“Una crisis sanitaria, con unos enormes brotes económicos, pero
que determinan una crisis constituyente. Tenemos, entre todos, que
abordar la salida a la misma”. Estas palabras del ministro de Justicia,
Juan Carlos Campo, emitidas el pasado 11 de junio en el parlamento
cuando respondía a una pregunta de una diputada de ERC, provocaron
enseguida gran revuelo e indignación en las filas de las derechas
españolas y un silencio inmediato del conjunto del gobierno. El sagrado
temor a abrir la caja de pandora de la reforma de la Constitución –no
hablemos ya de proceso constituyente- reaparecía en medio del
estado de alarma, de la estrategia de la crispación y de los escándalos
de la monarquía y, por tanto, convenía olvidar el incidente.
Con todo, pese a lo que luego se ha calificado desde las derechas, cómo no, de “lapsus bolivariano”, es innegable que la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19 ha abierto una sucesión de crisis: económica, social, política, de cuidados, educativa, pero también y sobre todo anticipo del colapso ecosocial al que nos está conduciendo el modelo civilizatorio capitalista.
Curiosamente, ha sido el prolífico Juan Luis Cebrián quien ha tomado el testigo de las palabras del ministro de Justicia para en un artículo reciente (“Sobre cómo afrontar la crisis constituyente”, El País, 15/06/2020) aceptar que ese diagnóstico tiene un alcance que va más allá del ámbito español, si bien limitando el problema al plano político-institucional: “Es constituyente y es global porque enfrenta las dificultades del sistema representativo para hacer frente a la actual perturbación del orden emanado de la II Gran Guerra”. Vienen luego algunas reflexiones sobre el por qué de los “tumultos” que sacuden a la sociedad estadounidense para luego concentrarse en la situación española, con la inevitable crítica a Podemos y al PSOE de Pedro Sánchez. Frente a ese “Gobierno de la señorita Pepis”, lo que nos propone es el retorno al pasado: reivindicar el legado de Felipe González (¿también el de su paternidad en el terrorismo de Estado de los GAL, confirmada públicamente por los documentos de la CIA de 1984 ahora desclasificados) para acabar pidiendo que “el partido socialista y la derecha moderada”, siguiendo el ejemplo de los grandes empresarios y los sindicatos mayoritarios, se vuelvan a poner de acuerdo para recuperar la perdida estabilidad política.
Así que, tras reconocer la crisis de los sistemas políticos heredados de la II Gran Guerra, al final la alternativa que defiende el presidente de honor de PRISA -y con él un amplio sector de los grandes poderes económicos- se reduce a una mera recomposición del bipartidismo, o sea, al retorno a la centralidad de las fuerzas políticas corruptas responsables de haber aplicado durante años (recordemos uno de los eslóganes más populares del 15M: “PSOE, PP, la misma mierda es”) que siguen estando en el trasfondo de la actual crisis del régimen.
Es cierto que esta crisis se desarrolla ahora en un contexto distinto del que vivimos durante los ciclos abiertos por el 15M y por el procés soberanista en Catalunya y también lo es que la fuerza política que nació con una vocación rupturista está mostrando su disposición, frente a la hostilidad del bloque reaccionario, a conformarse con una mera regeneración del régimen y con políticas sociales compatibles con la economía política dominante. Empero, ni siquiera este nuevo escenario está permitiendo la creación de las condiciones para un consenso en torno a una reforma constitucional, siempre frenada por el miedo a que, conscientes de que tendría que concluir con un referéndum, se convierta en un bumerán que la desborde con cuestiones como la -de nuevo demonizada por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz- plurinacionalidad del Estado, la monarquía y, con mayor razón tras la crisis reciente, la derogación del artículo 135 y el blindaje de derechos sociales y bienes públicos y comunes fundamentales.
Ese es el problema fundamental que hoy se plantea a escala global en términos más dramáticos que en el pasado: la imposibilidad de garantizar una vida digna para las grandes mayorías sociales en el marco de un sistema ecocida y estructuralmente injusto y de unos regímenes políticos diseñados para bloquear cualquier dinámica reformista. Un capitalismo que, basado en la razón política neoliberal, se encuentra ante la mayor crisis de su historia, sin visos de salida en forma de V y, sobre todo, ya no es capaz de ofrecer ninguna expectativa de mejora, más allá del consumismo basado en el endeudamiento, a esas clases medias en declive que fueron su sustento principal para su añorada estabilidad política.
