Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas
El experto en derechos humanos repasa el mundo actual, cruzado por la
pandemia: desde los pedidos de domiciliaria para represores argentinos
hasta los proyectos de leyes de amnistía en Chile y El Salvador. El
golpe de Estado en Bolivia, el caso brasilero, el bloqueo redoblado en
Cuba, la idea de "reconciliación" que siguió Sudáfrica y la herida
abierta del franquismo, forman parte de este estado de situación.
Fabián Salvioli tiene una trayectoria vinculada al derecho en el plano internacional. Es autor del libro La universidad y la educación en el Siglo XXI, lo que indica que en el campo disciplinar al que dedicó su vida está presente la pedagogía. Hoy es
relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la
reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas. La
extensa definición de su cargo, no obstante, es imposible que supere a
su condición de experto en derechos humanos formado en La Plata, su
ciudad natal. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas. Él prefiere
hablar más desde esta condición académica y no porque el cargo ocasional
que ocupa desde el 1° de mayo de 2018 le confiera un status de
funcionario especial. Lo remarca un par de veces a lo largo de la
entrevista y parece sentirse mejor así cuando responde todos los temas:
desde los pedidos de prisión domiciliaria para represores argentinos que
invocan la pandemia para conseguir ese beneficio hasta los proyectos de
leyes de amnistía en Chile y El Salvador o el golpe de Estado en
Bolivia.
- Tras la cuarentena que decretó el gobierno nacional
proliferaron pedidos para que se les otorgara a condenados o procesados
por delitos de lesa humanidad la prisión domiciliaria. ¿Qué piensa de
esta cuestión?
- Una sociedad tiene que ser muy clara en la condena y en el
cumplimiento efectivo de las penas para quienes han cometido los delitos
más graves y, naturalmente, los delitos contra la humanidad lo son.
Esto no quiere decir que el Estado no pueda atender determinadas
situaciones o particularidades. Pero eso no puede ser usado como excusa
para la impunidad de hecho. Las personas que suelen estar condenadas por
crímenes contra la humanidad en la Argentina y en todo el mundo son las
que tienen un grado de cumplimiento de las penas más favorable. En
general y por razones de seguridad. No pueden estar en pabellones
multitudinarios. Yo entiendo que debe haber liberaciones de personas, pero estas serían las últimas en la lista.
- En el caso de las prisiones domiciliarias, ¿haría diferencias
entre un condenado por delitos de lesa humanidad con el que está
procesado?
- Es una pregunta difícil. Primero deberíamos ver todas las personas
que están hacinadas en las cárceles de la República Argentina. Una vez
que esas personas obtuvieran inmediatas alternativas de prisión,
analizaría delito a delito, desde los menos graves a los más graves. Una
vez que llegáramos a la situación de los delitos más graves y el de
crímenes contra la humanidad es el más grave de todos, entonces
deberíamos ver quiénes están en prisión preventiva y en última instancia
quiénes están condenados. Pero claro, sin dar una señal de impunidad
que no debería darse.
- Le pregunto sobre Bolivia y el golpe de Estado, un caso bastante
actual. Hay querellas presentadas por violaciones a los derechos
humanos en la Argentina, especificamente en Córdoba. ¿Cómo definiría a
lo que pasó en este país vecino?
- A eso no puedo responder esto como relator de Naciones Unidas, sí como Fabián Salvioli, experto en derechos humanos. En Bolivia claramente hay una situación de golpe de Estado que ha sido comprobada por organismos internacionales
y también por otros que han manifestado preocupación por serias y
graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. La
mirada que tengo es la que han mostrado los órganos de Naciones Unidas
al respecto.
- ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo en Chile, donde el
gobierno de Sebastián Piñera intenta aprobar un indulto aprovechando el
problema del coranavirus para beneficiar a condenados por delitos de
lesa humanidad?
- Lo veo igual que en la Argentina, pero con un agravante. Que los indultos no son aceptables. No se los puede aplicar para favorecer a personas que cometieron delitos contra la humanidad.
