El Tribunal Supremo (TS) de España abrió una puerta para avanzar en la investigación de los casos de bebés robados durante el franquismo. El fallo del Tribunal tiene que ver con el caso de Inés Madrigal
, la primera víctima en llevar adelante un juicio por apropiación.
En 2018 Madrigal había conseguido que la Audiencia Provincial de Madrid
declarara al médico Eduardo Vela culpable de haberla robado a su madre
al nacer en 1969. Sin embargo, el hombre fue absuelvo ya que el tribunal madrileño determinó que la causa había prescrito.
De esta manera cerró la posibilidad de seguir este caso así como otros
cientos que se presentaron en toda España. Ahora, el fallo del TS, al no
pronunciarse sobre la prescripción de los delitos de Vela, posibilita a que se avance en otras denuncias.
Búsqueda de la Verdad
El caso de Madrigal fue el primero en llegar a juicio por el
robo de bebés durante el franquismo. Cuando la mujer cumplió 18 años, quien creía que era su madre biológica, Inés Pérez, le confesó que en realidad era adoptada.
Pérez le dijo que en el proceso había intervenido un cura que conocía
del convento, amigo del médico Eduardo Vela. Madrigal presentó una
denuncia y en 2018 logró que la Justicia española se expida sobre su
caso. El tribunal madrileño había considerado a Vela responsable de los delitos de falsedad, suposición de parto y detención ilegal, pero lo absolvió porque habían prescrito. El fallo fue apelado tanto por la Fiscalía como por la denunciante.
En julio del año pasado, tres meses antes del fallecimiento de Vela, Madrigal encontró a sus hermanos biológicos
gracias a un banco de ADN. Ellos le dijeron que su madre biológica,
ya fallecida, la había dado en adopción. Tomando estas novedades, el TS
concluyó ahora que la detención ilegal no está probada, pero confirmó la falsedad documental y la ilegalidad de la adopción de la mujer.
El acusado intervino tanto en la certificación falsa para inscribir a
la niña en el Registro Civil, así como en toda la maniobra ilegal para
entregarla a los padres adoptivos, sostuvo el TS.
Sin embargo, el dato a resaltar es que el Supremo no se pronunció sobre la prescripción de los delitos de Vela hace 25 años.
Para la Justicia el hecho de que el hombre haya muerto volvió inviable
el pedido de una condena. “Sería especular sobre una cuestión con
finalidad puramente teórica", subraya el fallo. En cambio, sí analizó
otras cuestiones que incidieron en el mismo una vez dictada la primera
sentencia: el hecho de que la propia Fiscalía aportó un informe después
de que la víctima encontró a sus familiares biológicos. Esta información
aportó elementos para acreditar que Madrigal había sido entregada de
forma libre y voluntaria con fines de adopción. En ese sentido, el Supremo concluyó que la hipótesis de que fue sustraída es tan probable como la contraria.
Los crímenes del franquismo
Al no pronunciarse sobre la prescripción, el Tribunal posibilitó que se puedan juzgar otros casos. De hecho, el
próximo 30 de junio sus magistrados tendrá de deliberar sobre un
recurso presentado por la Asociación SOS Bebés Robados Huelva, informó el diario El País
de España. Este colectivo espera que la máxima instancia judicial
española revoque la determinación de prescripción para todos los casos.
La asociación representa a más de 180 familias.
En enero de 2011 se presentó la primera querella criminal conjunta en España por más de 200 casos de niños robados. Tres años después, las denuncias eran ya 4.000, pero el 80 por ciento habían sido archivadas. En 2014, los familiares de víctimas de la época de la dictadura se sumaron a la querella abierta en Argentina por
los crímenes franquistas en aplicación del principio de Justicia
universal. Al igual que en otras dictaduras, el robo de bebés fue una
práctica empleada por el franquismo. Miles de niños de madres
vencidas en la guerra civil (1936-1939) fueron entregados a
instituciones públicas o religiosas, así como a otras familias. Pero lo singular en España fue que la trama institucional de apropiación surgida de la represión franquista se extendió hasta finales de la década de 1980.
El robo de bebés se convirtió en un negocio rentable en el que estaban
implicados médicos, enfermeras, curas y monjas. Se estima que unas 30 mil personas serían víctimas de estos hechos según organismos de Derechos Humanos.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para que el gobierno retire condecoraciones otorgadas funcionarios y autoridades franquistas. El
reconocimiento del Estado español será retirado a aquellos que hubiesen
actuado en contra de los valores democráticos y de protección de los
DDHH. La propuesta fue presentada por el Partido Socialista (PSOE) y
Unidas Podemos (UP). El hecho se produjo a un mes de la muerte por
coronavirus del ex policía Juan Antonio González Pacheco. Conocido con
el alias "Billy el Niño", Pacheco había torturado a políticos opositores
a la dictadura franquista. El ex policía murió sin ser juzgado y
gozando de los beneficios que conllevaba haber sido condecorado con
medallas durante su trayectoria. De esa forma pudo cobrar hasta un
50 por ciento más de pensión. La iniciativa presentada por el
oficialismo español revocó esos beneficios.
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