Frente a ese panorama de retorno al business as usual y sin que quepan muchas esperanzas en terceras vías neokeynesianas verdes, otro camino se puede iniciar ahora con la ola de movilizaciones antirracistas que se están extendiendo desde EE UU a todo el mundo, convirtiéndose así en la primera expresión pública del malestar popular que se ha ido acumulando durante el Gran Confinamiento. No es casual que haya estallado como respuesta a un racismo sistémico que está en los orígenes del capitalismo y que ha sido reactivado por la extrema derecha, el supremacismo blanco dominante en las viejas potencias imperialistas y, en mayor medida, en unos aparatos policiales diseñados a su servicio. Otras protestas que habían quedado bloqueadas por la pandemia, como la de Chile, o las que se están desarrollando en países de Oriente Medio y África contra el neoliberalismo y regímenes dictatoriales y corruptos, vuelven a ocupar el espacio público. Corresponde ahora redoblar el esfuerzo por ir articulando todas esas luchas con las procedentes del feminismo, del ecologismo, de las que rechazan, en suma, la precarización de nuestros trabajos y nuestras vidas en un planeta cada vez más inhóspito. Quizás así lleguemos a tiempo de construir un nuevo internacionalismo solidario, capaz de frenar la aceleración neoliberal hacia el desastre global y apuntar hacia un cambio de paradigma ecosocialista.
En el marco de la Unión Europea hemos visto también cómo, tras un primer momento de repliegue nacional-estatal, el alto grado de interdependencia económica alcanzado a lo largo de medio siglo está generando una presión a favor de un momento hamiltoniano (como se ha definido en algunos debates) que abra paso a fórmulas cooperativas en su seno para sentar las bases de ese oxímoron que es un crecimiento económico verde e ir haciendo frente al aumento extraordinario del endeudamiento público que le acompañará, especialmente en los países del Sur.
Sin embargo, las enormes asimetrías entre países dentro de la UE van a hacer difícil un consenso que tendrá que ser prácticamente unánime. Será Alemania (bajo la vigilancia de su Tribunal Constitucional tras su reciente sentencia frente a la primacía del derecho comunitario) la que, obligada a salvar el euro, fuente última de su mayor riqueza, como recuerda Wolfgang Streek, la que tendrá que conciliar dar pasos adelante hacia la federalización oligárquica y tecnocrática de la UE con las reticencias de los cuatro frugales (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia) a rebajar sus exigencias frente al Sur, buscando así frenar la polarización territorial dentro de la UE. En cualquier caso, las condicionalidades de los préstamos que finalmente se acuerden son ya el principal objeto de disputa entre los gobiernos –y los partidos españoles- y no cabe engañarse sobre lo que pueden significar los ajustes y las nuevas reformas estructurales que se exijan, aunque se tiñan de verde.
La experiencia de la jaula de hierro en que se han convertido la arquitectura institucional de la UE y sus Tratados para cualquier impugnación de su credo neoliberal obliga a buscar alternativas que eviten el falso dilema entre europeísmo y repliegue nacional. Estas podrían ir en el sentido al que se apunta en este artículo: caminar hacia una alianza entre pueblos que presionen a sus gobiernos para que, al margen de los Tratados de la UE, apuesten por una cooperación fiscal armonizada, por hacer frente al expolio que realizan los paraísos fiscales (Luxemburgo, Holanda, Irlanda) presentes en su seno, y por la creación de un fondo soberano común para reconstruir la sanidad pública y financiar el cambio de modelo productivo, entre otras medidas. Una vía que ha de pasar por impedir el retorno a la puesta en vigor del Pacto de Estabilidad y por desobedecer a todas aquellas medidas procedentes de la UE que busquen repetir las políticas austeritarias emprendidas tras la Gran Recesión de 2008.
El centralismo practicado desde el mando único (pese a que luego se ha querido compensar con unas Conferencias de presidencias autonómicas meramente informativas) ha contrastado con la experiencia paralela vivida en Alemania, considerada por el propio PSOE como referente. Se ha vuelto así a poner de relieve la cultura nada federalista de este partido , como se ha podido comprobar con su intento de resucitar el modelo provincial, su reticencia a compartir competencias con las CC AA y el invento del neologismo de la cogobernanza cuando ya se iniciaba la desescalada. Lo paradójico es que la principal confrontación mediática con Sánchez haya sido protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, empeñada en ocultar así su responsabilidad directa en la indignante tragedia humana vivida en muchas residencias de mayores.