Los indultos son absolutamente nulos. Porque no hay razones
humanitarias que puedan justificar ese tipo de medidas y habría que
seguir el mismo protocolo que le mencioné para Argentina. Todo otro
proceder implicaría una violación de los compromisos internacionales.
- ¿Usted trabajó en El Salvador sobre una eventual ley de amnistía que estaría por aprobar ese país?
- Todavía está en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Porque el
presidente vetó la ley aprobada. Es un problema porque en el parlamento
hay personas directamente relacionadas con las violaciones de derechos
humanos cometidas en el conflicto armado. Del partido Arena y del frente
Farabundo Martí. Y entonces buscan la manera de saltearse los
compromisos internacionales. Pero lo cierto es que una ley de esas
características sería nula a efectos internacionales y lo único que
generaría es que esos problemas vuelvan y vuelvan otra vez.
- En el caso de El Salvador hubo una guerra civil entre 1980 y
1992 con 75 mil muertos. ¿Cómo se definirían los delitos cometidos por
los beligerantes que usted dice están en el Congreso?
- Como crímenes de guerra. Lo que sucede es que en El Salvador los
hubo en relación a personas combatientes, y también hubo crímenes contra
la humanidad en relación a la población civil que no combatió y fue
objeto de multiples ataques de ambos bandos. Aunque el 95 por ciento de
los ataques provinieron del Estado.
- Usted ha formulado críticas muy duras contra el presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, por su reivindicación del golpe de Estado de
1964.
- Las políticas de memoria deben ser políticas de Estado y en ese
sentido yo he tenido una manifestación pública de mucha dureza tildando
de inmoral la reivindicación del golpe de Estado que hizo el
presidente Bolsonaro hace un año. Saqué un comunicado oficial a través
de Naciones Unidas en relación a esta declaración, que es un retroceso.
- No se podía esperar otra cosa del presidente de Brasil, que
cuando era diputado dedicó su voto a favor del impeachment contra la ex
presidenta Dilma Rousseff a la memoria del torturador más temido de la
dictadura Carlos Brilhante Ustra...
- Si, es cierto, aunque en ese momento no era presidente. Pero hay
una obligación de los jefes de Estado por la cual no se puede ir hacia
atrás. Creo que eso incluso implica un nuevo trato inhumano y degradante
hacia las víctimas y sus familiares y que podría ameritar la
presentación de denuncias internacionales.
-¿También intervino la relatoria cuando el ex presidente Mauricio
Macri intentó vender una parte de las tierras de Campo de Mayo?
- En la Argentina también intervine en el intento de vender esa parte
de Campo de Mayo. El asunto pasó por mis manos y saqué un
pronunciamiento. Básicamente lo que hice fue dirigirme al gobierno
argentino como relator, porque como relator tengo poder de intervención
sobre el gobierno aunque se trate de mi país, el cargo lo permite. Lo
que le dije en esa situación fue que esos sitios eran sitios de memoria y
además, que tenían partes no exploradas en las que se presupone que
puede haber aún personas desaparecidas enterradas clandestinamente. Son
sitios en los que puede haber hasta pruebas de delitos contra la
humanidad.
- Varios gobiernos y gobernantes, dictadores o presidentes
constitucionales, pasaron por tribunales penales internacionales. ¿Pero
nunca ocurrió hasta ahora que funcionarios de Estados Unidos fueran
llevados a juicio por crímenes contra la humanidad, cuando hay indicios
de sobra para juzgarlos?
- Bueno, no es tan así. En este momento está abierta en la Corte
Penal Internacional una investigación sobre sus posibles
responsabilidades en Afganistán. Es reciente, de hace unos meses. La
Corte Penal abrió ese caso sobre Afganistán y esto naturalmente puede
involucrar a funcionarios de Estados Unidos, lo que provocó una reacción
muy virulenta en ese país.
