La extraordinaria crisis sanitaria y económica está mostrando cada vez más el carácter real de las cosas. Así, el escándalo surgido por la “investigación” judicial sobre la responsabilidad de la manifestación del 8 de marzo en Madrid en la propagación de la epidemia de Covid-19, está mostrando el carácter profundamente reaccionario del aparato del Estado, infestado hasta la médula de franquistas y reaccionarios en general.
¡Depuración del aparato del Estado de reaccionarios y franquistas! ¡Elección y revocabilidad de jueces, policías y guardias civiles directamente por el pueblo! / :
Los rangos altos y medios de la Justicia, la policía, guardia
civil y el ejército tienen como misión principal defender sus
privilegios como parásitos vividores del Estado, defender al capitalismo
español y, por tanto, defender la base de su poder y de la clase
capitalista a la que representan: la propiedad privada de los medios de
producción de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.
Ataques contra el 8M
La derecha y buena parte del aparato del Estado enloqueció con
la formación del Gobierno PSOE-UP, muestra de su profunda aversión a la
democracia, por muy limitada que esta sea. Esto es tan solo la
confirmación de su herencia franquista, que está bien enquistada en sus
tradiciones, moral y formas de actuar, y la farsa de la Transición, que
se vendió por parte de los mismos PSOE y PCE como un éxito democrático
cuando en realidad fue una traición a las aspiraciones republicanas y
socialistas de millones de trabajadores y jóvenes.
Los ataques de la derecha se han ido intensificando a medida
que lo ha ido haciendo también la crisis sanitaria y económica. Uno de
sus principales frentes ha sido la celebración del día de la mujer
trabajadora el pasado 8 de marzo, que ha sido tomada como un ariete en
su ataque al gobierno, con la participación del aparato judicial y de
la guardia civil. Este ataque contra la lucha de la mujer por su
emancipación no es casual, sino que expresa directamente el carácter
profundamente atrasado y reaccionario de una buena parte de la clase
dominante española y sus lacayos.
Sin entrar en detalles, está claro que la celebración del 8M se
llevó a cabo antes de que se supiera el impacto real que iba a tener la
COVID-19. Es más, el ataque de la derecha confirma su hipocresía
carácter de clase, ya que no dicen nada de que el 8M y en los días
previos se mantuvo la actividad económica habitual, juntando a millones
en sus centros de trabajo, con la utilización masiva del transporte
público, con estadios de futbol abarrotados, lo mismo que centros
comerciales, tiendas, museos, cines, etc. incluyendo la celebración ese
mismo día del Congreso de Vox con varios miles de participantes, con
Ortega Smith participando a sabiendas que podría estar infectado. Por
otro lado, muestra el método sin escrúpulos de la derecha y del aparato
del Estado, que están utilizando la situación actual de crisis sanitaria
como un palo para golpear a todo lo que huela a progresista como el
mismo 8M. Y en cualquier caso, todos los expertos coinciden en que el
impacto de la manifestación del 8M en Madrid en la extensión de la
epidemia
Dicho todo esto, hay que ser claros. Nuestros derechos
democráticos, específicamente en este caso el de manifestación, deben
ser defendidos a toda costa, haya o no Estado de Alarma, sea legal o
ilegal, porque son las herramientas de la clase obrera y de la juventud
para hacer frente a los ataques de la burguesía y su aparato represor.
Otra “ejemplar investigación” de los cuerpos represivos
Todo este caso es un escándalo de principio a fin, empezando
por la instrucción de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, vinculada al PP y
al anterior ministro de justicia de Rajoy, Rafael Catalá.
Rodríguez-Medel fue quien sobreseyó los casos de Cifuentes y Casado por
sus falsos “másteres” en la Universidad Rey Juan Carlos. Claramente, la
aceptación de la instrucción de este caso es una maniobra política de la
derecha y esta jueza sirve conscientemente a esos intereses
reaccionarios.