El moderado social-liberalismo de que hace gala el gobierno de coalición ante el nuevo escenario contrasta con la beligerancia del bloque formado por PP-Vox, la Brunete mediática y gran parte del poder judicial y policial, dispuestos a intensificar la estrategia de la tensión que ya practicaron en etapas pasadas contra gobiernos considerados ilegítimos. Se ha generado así un clima de bipolarización político-institucional que ha llegado a su máxima expresión hasta ahora con la criminalización del 8M , pese a que va acompañado por las constantes ofertas de diálogo de Sánchez a Casadi en torno a la tan manida reconstrucción.
Sólo Ciudadanos, reducido ahora a 10 escaños, parece prestarse a desmarcarse de PP y Vox para colaborar con Sánchez en la conformación de un extremo centro que le aleje de ERC y presione a UP a resignarse a su condición de subalternidad. La CEOE también parece dispuesta a alcanzar algunos acuerdos con el gobierno y las direcciones sindicales de CCOO y UGT (cuya rebaja constante en sus reivindicaciones no ayuda nada a la clase trabajadora a “salir más fuertes” en la nueva normalidad), a la espera de las ayudas europeas y siempre confiando en el papel clave de la ministra Calviño. Una estrategia que no impide, sino todo lo contrario, hacer valer sus líneas rojas, como estamos viendo en la cumbre promovida recientemente y en la que ya hemos podido escuchar las amenazantes declaraciones de sus primeros espadas en defensa de su seguridad jurídica (eufemismo para su doctrina del shock particular, con el rechazo a la derogación de la reforma laboral y al aumento de impuestos en primer plano).
El debate sobre los próximos presupuestos será la principal prueba de hasta dónde puede llegar la recomposición del mapa político, tras unas elecciones vascas y gallegas en las que el liderazgo de Casado no parece que vaya a salir reforzado y a la espera de un otoño en el que el eurogrupo (¿con Nadia Calviño al frente?) facilite un margen de maniobra suficiente al resiliente Sánchez para seguir adelante en la legislatura. Sobre cuáles pueden ser sus ideas fuerza en la era pos-Covid no es un buen augurio, desde luego, la lista de gente expertaque va a colaborar en esa tarea.
En medio de este clima de tensión dialéctica entre los principales partidos, los escándalos de la monarquía difundidos a escala internacional, especialmente desde Suiza, han obligado a la Fiscalía del Supremo a tomar cartas en el asunto mediante las acusaciones de delito fiscal y blanqueo de capitales contra el rey emérito. Por el contrario, en el parlamento se ha vuelto a rechazar la creación de una comisión de investigación en nombre de la inviolabilidad a perpetuidad de la monarquía, incluso cuando sus actos nada tienen que ver con el ejercicio de su cargo. Un privilegio absurdo e indignante que viene a demostrar hasta qué punto se quiso blindar a la Corona en una Constitución que, por cierto, nunca juró el rey ahora emérito y cuyos negocios sucios acumulados durante todo su reinado no pueden dejar fuera de sospecha a Felipe VI, por mucho que se esfuerce todo el establishment. Es la monarquía como institución antidemocrática y corrupta la que está en tela de juicio y la que ya no podrá impedir que aspiraciones democráticas básicas como el derecho a decidir sobre la forma de Estado, así como sobre el futuro de nuestros pueblos, estén en el centro del debate político en los próximos años.
La crisis político-institucional, por tanto, sigue abierta y el trasfondo de la misma, el de un conjunto de crisis agravadas por la pandemia, también. Es la de un régimen -y una Constitución material- que, consciente de las grietas que se han ido abriendo en su interior, lleva practicando desde hace tiempo una concepción autoritaria del orden público -asociada estrechamente con la de democracia militante- y convertida en doctrina oficial con sentencias como la condena por el delito de sedición que acordó por unanimidad el Tribunal Supremo contra representantes políticos y sociales del procés soberanista catalán. Por eso, como argumentan Benet Salellas e Ignaci Bernat , la recuperación del espacio público de la protesta por las clases populares deberá pasar también por “plantar cara a la normalización de este orden público de excepción” que se nos quiere imponer. Esta es la precondición para ir reconstruyendo nuevos sujetos colectivos y nuevas alianzas políticas entre fuerzas políticas de las izquierdas rupturistas, dispuestas a hacer frente al conjunto de crisis entrecruzadas en el que estamos entrando. Las movilizaciones por una sanidad 100% pública, universal y con todos los recursos necesarios, así como plataformas como el Plan de Choque Social, que cuenta con el respaldo de centenares de organizaciones sociales, son buenos ejemplos a seguir y extender en este nuevo ciclo.
