¡Hay que depurar el aparato del Estado de fascistas y reaccionarios!
La Guardia Civil se une a la ofensiva de Vox y del PP contra el Gobierno /
Desde hace semanas asistimos a una ofensiva de Vox y el PP en las
calles, a la que ahora se ha sumado abiertamente y sin tapujos una parte
del aparato del Estado. El cese del reaccionario coronel y Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos,
quien dirigió la brutal represión en Catalunya durante el referéndum del
1 de octubre, ha desatado las iras de la Guardia Civil e intensificado
la campaña patriótica de la derecha y sus medios de comunicación en
defensa de esa España “una, grande y libre” que tanto añoran.
La biografía de este reaccionario lo dice todo. Su padre fue
candidato por Murcia de la formación ultraderechista Fuerza Nueva en
1977, y él mismo apoyó activamente el golpe de Estado del 23-F,
presentándose voluntario con la camisa azul de falangista en el cuartel
de la Guardia Civil de Yecla. En 1992 fue procesado por torturas al
miembro de ETA Kepa Urra, siendo condenados tres de sus compañeros de la
Benemérita. Aunque él fue absuelto, la jueza ponente del tribunal
calificó de “sorprendente” la presencia de Pérez de los Cobos en el
hospital donde Kepa Urra señaló que continuaron torturándole. Tanto
Amnistía Internacional como el Comité contra la Tortura de la ONU
denunciaron el caso. Finalmente, los guardias civiles condenados no
entraron en prisión al ser indultados por el Gobierno de Aznar.
Los montajes de la Guardia Civil, del 1-O al 8-M.
Pero su actuación más conocida fue durante la celebración del
referéndum del 1 de octubre en Catalunya en 2017, encargándose de la
coordinación del operativo para impedirlo y que se saldó con una brutal
intervención con más de 1.000 heridos.
También en este caso, tal y como ha ocurrido ahora con la
manifestación del 8-M, Pérez de los Cobos y la Guardia Civil fabricaron
un informe policial para el jucio-farsa contra los dirigentes
independentistas, llegando a afirmar en su declaración ante el Tribunal
Supremo que no hubo “cargas policiales”. Por cierto, una actuación de
las fuerzas de seguridad del Estado ampliamente elogiada por la
dirección del PSOE en aquel momento.
En el caso de la investigación del 8-M la forma de actuar ha sido la
misma: mentiras y manipulaciones. Se ha conocido que los testimonios de
varios testigos, como el del Secretario General de CGT Banca Madrid,
fueron directamente manipulados. Por otro lado, el informe contiene
numerosos errores de bulto, como que la declaración de pandemia por la
OMS se realizó en enero, cuando fue el 11 de marzo. Además, gran parte
de las informaciones de dicho informe no han sido contrastadas y
provienen de diarios de la derecha y la extrema derecha como El Español, La Razón, ABC, entre otros. Todo un ejemplo de imparcialidad.
Todos estos datos no solo justificarían la destitución de Pérez de
los Cobos y los guardias civiles implicados, sino la apertura de una
investigación para depurar responsabilidades incluso a nivel penal. ¿O
es que no es relevante que se manipulen pruebas y se construyan casos a
medida? ¿No es justamente lo que hacía el franquismo contra
sindicalistas, militantes de izquierdas y opositores?
No es casualidad que la furia de la derecha y la extrema derecha, de
la Guardia Civil, y de sectores de la judicatura, se dirija contra la
manifestación del 8-M. Se trata de atacar a un movimiento que ha puesto
en evidencia la naturaleza machista y reaccionaria del Estado y sus
instituciones, que amparan a individuos como los de La Manada, guardias
civiles y militares que se han creído y se creen impunes.
Se busca además criminalizar la protesta social y a los colectivos y
activistas de izquierdas que durante todos estos años no hemos dejado de
salir a las calles por los derechos de la mujer trabajadora, por los
servicios públicos, o contra la represión del Estado y en defensa de
nuestros derechos democráticos.
Al tiempo que se concluía este montaje policial y judicial con la
excusa del Covid-19, PP y Vox organizaban protestas en pleno
confinamiento sin que la judicatura o la policía hayan abierto
investigación alguna al respecto. ¡Vaya cinismo!
Una aparato del Estado plagado de franquistas heredado de la Transición
Pero la presencia de estos franquistas y reaccionarios en los el
aparato del Estado, en la judicatura, en la Guardia Civil o en la
policía, es la consecuencia de la política de colaboración de clases
consagrada durante la Transición, y que lamentablemente apuntalaron las
direcciones tanto el PSOE como el PCE.
El propio Pérez de los Cobos ascendió en el Ministerio del Interior
de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba durante el Gobierno de Zapatero,
manteniéndose en su puesto con Rajoy y posteriormente con Pedro Sánchez.
Fue uno de los principales colaboradores del exministro del Interior
del PP Fernández Díaz, con quien comparte su afiliación a la secta ultra
católica del Opus Dei, colaborando con esas cloacas del Estado que
tanto ha denunciado Pablo Iglesias. A pesar de todo, no ha sido removido
de su puesto hasta ahora, dos años después de la caída de Rajoy.
El actual ministro del Interior, Grande Marlaska, en consonancia con
su actuación como juez en la Audiencia Nacional, ha sido uno de los que
más ha contribuido a que esto haya sido así. Hay que recordar que
Marlaska archivó la causa del Yak-42, viéndose obligado posteriormente a
reabrirla, juzgó a los diarios Deia y Gara por
injurias a la Corona por publicar diversas ilustraciones gráficas e
instruyó, entre otros, el caso Gazte Independentistak, por el que 40
jóvenes abertzales pasaron dos años en prisión preventiva para
finalmente ser absueltos por la Audiencia Nacional. Un buen ejemplo de
que los montajes y causas-farsa no son casos aislados.