La “investigación” de la guardia civil sobre la supuesta
prevaricación del delegado del gobierno en Madrid por permitir la
manifestación del 8M a sabiendas supuestamente de que iba a extender la
epidemia es todo un escándalo, por su contenido político como hemos
dicho más arriba, por el método y por su “calidad”. Aun con la larga
experiencia con la que cuentan estos agentes de tricornio del
capitalismo español, sólo son capaces de elaborar una verdadera chapuza.
Cuando se está al servicio de la mentira, la violencia y la opresión,
como fue históricamente el caso de la Guardia Civil desde su creación,
eso necesariamente debe reflejarse en la capacidad intelectual de sus
operadores. Su profunda descomposición se expresa a través de su
mediocridad, incompetencia y mano dura, mientras que también expresa su
desprecio hacia el pueblo, tratándolo de imbécil.
Como indican las revelaciones del eldiario.es, la “investigación” de la guardia civil se basa en bulos ya desmentidos, noticias tergiversadas, fechas incorrectas y hasta en testimonios manipulados. Una de las fuentes que se utilizan para elaborar el escrito es el diario de las cloacas, OKDiario, dirigido por el destacado perro de presa del capitalismo español, Eduardo Inda. Cualquiera que haya ojeado OKDiario
sabe que no es nada más que una herramienta para atacar a la izquierda
de la manera más sucia. Que la guardia civil lo emplee como punto de
referencia expresa, otra vez, su carácter atrasado y reaccionario,
mientras que a la vez revela algo más importante: cómo funciona
realmente la defensa de los intereses de los ricos.
La libertad de expresión, bajo una sociedad dividida entre un
puñado de explotadores y una mayoría de explotados, es una ilusión.
Quienes dominan la prensa, radio, TV, etc. son los grandes ricos, que
emplean sus recursos para perpetrar su dominación de clase. Y como
estamos viendo, esto tiene consecuencias prácticas, ya que la guardia
civil tiene todo el derecho justificado de apoyarse en información
expuesta por un medio “legal”, “formalizado” y con acreditación de
prensa. De esta forma se crea un tándem efectivo: unos se inventan
noticias, tuercen la verdad, difunden bulos, mientras los otros las
utilizan como fuentes de investigación, persecución y represión.
La justicia funciona de forma parecida. Toda “independencia” de
esta institución es un engaño. De manera general, leyes se crean o
desechan, se aplican sentencias de una forma u otra, se investiga, etc.
en función de los intereses de los grandes empresarios y banqueros y la
defensa de sus privilegios. La sentencia del Tribunal Supremo fallando a
favor de la banca en el caso sobre las hipotecas es un ejemplo
reciente. La ley y su aplicación no caen del cielo, sino que son
producto de las condiciones materiales del momento. En este sentido,
cabe preguntar ¿Por qué no se está investigando a Vox por celebrar su
congreso el mismo día 8 de marzo, o a la presidenta de la Comunidad de
Madrid por no haber limitado el uso del transporte públicos del Metro y
de los autobuses urbanos municipales y que mueven al día cerca de 2
millones de pasajeros sin apenas distancia entre ellos?
Todos los expertos confirman que si alguna incidencia tuvo la
extensión de la epidemia fue justamente el trasporte público, y añadimos
nosotros: la codicia de los empresarios por mantener la actividad
productiva en las áreas industriales y comerciales no esenciales de
Madrid y Barcelona, incluso después de declarado el Estado de Alarma
Sin embargo, nada de esto nos debería sorprender. La clase
dominante española y sus lacayos han basado su dominación no en el
progreso y la democracia, sino en la reacción y la represión. Como ya
dijimos durante el juicio al “procés” catalán, o en la detención de los
activistas de los CDRs, donde la mentira, la exageración y la
tergiversación fueron los métodos de la acusación, no se trata de una
manzana podrida aquí o allá, sino que se trata de la putrefacción de
todo el aparato del Estado en su conjunto, y avisamos que estos ataques y
métodos en la lucha contra el independentismo catalán iban a ser
utilizados tarde o temprano contra la izquierda en todo el Estado, como
ya habían sido utilizados contra la izquierda independentista vasca
bastante años atrás uno de cuyas últimos coletazos ha sido la prisión de
hasta 8 años de varios jóvenes de Alsasua (Navarra) por una pelea de
bar con dos guardias civiles. Ahora, todos aquellos que miraron para
otro lado o que incluso defendieron la actuación de la justicia burguesa
en la causa contra el independentismo, están aprendiendo en base a la
experiencia de este Gobierno de PSOE-UP.