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur
Notas
Como explica Michel Husson en “El caos de la economía mundial”, viento sur, 170, pp. 47-59.
Sobre este y otros escenarios posibles me remito a mi artículo “El (im)posible retorno del Estado al primer plano frente a una catástrofe global”, en Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 11 (Especial), pp. 165-172).
Por referirse a la transformación de la deuda pública de los 13 Estados, heredados de las antiguas colonias inglesas- en una deuda federal por Alexander Hamilton en 1790.
Hace tiempo que el PSOE comparte el miedo al federalismo, incompatible con su nacionalismo español y con la inercia centralista dominante en las distintas instituciones del Estado, incluyendo la cuestión del plurilingüismo, como hemos visto con la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el uso administrativo del valenciano ante Catalunya y Baleares.
Aunque está pendiente todavía el debate en el Tribunal Constitucional sobre la fórmula de juramento para acceder al escaño en el Congreso y que, en caso de ser aceptado el recurso presentado, afectaría a 29 diputados y diputadas.
sobiranies.cat
Con todo, pese a lo que luego se ha calificado desde las derechas, cómo no, de “lapsus bolivariano”, es innegable que la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19 ha abierto una sucesión de crisis: económica, social, política, de cuidados, educativa, pero también y sobre todo anticipo del colapso ecosocial al que nos está conduciendo el modelo civilizatorio capitalista.
Curiosamente, ha sido el prolífico Juan Luis Cebrián quien ha tomado el testigo de las palabras del ministro de Justicia para en un artículo reciente (“Sobre cómo afrontar la crisis constituyente”, El País, 15/06/2020) aceptar que ese diagnóstico tiene un alcance que va más allá del ámbito español, si bien limitando el problema al plano político-institucional: “Es constituyente y es global porque enfrenta las dificultades del sistema representativo para hacer frente a la actual perturbación del orden emanado de la II Gran Guerra”. Vienen luego algunas reflexiones sobre el por qué de los “tumultos” que sacuden a la sociedad estadounidense para luego concentrarse en la situación española, con la inevitable crítica a Podemos y al PSOE de Pedro Sánchez. Frente a ese “Gobierno de la señorita Pepis”, lo que nos propone es el retorno al pasado: reivindicar el legado de Felipe González (¿también el de su paternidad en el terrorismo de Estado de los GAL, confirmada públicamente por los documentos de la CIA de 1984 ahora desclasificados) para acabar pidiendo que “el partido socialista y la derecha moderada”, siguiendo el ejemplo de los grandes empresarios y los sindicatos mayoritarios, se vuelvan a poner de acuerdo para recuperar la perdida estabilidad política.
Así que, tras reconocer la crisis de los sistemas políticos heredados de la II Gran Guerra, al final la alternativa que defiende el presidente de honor de PRISA -y con él un amplio sector de los grandes poderes económicos- se reduce a una mera recomposición del bipartidismo, o sea, al retorno a la centralidad de las fuerzas políticas corruptas responsables de haber aplicado durante años (recordemos uno de los eslóganes más populares del 15M: “PSOE, PP, la misma mierda es”) que siguen estando en el trasfondo de la actual crisis del régimen.
Es cierto que esta crisis se desarrolla ahora en un contexto distinto del que vivimos durante los ciclos abiertos por el 15M y por el procés soberanista en Catalunya y también lo es que la fuerza política que nació con una vocación rupturista está mostrando su disposición, frente a la hostilidad del bloque reaccionario, a conformarse con una mera regeneración del régimen y con políticas sociales compatibles con la economía política dominante. Empero, ni siquiera este nuevo escenario está permitiendo la creación de las condiciones para un consenso en torno a una reforma constitucional, siempre frenada por el miedo a que, conscientes de que tendría que concluir con un referéndum, se convierta en un bumerán que la desborde con cuestiones como la -de nuevo demonizada por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz- plurinacionalidad del Estado, la monarquía y, con mayor razón tras la crisis reciente, la derogación del artículo 135 y el blindaje de derechos sociales y bienes públicos y comunes fundamentales.
