De entre todos los asuntos turbios que habitan la zona de niebla
de la memoria reciente española hay uno que se resiste con especial saña
a ser esclarecido: los miles de bebés robados que desaparecían de los brazos de sus madres tras el parto.
El pasado 23 de junio, en medio del griterío habitual, mientras se
aclaraba qué es eso de la nueva normalidad, las asociaciones que llevan
décadas trabajando para que este tema se aclare consiguieron una
victoria histórica. Con los únicos votos en contra de Vox, el Congreso
de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español promovida
por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) a
propuesta de la asociación "Todos los niños robados son también mis
niños", entidad integrante de esta Coordinadora.
Hoy se puede decir que se está más cerca de saber qué pasó con los
miles de casos de posibles bebés robados. Y digo "miles" porque una de
las primeras interrogantes de este asunto es que ni siquiera se conocen el número de denuncias.
Las asociaciones han conseguido saber que desde 2011 hasta 2019 la
Fiscalía abrió 2134 diligencias de investigación, de las cuales 526 ha
sido judicializadas y en resto archivadas. De las primeras, tampoco
existe información pública del momento procesal en que se encuentran.
La Proposición de Ley aprobada en el Congreso hace unos días recoge
los principios de Naciones Unidas del derecho a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, e
incorpora las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
para investigar sobre el robo de niños en nuestro país. Aconsejo leer
dichas recomendaciones, en las que se podrá comprobar cómo la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo "Lamenta el abandono, la
indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las
autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones
de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora; pide a las autoridades
españolas que se comprometan a entablar de manera oportuna un diálogo
reforzado y continuado con los peticionarios y las asociaciones de
afectados; ", y, entre otras cosas, "Se congratula de las disculpas
ofrecidas por la Iglesia católica a las mujeres víctimas de adopciones
forzadas en el Reino Unido, y anima a un reconocimiento similar de las
víctimas en España".
La Proposición de Ley plantea actuar sobre todos los casos de bebés robados desde el 17 de julio de 1936,
sin fecha final, por lo que permitiría acoger tanto los casos ocurridos
durante la dictadura como en la democracia. No hay que olvidar que
existen denuncias de casos de bebés robados hasta bien entrada la
democracia, pero ni siquiera se sabe el año exacto de los últimos casos.
El texto de la proposición de ley recoge las principales reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen:
1. Garantizar el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés.
2. Reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre
las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de
archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y
hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de
exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención
médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y
difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra
la humanidad no vuelva a repetirse jamás.
3. Reconocer la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad.
4. Cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y
especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los
Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
5. Integrar a todas las víctimas por el robo de
bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después, las familias
que buscan y las personas en busca de su identidad.
6. Crear una Fiscalía Especial, una Unidad de
Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el
Derecho a la Identidad.
7. Crear una Base de datos que elaborará un censo de
todos los casos, y un Banco de ADN nacional, cuyas pruebas serán
gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus
familias.
8. Garantizar la participación de las víctimas a través de sus representantes.
Resulta perturbador que ahora, cuando una pandemia nos ha dejado en
estado de shock y andamos debatiendo sobre la recuperación económica, la
renovación del contrato social y pidiendo fondos europeos para la
modernización, de la mano de la digitalización y la descarbonización de
la economía, tengamos asignaturas como esta, de primero de democracia,
todavía sin aprobar.
Fuente → infolibre.es
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