El cese de Pérez de los Cobos
El cese del director de la guardia civil de Madrid, Pérez de
los Cobos, está totalmente justificado. No sólo porque era un
reaccionario con un oscuro pasado, es que resulta improbable que no
estuviera en el ajo de esta trama.
Esto no es extraño. Ya avisamos en su momento que el aparato
del Estado neofranquista pasaría a la acción contra el gobierno cuando
viera la ocasión propicia, y ahora se siente alentado porque la base
social de la derecha está movilizada. Pérez de los Cobos tuvo vínculos
familiares con la fascista Fuerza Nueva en la Transición, se ofreció
como voluntario a los golpistas del 23F, y fue quien dirigió el aparato
de represión contra el "otoño catalán" de 2017. Su hermano, juez, fue
presidente del Tribunal Constitucional con el PP, en lo que es un
clásico del carácter del aparato del Estado y de los vínculos familiares
que existen en su seno. Algunas informaciones han filtrado que Pérez de
los Cobos, dejó hacer a los fachas para que merodearan sin cortapisas
por la casa de Iglesias e Irene Montero para acosarlos en los días
pasados.
Al cese de Pérez de los Cobos debe seguirle la apertura de un
expediente de expulsión de la Guardia Civil y enjuiciamiento de todos
los integrantes de la “brigada judicial” que elaboraron y suministraron a
la jueza Rodríguez-Medel las falsas y manipuladas “pruebas”
inculpatorias contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco y el
doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
En esta línea de actuación, acabamos de ver también la decisión escandalosa del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón de desimputar al excomisario Villarejo, acusado de prácticas mafiosas, y a OkDiario de Inda, por el caso del pendrive robado a la colaboradora de Iglesias, Dina Bousselham. Esto no es casualidad.
En esta línea de actuación, acabamos de ver también la decisión escandalosa del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón de desimputar al excomisario Villarejo, acusado de prácticas mafiosas, y a OkDiario de Inda, por el caso del pendrive robado a la colaboradora de Iglesias, Dina Bousselham. Esto no es casualidad.
Vimos también la confraternización y simpatía de miles de policías nacionales y locales y de guardias civiles con las protestas de Vox y la derecha en días pasados. A este respecto, recomendamos leer un informe de Última Hora (¿Obedece la policía a Grande-Marlaska?) sobre la composición actual de la Policía nacional, plagada de fascistas y ultraderechistas desde la base hasta la cúpula, donde se recogen testimonios de los escasos policías de a pie que se declaran de izquierda, y donde uno de ellos declara abiertamente: “En España tenemos una policía militarizada que está al servicio del poder y no del pueblo”.
Todo este conjunto de togados y uniformados, que parasita el
aparato del Estado con enormes ingresos y privilegios con los dineros
del pueblo para servir a sus amos, son enemigos declarados de la clase
trabajadora y de todo lo que existe de vivo y progresista en la
sociedad.