Más allá de la crisis de la democracia liberal y de la UE
No faltan, por tanto, razones para diagnosticar que nos encontramos ante una crisis de la democracia liberal representativa a escala global y, en nuestro caso, ante una profunda crisis de régimen. En realidad, ambas vienen de lejos, pero se vieron agravadas desde el estallido de la Gran Recesión en 2008 y ahora con la pandemia de la Covid-19 se han visto definitivamente agravadas. Es lo que se viene constatando desde hace tiempo en la mayoría de los estudios politológicos y sociológicos y que sintetizaba uno de sus referentes, Adam Przeworski, cuando en Crises of democracy (2019: 200) alertaba ante la profundización de las desigualdades sociales como el factor principal que estaba minando las bases mismas de la democracia liberal. Una tendencia que no ha dejado de profundizarse desde los propios estados, ya que no hace falta ser marxista o anarquista para reconocer, como hace este politólogo, que “las formas particulares de nuestras instituciones representativas fueron diseñadas para proteger el statu quo –sea lo que sea, pero fundamentalmente las relaciones de propiedad frente a mayorías temporales”.Ese es el problema fundamental que hoy se plantea a escala global en términos más dramáticos que en el pasado: la imposibilidad de garantizar una vida digna para las grandes mayorías sociales en el marco de un sistema ecocida y estructuralmente injusto y de unos regímenes políticos diseñados para bloquear cualquier dinámica reformista. Un capitalismo que, basado en la razón política neoliberal, se encuentra ante la mayor crisis de su historia, sin visos de salida en forma de V y, sobre todo, ya no es capaz de ofrecer ninguna expectativa de mejora, más allá del consumismo basado en el endeudamiento, a esas clases medias en declive que fueron su sustento principal para su añorada estabilidad política.
Frente a ese panorama de retorno al business as usual y sin que quepan muchas esperanzas en terceras vías neokeynesianas verdes, otro camino se puede iniciar ahora con la ola de movilizaciones antirracistas que se están extendiendo desde EE UU a todo el mundo, convirtiéndose así en la primera expresión pública del malestar popular que se ha ido acumulando durante el Gran Confinamiento. No es casual que haya estallado como respuesta a un racismo sistémico que está en los orígenes del capitalismo y que ha sido reactivado por la extrema derecha, el supremacismo blanco dominante en las viejas potencias imperialistas y, en mayor medida, en unos aparatos policiales diseñados a su servicio. Otras protestas que habían quedado bloqueadas por la pandemia, como la de Chile, o las que se están desarrollando en países de Oriente Medio y África contra el neoliberalismo y regímenes dictatoriales y corruptos, vuelven a ocupar el espacio público. Corresponde ahora redoblar el esfuerzo por ir articulando todas esas luchas con las procedentes del feminismo, del ecologismo, de las que rechazan, en suma, la precarización de nuestros trabajos y nuestras vidas en un planeta cada vez más inhóspito. Quizás así lleguemos a tiempo de construir un nuevo internacionalismo solidario, capaz de frenar la aceleración neoliberal hacia el desastre global y apuntar hacia un cambio de paradigma ecosocialista.
En el marco de la Unión Europea hemos visto también cómo, tras un primer momento de repliegue nacional-estatal, el alto grado de interdependencia económica alcanzado a lo largo de medio siglo está generando una presión a favor de un momento hamiltoniano (como se ha definido en algunos debates) que abra paso a fórmulas cooperativas en su seno para sentar las bases de ese oxímoron que es un crecimiento económico verde e ir haciendo frente al aumento extraordinario del endeudamiento público que le acompañará, especialmente en los países del Sur.
Sin embargo, las enormes asimetrías entre países dentro de la UE van a hacer difícil un consenso que tendrá que ser prácticamente unánime. Será Alemania (bajo la vigilancia de su Tribunal Constitucional tras su reciente sentencia frente a la primacía del derecho comunitario) la que, obligada a salvar el euro, fuente última de su mayor riqueza, como recuerda Wolfgang Streek, la que tendrá que conciliar dar pasos adelante hacia la federalización oligárquica y tecnocrática de la UE con las reticencias de los cuatro frugales (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia) a rebajar sus exigencias frente al Sur, buscando así frenar la polarización territorial dentro de la UE. En cualquier caso, las condicionalidades de los préstamos que finalmente se acuerden son ya el principal objeto de disputa entre los gobiernos –y los partidos españoles- y no cabe engañarse sobre lo que pueden significar los ajustes y las nuevas reformas estructurales que se exijan, aunque se tiñan de verde.
