Cuando hace poco más de un mes falleció el torturador Antonio
González Pacheco, recibí la llamada de un amigo argentino, buen
conocedor de los procesos de memoria en su país y en España, que no daba
crédito al leer que Billy el Niño (como se conocía a González)
conservaba sus medallas al mérito policial (así como la “paguita”
asociada) y se lamentaba de que no hubiésemos sido capaces, en España,
de sentarlo en el banquillo. La cosa es más grave, pensé: nuestras
autoridades lo impidieron activamente durante los cuarenta años que
llevamos de… posfranquismo.
Sin embargo, sus víctimas y las
asociaciones memorialistas, con poco o ningún apoyo, dependiendo del
caso y el momento, han estado recordando todos estos años, a quien quiso
escuchar, quién fue González Pacheco. Por desgracia, estos colectivos
han heredado, además de su dolor, el silencio político y mediático que
padecieron aquellos a quienes quieren representar: las víctimas del
franquismo.
ENFERMEDAD DE MEMORIA
El caso de Billy el
Niño representa uno más de los síntomas de nuestra ‘amnesia nacional’.
Y, sin embargo, si el caso se hubiese gestionado de forma diferente,
podría haber formado parte de la solución a nuestra enfermedad de
memoria. Lo que quiero decir es que no debería haber sido tan difícil
unir a una sociedad (sana) en contra de alguien que disfrutaba
torturando, por ejemplo, a jóvenes que repartían propaganda
antifranquista en la Universidad. Las torturas son siempre torturas pero
las de González Pacheco, además, no se dieron durante la Guerra Civil,
sino en los años sesenta y setenta. Es decir, no cabe el recurrente
argumento de que “los rojos estaban haciendo lo mismo” y en las guerras
todos cometen atrocidades. Así, podríamos pensar que se comprendería,
sin grandes esfuerzos, que eso estaba mal y merecía ser unánimemente
condenado.
Pero no. En un ambiente político crispado, “de
charanga y pandereta”, por citar a Machado, y de “anorexia cognitiva”,
que añadiría Goytisolo, el resultado fue el habitual. Si “unos”
consideraban a Billy el Niño un asesino, los “otros” debían defenderlo a
capa y espada. Así, los “otros” prefirieron entonar el ¡prietas las
filas! ¡Al enemigo ni agua, que los anarquistas y los comunistas, en el
37, también fusilaron! Y vuelta a empezar.
¿Por qué
alguien se opone a que se abran las fosas de desaparecidos, cuyos
familiares llevan solicitándolo durante décadas y, en muchos casos,
sabiendo dónde están enterrados?
España no es el único Estado con amnesia selectiva;
pocos son, de hecho, los países en paz con su pasado. No obstante, es
justo reconocer que no es fácil encontrar un país democrático que lo
haya hecho tan mal como éste en lo que respecta a las políticas de
memoria. Suspender las condecoraciones y la protección judicial a un
torturador, repito, debería ser una cuestión de mínimos democráticos en
un país con cierta dignidad en lo que respecta a los derechos humanos.
Pero quizás no estemos en esa lista.
¿Qué nos pasa? ¿Por qué es
imposible llegar a acuerdos básicos sobre cuestiones elementales de
derechos humanos? ¿Por qué alguien se opone a que se abran las fosas de
desaparecidos, cuyos familiares llevan solicitándolo durante décadas y,
en muchos casos, sabiendo dónde están enterrados? Hay que argumentarlo
muy bien porque, así, de entrada… no se entiende. De hecho, más allá de
algunas explicaciones parciales, nuestro bloqueo en este asunto
sorprende a cualquiera.
POLARIZACIÓN POLÍTICA Y MEMORIALISMO
Para
entender cómo hemos llegado hasta aquí resulta de gran ayuda conocer el
trabajo de quienes defienden la recuperación de la memoria histórica en
España, en general, y en Andalucía, en particular. Como cabía esperar,
suelen ser víctimas del marco único de interpretación política que
parece haberse adueñado de nosotros. Ese marco nos “obliga” a
calificarlo todo partidistamente (la realidad, así vista, se divide en
izquierda y derecha) y, a partir de ahí, nos posicionamos. Según esto,
“los de la memoria” son uniformemente rojos y, por lo tanto, se puede ir
contra ellos con toda la artillería que se aplica a los conspiradores
judeo-masónicos izquierdistas y terroristas bolivarianos, además de todo
lo que queramos añadir dependiendo de nuestro humor y nivel de
escrúpulos.
