A casi 50 años de la muerte de Franco, las "minorías perifericas" tumban una de sus "Leyes de Nuremberg"

¿Cómo pudo convivir ese fósil legal franquista con un régimen que se consideraba así mismo como "democrático"?

A casi 50 años de la muerte de Franco, las "minorías perifericas" tumban una de sus "Leyes de Nuremberg" / Aday Quesada:

Cuatro veces cuatro. En efecto, es la cuarta vez en estos últimos 4 años que el Parlamento español discute una Ley de Secretos Oficiales cuyo nacimiento se remonta nada menos que al año 1968. Con esta normativa legal, la dictadura franquista pretendió que sus leales servidores pudieran contar con un blindaje legal que los protegiera después de que el dictador la hubiera diñado. Y con toda humildad, a fuer de ser sinceros, hay que reconocer que lo consiguió.

Como si se tratara de un fósil prehistórico, preservado en formol, la Ley de Secretos Oficiales del franquismo atravesó indemne los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy… y a punto ha estado de pasarse también ahora por el arco del triunfo a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La verdad es que no tiene mucho de extraño. A todos ellos les interesaba que dada la envergadura de la estafa politica que durante años estuvieron manejando, el secretismo fuera mantenido a toda costa.

Ha sido la suma y el poder de los escaños de las llamadas "minorías periféricas" las que han permitido darle un leve "empujoncito" a la reforma de la ley franquista. Aunque nada del otro mundo, hay que decirlo. Y hasta tal punto "no es nada del otro mundo" que si ahora el gobierno de Pedro Sánchez decidiera declarar "materia clasificada" a cualquier asunto tenebroso en el que se viera envuelto, sólo dentro de 30 años, con 78 años de edad, sería posible investigarlo.

El hecho de que la "Ley de secretos" de la dictadura de Franco sobreviviera hasta nuestros días constituye una auténtica excepción dentro del actual marco institucional europeo. Su existencia hasta hoy ha sido algo así como si las leyes dictadas por los nazis en Nüremberg en los años 30 en Alemania, continuaran conservando su vigencia legal en ese país hasta nuestros días.

En el Estado español todo aquello que fuera considerado como como "materia clasificada", no prescribía jamás. Por si fuera poco, "la ley del 68", proporcionada una extraordinaria manga ancha para que los Ministerios gubernamentales pudieran clasificar como "secretos" aquellos documentos o deliberaciones que estimaran oportunas. No sólo se convertían en inimputables ante la justicia -que ya lo eran- , sino que además no podían ser siquiera enjuiciados por la Historia.
 
Ha tenido que ser el Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo de otras minorías, el que ahora hiciera suya la tarea de modificar esta arqueológica ley de la dictadura. Según su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, es importante que el Estado español no continuara siendo la excepción europea, de tal manera que los historiadores, investigadores, periodistas y el conjunto de la ciudadanía de este país, dispusieran de la posibilidad de investigar, abordar, comentar y tratar aquellos acontecimientos a los que la "Caja negra" del secretismo oficial continuaba teniendo sometido a los cuatro candados de las prohibiciones.

En el curso del debate parlamentario sobre el tema, la diputada Mireia Vehí, (CUP) denunció el rechazo expresado por la actual mayoría de los parlamentarios a la comparecencia de Felipe González, ante una Comisión de investigación, que propuso EH Bildu. La diputada Vehí recordó igualmente la justificada sospecha existente sobre el papel desempeñado por por Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La representante de las CUP citó textualmente las páginas del libro de la periodista Pilar Urbano "La Gran Desmemoria", en la que está da cuenta de de las dudas del propio Adolfo Suárez sobre la implicación del monarca en el levantamiento encabezado por el segundo jefe del Estado Mayor, Alfonso Armada.

Por su parte, Oskar Matute, diputado de EH Bildu, realizó una defensa de la derogación de la ley porque en su opinión “una manera de mentir es ocultar qué pasó con la "guerra sucia", qué había detrás del "plan Zen", que se aplicó en Euskal Herria. El diputado abertzale recordó como los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala sólo pudieron ser conocidos no a través de los procedimientos legales, sino gracias a una filtración documental.
 
La formación ultraderechista Vox, por su parte, avisó de que iba votar en contra de la reforma de la "Ley de Secretos Oficiales". El militar-diputado de la formación ultramontana, Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, ex capitán general del Ejército, alegó que las propuestas de enmienda del PNV dejarán “los secretos de Estado expuestos a la vista pública y a disposición de los enemigos de España tanto en el interior como fuera de nuestras fronteras… “Los intereses de España son eternos y perpetuos, nuestra obligación es velar por ellos”, dijo.

En cualquier caso, lo peculiar de esta modificación legislativa no consiste, a nuestro entender, en que necesitara más de medio siglo para se cambiada, sino que lo realmente asombroso es que un régimen político que se consideraba a sí mismo como democrático, conviviera felizmente con ella durante 40 largos años. 


banner distribuidora