Esa marca de infamia que es el estigma, antiguamente impuesta
físicamente con un hierro candente sobre la piel del estigmatizado,
acompaña a don Juan Carlos tras la decisión de la fiscalía del Tribunal
Supremo de investigar presuntos delitos fiscales relacionados con el
supuesto blanqueo del cobro de comisiones ilegales. Una noticia
relevante, dado que hace ya casi un cuarto de siglo, en aquel lejano
octubre de 1996, el mismo alto tribunal rechazaba la investigación sobre
la responsabilidad de Felipe González en las actividades ilícitas por
las que se encontraban entonces en prisión altos cargos de Interior.
Entonces, los magistrados explicaron su rechazo por la necesidad de
evitar la estigmatización del ex-presidente del Gobierno.
Antes de ser marcado por el estigma del Tribunal Supremo,
Juan Carlos de Borbón fue borboneado por su hijo tal y como él borboneó a
su padre. Y al igual que en su día arrebató la Corona a don
Juan de Borbón con la decisiva ayuda del general Franco, él padeció
similar expolio a manos de su hijo Felipe VI con la ayuda inestimable
del presidente Rajoy y del líder de la oposición Pérez Rubalcaba. Ambos
borboneos fueron motivados ayer y hoy por la urgente necesidad de la
Casa Real de preservar la imagen de la Monarquía por encima de los
intereses personales del Rey que no reinó, Don Juan, así como del Rey
que se creyó Franco, Juan Carlos, gracias a la inviolabilidad de Jefe de
Estado que le reconocía la Constitución de 1978.
Es tal su estigma social que a nadie sorprende hoy la
decisión del Tribunal Supremo. Ocurre con Juan Carlos lo que sucedió con
Jordi Pujol en su día, cuando todas las altas instancias del Estado
impidieron su procesamiento por el caso Banca Catalana.
Treinta años después se descubre y hace público lo que era vox populi en
ambos mandatarios. Tras el desafío de Artur Mas, se decide desvelar el
secreto a voces del 3% de Jordi Pujol, al igual que tras el escándalo de
las aventuras cinegéticas de este émulo de Tartarín de Tarascón en
Botswana , se opta por descorrer el tupido velo de sus presuntas
comisiones ilegales. El aperitivo judicial lo sirvió en su día el juez
Castro desde Mallorca con la instrucción que realizó de la súbita
fortuna del yerno Urdangarín y la infanta Cristina.
Investigado por los jueces en Suiza, Inglaterra y Luxemburgo, no podía faltar la investigación que ahora se anuncia en España.
La última revelación periodística, británica por supuesto, que describe
a Juan Carlos entrando en el despacho de su gestor de fondos con un
maletín repleto de euros, fue la gota que colmó el vaso de la Fiscalía
General del Estado. El comunicado oficial de la Casa Real, anunciando
que Felipe VI rechazaba la propia herencia paterna que le pudiera
corresponder, colocaba al rey emérito a los pies de todos los caballos
judiciales. A la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no le
quedaba otra alternativa que la de enviar a la fiscalía del Tribunal
Supremo lo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Tan claro como que Juan Carlos es un estigmatizado social como que parece difícil que lo vaya a ser judicialmente.
La inviolabilidad que le acompañó como Jefe de Estado, hasta mitad de
2014, impide hoy que se le investigue por el cobro de comisiones,
quedando circunscrita únicamente a la investigación del presunto
blanqueo de capitales. Tampoco parece que vaya a ser llamado a declarar
ante el Tribunal Supremo, como sucedió con Felipe González en 1996, así
que lo más previsible es que solo se le enjuicie con pruebas
documentales. Y es que ni la propia portavoz de la Moncloa, la ministra
Montero, puede creerse su proclama de que la justicia es igual para
todos, salvo que la entienda como bien irónicamente la describía George
Orwell en "Rebelión en la Granja", en la que unos somos más iguales que otros.
Aunque Juan Carlos no sea probablemente procesado, está
predestinado a ser el chivo expiatorio que salve la institución
monárquica en esta etapa histórica. El cortafuegos impuesto por Felipe
VI va a impedir hoy que el virus Corina Larsen sea riesgo alguno para la
Corona. Aunque igualmente de arriesgada es la apertura de las puertas giratorias,
por los partidos sobre los que se sustenta la Monarquía constitucional
,si no rectifican pronto la entrada de indocumentados como Pepiño,
burócratas como Montilla, y arribistas como Cristóbal Gallego, en el
Consejo de Administración de Enagás. Es un escándalo legal, pero sobre
todo un inquietante escándalo social, ya que sobre la izquierda
socialdemócrata y la izquierda populista descansa la Corona como
partidos de Estado que son. Porque si la corrupción es el aceite del
sistema, la Moncloa nunca puede olvidar mirar la varilla para controlar
que no se desborde. Y en esta coyuntura, amenazada por una explosión
social en el próximo otoño, los tres mosqueteros del actual Rey en
Enagás la desbordan tanto como el estigma de quien dejó de ser Rey.
Fuente → blogs.publico.es
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