Sin embargo, tampoco debería sorprendernos que entre
las organizaciones que se interesan por la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas del franquismo haya una mayoría de personas
con ideas “de izquierda”. Sobre todo porque muchas de esas víctimas
fueron perseguidas precisamente por sus ideas. Seguramente veríamos con
normalidad que una asociación de víctimas de Auschwitz estuviese
compuesta, en buena parte, por judíos, ¿no? ¿Es eso un problema grave?
¿Las convierte en organizaciones a las que no hay que escuchar? ¿Es ya
un delito en nuestro código penal la diversidad ideológica?
Sin
estas gentes que han perseverado para que no se olvidase lo que se
quería, insistentemente, olvidar, hoy Andalucía sería un lugar peor en
el que vivir
Son los colectivos memorialistas quienes, al menos
durante los últimos veinte años, intentan mantener la memoria de las
víctimas en la agenda, quienes nos han recordado que este país tiene
decenas de miles de desaparecidos, así como de bebés robados a sus
familias y que, en su suelo, se construyeron centenares de campos de
concentración. Han insistido, además, en que buena parte de las empresas
que hoy cotizan en el Ibex se enriquecieron con el trabajo esclavo que
salió de esos campos; se han organizado para combatir la indiferencia
institucional y el silencio mediático. Han acompañado a familias que no
tenían a quién dirigirse y las han escuchado, cuando pocos lo hacían.
Han buscado a las víctimas, elaborado censos de represaliados que nunca
podrán ser completados, mapas de fosas, han financiado exhumaciones,
levantado monumentos y señalado lugares de la memoria.
Las
organizaciones memorialistas son diversas, más de los que podría parecer
si nos guiamos por el estereotipo, como lo son los puntos de vista y
opiniones de sus miembros. También, claro, en Andalucía, donde los
debates internos son muy intensos. No todos los colectivos tienen la
misma opinión sobre la ley de Memoria Histórica de Andalucía, sobre
quién debe gestionar las exhumaciones, sobre las relaciones con la
administración (algunos de sus miembros también son parte de ella), los
partidos políticos, etc. Los retos internos son muchos y la comunicación
clara de sus objetivos a la sociedad es uno de ellos pero, sin embargo,
sin estas gentes que han perseverado para que no se olvidase lo que se
quería, insistentemente, olvidar, hoy Andalucía sería un lugar peor en
el que vivir, que no nos quepa duda.
LA POSICIÓN DEL NUEVO EJECUTIVO ANDALUZ
Por
eso es una mala noticia que el gobierno andaluz haya decidido meter en
el cajón del presupuesto cero y la inacción a la memoria histórica. Si
Suárez condecoró a Billy el Niño y Felipe González miró hacia otro lado,
Rajoy se enorgullecía de la humillación que suponía, para las víctimas,
que su gobierno dedicase cero euros a las políticas de memoria. Moreno
Bonilla parece ir por este camino: el actual gobierno de la Junta
ejecuta con cuentagotas los presupuestos de memoria ya aprobados por la
anterior administración, congela las subvenciones a la investigación y
declara su intención de anular la Ley de 2017, que incluía una serie de
actuaciones sobre las fosas, los lugares de memoria, la puesta en marcha
de museos y memoriales, etc. Parecería, así, que derogar una ley no es
tan complicado y, sin embargo, no ha habido manera de hacerlo con la Ley
de Amnistía de 1977 que, vigente hasta hoy, impide juzgar los crímenes
de Franco.
El nuevo gobierno afirmó que, mientras no se derogase
(o modificase) la Ley de 2017, la cumpliría. No está mal que cumplir la
ley sea un objetivo gubernamental pero, en cualquier caso, no lo están
haciendo. Tampoco creo que la discusión sobre la “Ley” sea lo más
urgente. Sin embargo, sí ha encontrado presupuesto para nombrar a un
“Comisionado para la Concordia” que, con razón, despierta todo tipo de
alarmas en el movimiento memorialista porque viene avalado por quienes
parecen entender la “concordia” como la conveniente equidistancia. Lo
aclaro, para concluir: el movimiento memorialista ha de hacer un
esfuerzo mayor por explicarse, por discutir más allá del sano diálogo
entre militantes, pero difícilmente admitirá la tesis de que Billy el
Niño era tan víctima como quien, hasta hoy, conserva las cicatrices de
sus torturas. Y no lo harán, porque no es verdad.
Fuente → elsaltodiario.com
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