Por eso nos oponemos completamente a la “paguita” aprobada de
forma exprés por el gobierno para aplacar el descontento de los
franquistas y reaccionarios en la base de la policía y la Guardia Civil,
por el cese de Pérez de los Cobos, premiándolos con un aumento salarial
¡del 20%! que se suma a los 400€ que les subieron el año pasado, con la
excusa de equiparar sus salarios con los de las policías autonómicas
vasca y catalana. Esto supone sueldos mensuales de entre 2.100€ y
3.000€, un agravio para los demás trabajadores del sector público y
privados, que son más útiles y necesarios para la sociedad que toda esta
banda reaccionaria, estando una gran parte de ellos precarizados, como
los trabajadores sanitarios.
Está claro, como ha demostrado nuevamente este caso, que el aparato del Estado escapa a cualquier control del pueblo, a quien debería servir, incluyendo aquellos que dependen directamente del gobierno, como la policía, la guardia civil y el ejército. Los escasos miembros progresistas de estas fuerzas son marginados, represaliados o expulsados sin que el gobierno se atreva a cuestionar nada.
Es por todo esto que no podemos depositar ninguna confianza en estos estamentos que representan el “cuerpo de hombres armados en defensa de la propiedad”, como los definió Federico Engels.
La casta rancia que domina la economía y la política, con su
secular miedo y odio a las masas trabajadoras siempre han tenido en el
ejército y la guardia civil su última línea de defensa. Por eso no es
casual que salieran estos días a gritar su histeria en los medios de
comunicación y en el parlamento. Así, el portavoz del PP en el Congreso,
García Egea, hizo apología pública a favor de la insubordinación de la
Guardia Civil ante el gobierno. O la “marquesita” Alvarez de Toledo, esa
repelente y digna representante de su casta, que insultó a Pablo
Iglesias llamando “terrorista” a su padre, que fue un luchador
antifranquista pagando cárcel por ello.
Cómo depurar el aparato del Estado
Por todo lo anterior, exigimos la depuración de fascistas y
reaccionarios de todo este aparato de Estado, a través de comités
formados por representantes de los sindicatos obreros, movimientos
sociales y de los propios trabajadores civiles en dichos organismos, así
como la supervisión del ideario de las academias de policía, guardia
civil y ejército. Exigimos la elección de los jueces por sufragio
popular, en cada zona geográfica, y de los integrantes del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional, y la disolución de la Audiencia
Nacional, heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público.
Que ningún funcionario público de la responsabilidad que sea,
sea juez policía, guardia civil u oficial del ejército, cobre un salario
superior al del promedio de un obrero cualificado. La población debe
tener el derecho de elegirlos y revocarlos en cualquier momento de sus
puestos y oficios.
A esto debemos añadir la derogación integral de la ley mordaza y
de la Ley Antiterrorista, y una reforma progresista del Código Penal
que elimine el articulado reaccionario introducido en las últimas
décadas.
Que esto puede ser llevado a cabo, íntegra o parcialmente,
depende de la voluntad política del actual gobierno y de las
organizaciones obreras y de izquierda que lo apoyan, que deberían
movilizar activamente a las masas de la clase trabajadora.
Ya, espontáneamente, miles de jóvenes y trabajadores están
desafiando las provocaciones de la derecha. Siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan, tomando las precauciones necesarias, se podría
movilizar a millones en las calles para enseñarle los dientes a esta
caterva reaccionaria y llevar adelante esta reforma progresista integral
del aparato del estado, apoyándose en la sólida mayoría absoluta
parlamentaria de la izquierda tanto en el Congreso como en el Senado.
Dirigentes obreros y sociales de prestigio, como Diego Cañamero,
impulsor en su momento de las Marchas de la Dignidad, han llamado ya a
poner un movimiento de masas en la calle sobre esto. De lo que se trata
es de pasar de las palabras a los hechos
Pero la única manera de demoler completamente este aparato de
Estado, vinculado por mil y un hilos con la oligarquía económica, es con
la transformación socialista de la sociedad, que organice un nuevo tipo
de Estado, completamente democrático formado por la clase trabajadora
misma y bajo su control.
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