La experiencia de la jaula de hierro en que se han convertido la arquitectura institucional de la UE y sus Tratados para cualquier impugnación de su credo neoliberal obliga a buscar alternativas que eviten el falso dilema entre europeísmo y repliegue nacional. Estas podrían ir en el sentido al que se apunta en este artículo: caminar hacia una alianza entre pueblos que presionen a sus gobiernos para que, al margen de los Tratados de la UE, apuesten por una cooperación fiscal armonizada, por hacer frente al expolio que realizan los paraísos fiscales (Luxemburgo, Holanda, Irlanda) presentes en su seno, y por la creación de un fondo soberano común para reconstruir la sanidad pública y financiar el cambio de modelo productivo, entre otras medidas. Una vía que ha de pasar por impedir el retorno a la puesta en vigor del Pacto de Estabilidad y por desobedecer a todas aquellas medidas procedentes de la UE que busquen repetir las políticas austeritarias emprendidas tras la Gran Recesión de 2008.
Entre la estrategia de la tensión y la nueva normalidad
A lo largo de estos meses de pandemia también hemos visto cómo en el Estado español la respuesta gubernamental ha tenido rasgos comunes con los ya descritos, pero también algunas particularidades notables. Entre ellas, un confinamiento más duro que en la mayoría de la UE (especialmente, en relación con la infancia y las personas mayores), un discurso belicista y patriotero y, sobre todo, mayor impotencia para hacer frente al colapso sanitario. Sólo algunas medidas, necesarias pero insuficientes, de escudo social (simbolizadas principalmente en el Ingreso Mínimo Vital, aplaudido incluso por la presidenta del FMI) están sirviendo para atenuar los peores efectos de una catástrofe social que no tiene visos de frenarse ante la persistencia del viejo modelo del ladrillo y del turismo y del transporte, objetos principales de atención por ahora de la recuperación económica.El centralismo practicado desde el mando único (pese a que luego se ha querido compensar con unas Conferencias de presidencias autonómicas meramente informativas) ha contrastado con la experiencia paralela vivida en Alemania, considerada por el propio PSOE como referente. Se ha vuelto así a poner de relieve la cultura nada federalista de este partido , como se ha podido comprobar con su intento de resucitar el modelo provincial, su reticencia a compartir competencias con las CC AA y el invento del neologismo de la cogobernanza cuando ya se iniciaba la desescalada. Lo paradójico es que la principal confrontación mediática con Sánchez haya sido protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, empeñada en ocultar así su responsabilidad directa en la indignante tragedia humana vivida en muchas residencias de mayores.
El moderado social-liberalismo de que hace gala el gobierno de coalición ante el nuevo escenario contrasta con la beligerancia del bloque formado por PP-Vox, la Brunete mediática y gran parte del poder judicial y policial, dispuestos a intensificar la estrategia de la tensión que ya practicaron en etapas pasadas contra gobiernos considerados ilegítimos. Se ha generado así un clima de bipolarización político-institucional que ha llegado a su máxima expresión hasta ahora con la criminalización del 8M , pese a que va acompañado por las constantes ofertas de diálogo de Sánchez a Casadi en torno a la tan manida reconstrucción.
Sólo Ciudadanos, reducido ahora a 10 escaños, parece prestarse a desmarcarse de PP y Vox para colaborar con Sánchez en la conformación de un extremo centro que le aleje de ERC y presione a UP a resignarse a su condición de subalternidad. La CEOE también parece dispuesta a alcanzar algunos acuerdos con el gobierno y las direcciones sindicales de CCOO y UGT (cuya rebaja constante en sus reivindicaciones no ayuda nada a la clase trabajadora a “salir más fuertes” en la nueva normalidad), a la espera de las ayudas europeas y siempre confiando en el papel clave de la ministra Calviño. Una estrategia que no impide, sino todo lo contrario, hacer valer sus líneas rojas, como estamos viendo en la cumbre promovida recientemente y en la que ya hemos podido escuchar las amenazantes declaraciones de sus primeros espadas en defensa de su seguridad jurídica (eufemismo para su doctrina del shock particular, con el rechazo a la derogación de la reforma laboral y al aumento de impuestos en primer plano).
