Proyecto Faq La muerte de Billy el niño y un Estado que protege a criminales franquistas

sábado, 9 de mayo de 2020

La muerte de Billy el niño y un Estado que protege a criminales franquistas



La defunción de Antonio González Pacheco extingue su responsabilidad criminal, la de un canalla, pero no así la de otros miembros de la Brigada Político-Social que también torturaron

La muerte de Billy el niño y un Estado que protege a criminales franquistas / Jacinto Lara Bonilla:

Este jueves 7 de mayo tuvimos conocimiento del fallecimiento de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Antonio González Pacheco formó parte de la temida Brigada Político-Social, la policía política franquista, que actuaba en todo el territorio del Estado reprimiendo dura y brutalmente cualquier atisbo de oposición al régimen dictatorial.

Fueron miles de personas las que, tras ser detenidas, pasaron por las dependencias siniestras de la Brigada Político-Social y sometidas a salvajes torturas. Y esas torturas, en las que tan activamente participó González Pacheco, no eran casos aislados. Eran una práctica sistemática a la que se sometía a la inmensa mayoría de detenidos. Es importante destacar este aspecto, porque el empleo de torturas de forma sistemática o generalizada contra la población civil es lo que confiere un plus de gravedad al propio delito y por ello puede y debe ser tipificado como crimen internacional, como crimen contra la humanidad.

Fueron miles de personas las que, tras ser detenidas, pasaron por las dependencias siniestras de la Brigada Político-Social y sometidas a salvajes torturas. No eran casos aislados

Al calificarse el delito como crimen contra la humanidad, este no prescribe ni puede ser objeto de amnistía alguna, conforme a la normativa internacional tanto de carácter convencional como consuetudinaria. El Estado español está obligado a respetar y aplicar esa normativa al haber suscrito y ratificado multitud de convenios y tratados internacionales en la materia. Estos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno conforme a lo dispuesto, entre otras disposiciones, en los artículos 96 y 10.2 de la Constitución española. Así se le ha venido exigiendo reiteradamente desde el Consejo de Europa y desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras instancias internacionales.

Y a pesar de ello, ¿por qué el Estado español se niega a investigar y enjuiciar los crímenes internacionales que se cometieron durante la dictadura franquista? La respuesta es sencilla: por razones estrictamente políticas, que no jurídicas. Esto es, nos encontramos ante un Estado democrático y de derecho que no aplica el ordenamiento jurídico que está obligado a aplicar, manteniendo así políticas de impunidad que afectan a la sociedad en su conjunto y cuyos resultados se extienden hasta el día de hoy.

En marzo de 2018 el Congreso de los Diputados, gracias los votos de los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, rechazó, una vez más, modificar la Ley de Amnistía –ni siquiera se planteó su derogación–. Dicha modificación tenía por objeto introducir una disposición que estableciera de forma clara y rotunda que dicho texto legal no podía impedir la investigación y el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura franquista.

En el caso de Antonio González Pacheco, como era habitual, fue condecorado y premiado por el Estado español durante la dictadura, la transición política y durante la democracia. Se le promocionó, premió y protegió.

Pero Antonio González Pacheco estaba imputado en la denominada querella argentina por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Las autoridades judiciales argentinas pidieron su extradición y la Audiencia Nacional española rechazó en 2014 dicho pedido al considerar que los delitos de torturas que se le imputaban habían prescrito. Conviene recordar que la Fiscalía, que también se opuso a la extradición de Antonio González Pacheco, poco menos que de forma balbuceante sugirió que debía ser juzgado por los tribunales españoles en aquella vista extradicional en la que se prohibió grabar imagen alguna de Billy el Niño. También se le protegía hasta ese extremo.

Hasta la fecha y desde junio de 2017, se han presentado en los tribunales españoles dieciocho querellas criminales por torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad contra Antonio González Pacheco y otros miembros de la Brigada Política Social. La totalidad de las querellas han sido rechazadas, han sido archivadas por los juzgados de instrucción. En dichas causas la Fiscalía se ha opuesto a que dichas querellas fueran admitidas a trámite, a que se investigaran los delitos. Contra dichas resoluciones judiciales se han interpuesto los correspondientes recursos al objeto de agotar la vía judicial interna y que los querellantes puedan acudir a instancias internacionales denunciando, una vez más, la actuación tan sumamente vergonzosa que el Estado español mantiene en relación con esta cuestión.

La muerte de Antonio González Pacheco pone de manifiesto, aún más si cabe, que las políticas de Estado articuladas para garantizar la impunidad de los criminales, de los victimarios, pueden resultar efectivas cuando además se conjugan con el elemento temporal.

Pero que no se confíen. El movimiento social que reclama justicia en este ámbito es más potente y activo cada día que pasa, y seguirá demandando con fuerza que el Estado deje de amparar y proteger a criminales franquistas. Una vez más, por lo dicho anteriormente, nos encontramos con una realidad judicial y política que no está siquiera mínimamente en consonancia con una realidad social cada día más extendida.

La muerte de Antonio González Pacheco extingue su responsabilidad criminal, la responsabilidad criminal de un canalla, pero no así la de otros miembros de la Brigada Político-Social que también participaron en los crímenes de tortura denunciados. Así que seguimos, continuamos y no vamos a parar hasta que obtengamos, aún de forma extemporánea, una respuesta adecuada a los reclamos de justicia.
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Jacinto Lara Bonilla es abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).


Fuente → ctxt.es

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