La Guardia Civil, un pilar de la reacción.
La Guardia Civil siempre ha sido unos de los pilares de la reacción
en el Estado español. Un cuerpo militarizado creado para enfrentar las
sublevaciones campesinas por el pan y la tierra, y en defensa de los
privilegios de la aristocracia terrateniente. Se empleó a fondo contra
el movimiento obrero durante todo el siglo XX, y fue uno de los pilares
del golpe de Estado de Franco en julio del 36. Durante la dictadura fue
la fuerza de choque contra los maquis y contra cualquier intento de
resistencia antifranquista. En la Transición, y ya con la democracia, el
cuerpo continuó actuando sin miramientos, con los mismos mandos e
individuos que torturaban y asesinaban en el pasado.
Miembros de la Guardia Civil protagonizaron el golpe de Estado del
23-F, y jugaría un papel muy destacado en el terrorismo de Estado de los
GAL, bajo los Gobiernos de Felipe González, siendo condenado su máximo
responsable en Guipúzcoa, Enrique López Galindo, por los asesinatos de
Lasa y Zabala. Según un informe del Instituto de Criminología de la
Universidad del País Vasco, entre 1960 y 2014 se han denunciado 4.133
casos de malos tratos, correspondiendo 1.985 de ellos a la Guardia
Civil. Una buena medida de la naturaleza de este cuerpo policial.
Por otro lado, todos aquellos que han osado levantar la voz desde
posiciones de izquierdas y organizarse han sido perseguidos, sancionados
y en muchos casos expulsados del cuerpo, aprovechando la ausencia de
los más mínimos derechos democráticos debido a su naturaleza militar.
Todos los Gobiernos, incluyendo los del PSOE, han mimado y protegido a
los mandos, dándoles carta blanca para manejar la Guardia Civil como su
cortijo, al tiempo que se permitía la persecución de cualquiera voz
crítica que exigiera derechos sindicales o la desmilitarización del
cuerpo.
Un Estado de clase al servicio de los privilegiados y la reacción
Los distintos Gobiernos del PSOE no solo no depuraron a los
torturadores y a los fascistas del aparato del Estado, sino que los
protegieron, manteniendo sus privilegios y medallas, como en el caso,
entre otros muchos, de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el
Niño, que ha muerto en su casa conservando todos esos privilegios. Nos
encontramos ante un aparato del Estado plagado de franquistas y
reaccionarios, que ahora levantan cabeza ante la ofensiva de Vox y del
PP, y que ven una oportunidad de ajustar cuentas con la izquierda. Son
los mismos que han participado en misas y cenas por Franco o en
homenajes a Tejero en cuarteles de la Guardia Civil.
En este contexto no se puede hablar de la ofensiva de la extrema
derecha, como hacen muchos dirigentes de UP, y omitir el papel de estas
instituciones del Estado que siguen manejando los resortes de la
judicatura, el ejército o la policía. Estamos hablando de la propia
naturaleza del Estado capitalista, especialmente reaccionario en el caso
del Estado español, que no resulta alterada por el hecho de que exista
un nuevo Gobierno de izquierdas.
Un Estado de clase al servicio de banqueros, de terratenientes, de
esos sectores reaccionarios que han salido a manifestarse en los barrios
pijos de Madrid. Recurrir a ese mismo Estado burgués para defender los
derechos sociales y democráticos es un craso error, como se ha visto y
demostrado en muchas experiencias históricas (como la revolución
española en los años 30 o la revolución chilena en los 70). En todos
estos casos, la reacción pudo apoyarse en esas instituciones del Estado
para aplastar a la izquierda y al movimiento revolucionario.
Depurar el aparato del Estado y derogar toda la legislación de excepción. ¡No a la Ley Mordaza!
Es necesario por tanto contrarrestar esta ofensiva de la reacción con
la movilización en las calles, y con políticas de izquierdas,
anticapitalistas, que vayan a la raíz de los problemas que padecemos y
los resuelvan. Este Gobierno debe reaccionar, comenzando por hacer lo
que no se hizo durante la Transición: depurar de franquistas y
reaccionarios el aparato del Estado, desmilitarizar inmediatamente la
Guardia Civil, y cortar de raíz la actitud golpista que vemos en muchos
jueces, militares y mandos policiales que simpatizan con el PP y Vox, y
que incluso militan en grupos de ultraderecha.
Por otro lado, es necesario desmontar toda la legislación de
excepción aprobada durante años, incluyendo la de los Gobiernos del
PSOE, dirigida a combatir a la izquierda, al sindicalismo y a los
movimientos sociales. Resulta insólito que a día de hoy, con un Gobierno
con presencia de UP, siga vigente la Ley Mordaza, y que esta se haya
aplicado para imponer miles de sanciones durante el estado de alarma.
Toda esta legislación será la que utilizarán mañana Vox y el PP para
perseguirnos y encarcelarnos.
Este Gobierno debe apoyarse en la organización de la clase
trabajadora y la juventud, en su capacidad de movilización, y no en esas
instituciones y estamentos del Estado que ya han demostrado más que de
sobra al servicio de quién están. Intentar blanquearlas, planteando que
se trata de algunas “manzanas podridas”, es faltar a la verdad. El
problema es el aparato del Estado, que está diseñado para servir a su
clase, a la burguesía, y mantener sus privilegios y riquezas mediante la
coacción y la violencia.
Fuente → izquierdarevolucionaria.net
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