El debate sobre los próximos presupuestos será la principal prueba de hasta dónde puede llegar la recomposición del mapa político, tras unas elecciones vascas y gallegas en las que el liderazgo de Casado no parece que vaya a salir reforzado y a la espera de un otoño en el que el eurogrupo (¿con Nadia Calviño al frente?) facilite un margen de maniobra suficiente al resiliente Sánchez para seguir adelante en la legislatura. Sobre cuáles pueden ser sus ideas fuerza en la era pos-Covid no es un buen augurio, desde luego, la lista de gente expertaque va a colaborar en esa tarea.
En medio de este clima de tensión dialéctica entre los principales partidos, los escándalos de la monarquía difundidos a escala internacional, especialmente desde Suiza, han obligado a la Fiscalía del Supremo a tomar cartas en el asunto mediante las acusaciones de delito fiscal y blanqueo de capitales contra el rey emérito. Por el contrario, en el parlamento se ha vuelto a rechazar la creación de una comisión de investigación en nombre de la inviolabilidad a perpetuidad de la monarquía, incluso cuando sus actos nada tienen que ver con el ejercicio de su cargo. Un privilegio absurdo e indignante que viene a demostrar hasta qué punto se quiso blindar a la Corona en una Constitución que, por cierto, nunca juró el rey ahora emérito y cuyos negocios sucios acumulados durante todo su reinado no pueden dejar fuera de sospecha a Felipe VI, por mucho que se esfuerce todo el establishment. Es la monarquía como institución antidemocrática y corrupta la que está en tela de juicio y la que ya no podrá impedir que aspiraciones democráticas básicas como el derecho a decidir sobre la forma de Estado, así como sobre el futuro de nuestros pueblos, estén en el centro del debate político en los próximos años.
La crisis político-institucional, por tanto, sigue abierta y el trasfondo de la misma, el de un conjunto de crisis agravadas por la pandemia, también. Es la de un régimen -y una Constitución material- que, consciente de las grietas que se han ido abriendo en su interior, lleva practicando desde hace tiempo una concepción autoritaria del orden público -asociada estrechamente con la de democracia militante- y convertida en doctrina oficial con sentencias como la condena por el delito de sedición que acordó por unanimidad el Tribunal Supremo contra representantes políticos y sociales del procés soberanista catalán. Por eso, como argumentan Benet Salellas e Ignaci Bernat , la recuperación del espacio público de la protesta por las clases populares deberá pasar también por “plantar cara a la normalización de este orden público de excepción” que se nos quiere imponer. Esta es la precondición para ir reconstruyendo nuevos sujetos colectivos y nuevas alianzas políticas entre fuerzas políticas de las izquierdas rupturistas, dispuestas a hacer frente al conjunto de crisis entrecruzadas en el que estamos entrando. Las movilizaciones por una sanidad 100% pública, universal y con todos los recursos necesarios, así como plataformas como el Plan de Choque Social, que cuenta con el respaldo de centenares de organizaciones sociales, son buenos ejemplos a seguir y extender en este nuevo ciclo.
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur
Notas
Como explica Michel Husson en “El caos de la economía mundial”, viento sur, 170, pp. 47-59.
Sobre este y otros escenarios posibles me remito a mi artículo “El (im)posible retorno del Estado al primer plano frente a una catástrofe global”, en Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 11 (Especial), pp. 165-172).
Por referirse a la transformación de la deuda pública de los 13 Estados, heredados de las antiguas colonias inglesas- en una deuda federal por Alexander Hamilton en 1790.
Hace tiempo que el PSOE comparte el miedo al federalismo, incompatible con su nacionalismo español y con la inercia centralista dominante en las distintas instituciones del Estado, incluyendo la cuestión del plurilingüismo, como hemos visto con la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el uso administrativo del valenciano ante Catalunya y Baleares.
Aunque está pendiente todavía el debate en el Tribunal Constitucional sobre la fórmula de juramento para acceder al escaño en el Congreso y que, en caso de ser aceptado el recurso presentado, afectaría a 29 diputados y diputadas.
sobiranies.cat
Fuente → vientosur.info
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