La Moncloa convoca una consulta pública para ampliar la ley de 2007
El Gobierno lanza una consulta pública para la nueva ley de memoria histórica / Natalia Junquera:
La principal asociación de víctimas del franquismo urge al Ejecutivo a cumplir su promesa y asumir la búsqueda de desaparecidos
El Gobierno ha lanzado una consulta pública para recibir “propuestas, ideas, opiniones o sugerencias” para la modificación de la ley de memoria histórica, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Asociaciones y particulares podrán enviar las suyas al correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es desde este viernes hasta el próximo 11 de julio.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió en julio de 2018 a elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas. El sistema previsto en la vigente ley de memoria, como ha criticado en numerosas ocasiones la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), establece una especie de subcontratación de las asociaciones de familiares para que sean ellas, con una subvención del Gobierno, las que asuman la tarea de localización y exhumación de los fusilados. “Es una responsabilidad del Estado”, insiste Emilio Silva, presidente de la ARMH. El entonces relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ya alertó en su informe de 2014 sobre ese método: “El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado”.
Desde el año 2000 se han abierto en España más de 740 fosas de las que se han recuperado 9.000 esqueletos. Se desconoce cuántas quedan por abrir. El informe encargado por el Gobierno a un grupo de expertos encabezado por el forense Francisco Etxeberria estimó entre 20.000 y 25.000 los cuerpos que se podrían recuperar creando un consejo nacional de búsqueda de los desaparecidos con siete equipos forenses (entre 40 y 50 profesionales) para resolver “en cuatro o cinco años” el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil.
En la comparecencia en el Congreso de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, en 2018, el Ejecutivo también se comprometió a elaborar un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; anular las sentencias de tribunales franquistas, crear una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo y estudiar el modo de ilegalizar a asociaciones que hacen “apología de franquismo”, como la Fundación Franco, que niega la represión, loa al dictador y custodia 30.000 documentos históricos.
Silva tiene clara su petición: “Que todas las medidas que se lleven a cabo en materia de memoria histórica estén encabezadas por la palabra ‘urgente’ porque llevan años muriéndose personas esperando a un Estado que no llega”. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que en septiembre de 2019 Pedro Sánchez se reunió con asociaciones de víctimas y recibió “un montón de propuestas” y que el Gobierno ha creado una secretaría de Estado específica -antes tenía rango de dirección general-.
La ARMH reclama “exhumaciones inmediatas” de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos cuyos restos reclaman hace años familiares de muy avanzada edad; la apertura de todos los archivos que puedan tener “documentación relativa a la represión” y una “investigación sobre la documentación “destruida en los primeros años de la represión”. También que el Estado haga “un homenaje público de reconocimiento a las víctimas de la dictadura y a quienes lucharon contra ella” y que se incluyan en el currículo escolar “contenidos centrados en la segunda república, la Guerra Civil y la dictadura”. El anterior director general para la memoria histórica, Fernando Martínez, ya mostró en una entrevista en EL PAÍS en noviembre de 2018 su convicción de que la represión franquista debe estudiarse en las escuelas.
Tras la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, queda pendiente la trasformación del mausoleo para convertirlo en un centro de memoria.
La principal asociación de víctimas del franquismo urge al Ejecutivo a cumplir su promesa y asumir la búsqueda de desaparecidos
El Gobierno ha lanzado una consulta pública para recibir “propuestas, ideas, opiniones o sugerencias” para la modificación de la ley de memoria histórica, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Asociaciones y particulares podrán enviar las suyas al correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es desde este viernes hasta el próximo 11 de julio.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió en julio de 2018 a elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas. El sistema previsto en la vigente ley de memoria, como ha criticado en numerosas ocasiones la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), establece una especie de subcontratación de las asociaciones de familiares para que sean ellas, con una subvención del Gobierno, las que asuman la tarea de localización y exhumación de los fusilados. “Es una responsabilidad del Estado”, insiste Emilio Silva, presidente de la ARMH. El entonces relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ya alertó en su informe de 2014 sobre ese método: “El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado”.
Desde el año 2000 se han abierto en España más de 740 fosas de las que se han recuperado 9.000 esqueletos. Se desconoce cuántas quedan por abrir. El informe encargado por el Gobierno a un grupo de expertos encabezado por el forense Francisco Etxeberria estimó entre 20.000 y 25.000 los cuerpos que se podrían recuperar creando un consejo nacional de búsqueda de los desaparecidos con siete equipos forenses (entre 40 y 50 profesionales) para resolver “en cuatro o cinco años” el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil.
En la comparecencia en el Congreso de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, en 2018, el Ejecutivo también se comprometió a elaborar un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; anular las sentencias de tribunales franquistas, crear una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo y estudiar el modo de ilegalizar a asociaciones que hacen “apología de franquismo”, como la Fundación Franco, que niega la represión, loa al dictador y custodia 30.000 documentos históricos.
Silva tiene clara su petición: “Que todas las medidas que se lleven a cabo en materia de memoria histórica estén encabezadas por la palabra ‘urgente’ porque llevan años muriéndose personas esperando a un Estado que no llega”. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que en septiembre de 2019 Pedro Sánchez se reunió con asociaciones de víctimas y recibió “un montón de propuestas” y que el Gobierno ha creado una secretaría de Estado específica -antes tenía rango de dirección general-.
La ARMH reclama “exhumaciones inmediatas” de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos cuyos restos reclaman hace años familiares de muy avanzada edad; la apertura de todos los archivos que puedan tener “documentación relativa a la represión” y una “investigación sobre la documentación “destruida en los primeros años de la represión”. También que el Estado haga “un homenaje público de reconocimiento a las víctimas de la dictadura y a quienes lucharon contra ella” y que se incluyan en el currículo escolar “contenidos centrados en la segunda república, la Guerra Civil y la dictadura”. El anterior director general para la memoria histórica, Fernando Martínez, ya mostró en una entrevista en EL PAÍS en noviembre de 2018 su convicción de que la represión franquista debe estudiarse en las escuelas.
Tras la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, queda pendiente la trasformación del mausoleo para convertirlo en un centro de memoria.
Fuente → elpais.com
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