendían los supuestos derechos recogidos en el Fuero de los
Españoles.
Félix Criado Sanz: se sospecha que habría
participado en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya,
quien refirió que fue detenido el 11 de abril de 1969 y estuvo siete
días en comisaría siendo «salvajemente» apaleado.
Jesús Muñecas Aguilar: torturador de la Guardia
Civil, imputado en la querella argentina y repetidas veces denunciado
por ejercer la tortura contra decenas de vascas y vascos en el Informe
realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV sobre
torturas y malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2004.
Tenemos claro que con la muerte de Antonio González Pacheco no se
acaba nuestra exigencia de justicia contra los responsables vivos de un
sistema de tortura aplicado contra todas aquellas personas que osaban
luchar para conseguir los mínimos derechos democráticos secuestrados por
el régimen franquista. Como queda dicho, hay otros torturadores y deben
ser juzgados. En Buenos Aires la jueza María Servini de Cubría está
dispuesta a hacerlo y para ello el actual gobierno de España debe
cumplir la ley y permitir que sean juzgados. Además, tres de estos
torturadores también tienen procesos abiertos por torturas en el Estado
español:
Pascual Honrado de la Fuente. Tiene tres denuncias
por torturas, las tres inadmitidas a trámite por los juzgados de
Asturias, dos de ellas también inadmitidas por el Tribunal
Constitucional y otra esperando la resolución del recurso de amparo en
este mismo tribunal.
Benjamín Solsona Cortés. Tiene diez querellas por
torturas, nueve han sido inadmitidas a trámite por los juzgados
valencianos, tres de ellas están recurridas ante la Audiencia Provincial
y otra ha solicitado el recurso de amparo del Tribunal Constitucional.
Jesús Muñecas Aguilar. Tiene cuatro querellas por
torturas en Donosti y seis querellas en Tolosa, todas ellas inadmitidas a
trámite en los juzgados respectivos y recurridas en la Audiencia
Provincial.
Estos procesos judiciales en Argentina y España son un atisbo de
esperanza de que podremos conseguir que los torturadores se sienten en
el banquillo de los acusados.
Existen otros casos también denunciados públicamente:
Antonio Garrido Fernández, acusado de practicar torturas contra militantes comunistas en Asturias, Barcelona y Madrid.
Genuino Navales García, responsable directo de innumerables detenciones, torturas y vejaciones contra trabajadores, estudiantes y ciudadanos en Barcelona.
Francisco Álvarez Sánchez que, además de torturador –ingresó en la Policía en 1966–, fue imputado como uno de los organizadores de el GAL.
Manuel Ballesteros participó en las torturas de numerosos militantes antifranquistas, entre ellos Antonio Palomares, que luego sería diputado. Estuvo investigado en la muerte de Joseba Arregui a consecuencia de las torturas sufridas en la comisaría.
José María Escudero Tejada ingresó en 1945 en la BPS y desde 1970 se especializó en la persecución de los grupos anarquistas de Barcelona. Un confidente le acusó de haber ordenado el ataque a la Sala Escala, donde se produjo un incendio en el que murieron cuatro afiliados de la CNT.
Francisco Luis Colino Hernanz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón fueron los tres policías que detuvieron a Enrique Ruano, que resultó muerto en los interrogatorios. Fueron juzgados en 1996 y absueltos por "falta de pruebas" que la propia instrucción del sumario se negó a investigar. La familia acudió a la querella argentina.
José Matute Fernández, responsable de diversos episodios de palizas contra trabajadores y estudiantes en Tenerife. Fue condenado por torturas y por causar la muerte de Antonio González en una sesión de brutales torturas, en 1975. Posteriormente, fue amnistiado. Para mayor escarnio, cinco años después de este suceso fue destinado a la Inspección Central de Guardia de la DGS para "velar por la integridad física de los detenidos y evitar que fueran objeto de malos tratos".
Conrado Delso Pérez, "El Gitano". Uno de los torturadores habituales de la DGS de la Puerta del Sol.
Jesús Quintana Saracíbar. Capitán de la Policía Armada en 1976, imputado en la querella argentina por la muerte de cinco trabajadores. La Asociación "3 de Marzo" también se querelló contra él en España y, tras ser inadmitida la querella, en la actualidad ha sido presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Luis Emilio Ávila. Subinspector de 2ª clase, denunciado por presuntas torturas a dos personas en Valencia.
Manuel Gómez Sandoval, era el jefe de la unidad encargada de interrogar a los estudiantes. Acusado en dos de las querellas que forman parte del sumario global de la querella argentina.
Casi una veintena de policías y guardias civiles, procesados o
denunciados públicamente como torturadores, es motivo suficiente como
para que el gobierno comience una labor de esclarecimiento y posible
enjuiciamiento de todas las personas responsables de torturas durante la
dictadura franquista. Después de casi 45 años desde la muerte del
dictador, el Congreso de los diputados ha instado al gobierno a retirar
las condecoraciones a conocidos torturadores, dándose el caso sangrante
de que el Estado todavía paga mensualmente el importe de 115 medallas
policiales, concedidas antes de 1979, a agentes de policía de la
dictadura franquista.
En Portugal, tras la Revolución de los Claveles de 1974, la sede de
la policía política de la dictadura portuguesa (PIDE), en Lisboa, fue
rodeada y los policías abrieron fuego contra la multitud, matando a
cuatro manifestantes. Este hecho dio pie a que la odiada policía
política fuera disuelta y muchos de sus altos cargos fuesen
encarcelados. Este es otro ejemplo más de cómo se podían haber hecho
aquí las cosas. El mantenimiento de las mismas fuerzas represivas de la
dictadura en la transición –con la colaboración de bandas parapoliciales
de derecha–, provocó más de 100 asesinatos, entre 1976 y 1983, sobre
todo de manifestantes y militantes de izquierdas que se oponían a la
continuidad del régimen en forma de monarquía bajo una supuesta
apariencia democrática. Igualmente, en el informe del Gobierno vasco ya
señalado, queda certificado oficialmente que entre 1960 y 2004, solo en
Euskadi, se produjeron 4.113 casos de torturas (el 35% de las personas
torturadas fueron puestas en libertad sin cargos), aunque señalan en el
mismo informe que son conscientes de que hay muchísimos más casos sin
investigar, porque no se han podido acreditar muchos episodios de
torturas de la época de la dictadura. Gracias el coraje de los
torturados y sus familias, que eran constantemente amenazados si
denunciaban, 49 torturadores fueron condenados. Desgraciadamente el 60%
de estos criminales fueron posteriormente indultados por gobiernos del
PP y PSOE.
En la actualidad, muchas asociaciones y organizaciones están
trabajando intensamente para esclarecer cada uno de estos asesinatos de
la transición y para llevar a sus responsables ante los tribunales de
justicia por crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiables
(además, muchos de ellos se cometieron después de aprobarse la Ley de
Amnistía) y, por tanto, no prescriben.
No perdemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando por la
verdad, la justicia y la reparación, porque entendemos que son
indispensables para garantizar la no repetición de la peor época de
nuestra historia: la brutal dictadura franquista y la sangrienta
transición que le siguió.
Fuente → blogs.publico.es
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