- El concepto de extraterritorialidad que aplica Estados Unidos
para castigar a todos los países que comercien con Cuba a partir de la
ley Helms-Burton, ¿puede considerarse una violación del derecho
humanitario de proveerse insumos médicos para luchar contra la pandemia?
- Son violaciones del derecho internacional. El derecho
internacional de gentes no admite ese tipo de prácticas. Hoy por hoy los
únicos mecanismos válidos de imposición de sanciones son los
multilaterales y es el Consejo de Seguridad que tiene la posibilidad de
aplicarlos. El problema de Estados Unidos es que necesita que le
aprueben cosas y otros países no lo votan. Entonces actúa
unilaterlamente y eso lo coloca fuera del orden internacional.
-¿Sea cual fuere el derecho que se viole, si el internacional o el
humanitario, las denuncias se acumularon por décadas antes o después de
la creación de la Corte Penal Internacional?
-Hay infinidad de casos. Lo interesante es que estemos hablando de
esto que hace treinta años hubiera sido impensable. Hoy existen
dificultades aunque ninguna persona que cometa crímenes contra la
humanidad puede sentirse segura. Y esto es muy importante. Cuando yo
empecé a dar clases de derecho internaciona,l en los años 80 en La
Plata, si decía que Pinochet algún día iba a ser juzgado, se hubieran
reído.
Una mirada sobre la "reconciliación" en Sudáfrica
El caso de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen
del Apartheid en Sudáfrica, y las consecuencias jurídicas que tuvo,
suele ser un tema de discusión entre el relator de Naciones Unidas y
ciertos países que defienden aquel modelo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada durante la presidencia de Nelson Mandela.
- ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
- Todo el tiempo tengo que pelear por eso con los gobiernos, porque
inmediatamente hablan del modelo sudafricano. Vamos a ver. La justicia
transicional evoluciona. No es lo mismo ahora que a inicios de los 90,
cuando comenzó el proceso en Sudáfrica. Hoy el modelo sudafricano no pasaría un estándar mínimo de proceso de justicia transicional. Porque en aquel momento de hecho hubo impunidad y ninguna persona que cometió crímenes fue juzgada. Ninguna.
- ¿Ninguna llegó a juicio o a condena?
- No, ninguna fue juzgada. Hubo una comisión de la verdad, no hubo
tribunales. Algunos años después se aprobó el estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y en ese cambio de paradigma hoy es
inaceptable que quienes cometen crímenes contra la humanidad o crímenes
de guerra no lo paguen penalmente. Esa es una cuestión. Otra es, si una
persona coopera en el marco de un proceso, si se arrepiente y demás, y
puede verse beneficiada de una reducción de la pena. Eso es permitido
por el derecho internacional en la medida en que no se caiga en la
impunidad. Es decir, no podemos aceptar que alguien que cometió un
homicidio simple esté doce años en prisión y quien fue condenado por
crímenes contra la humanidad, solo porque los reconoció, quede
exceptuado de una condena. Eso es impunidad.
- ¿Quiere decir que la experiencia de Sudáfrica fue una experiencia fallida?
- Es que no fueron juicios por la verdad, se trató de una comisión
por la verdad, que es diferente. Como fue la Conadep aquí. Pero no hubo
tribunales que juzgaran a personas responsables. No fue fallido, pero sí
una solución que se dio en ese momento, para ese momento, y que no es
trasladable a situaciones contempóraneas.
La herida abierta del franquismo
- Los crímenes del franquismo no prescriben, pero la inmensa
mayoría de las víctimas ya están muertas. ¿Qué piensa de esa situación?
- Hace un año y medio estuve en Madrid, invitado por el grupo de
memoria histórica del Congreso de los Diputados, dando una conferencia
sobre esto y los déficits de la justicia transicional en España. La ley
de amnistía, que fue aprobada al principio de la transición, es
absolutamente nula. Y las personas que han cometido crímenes, aun cuando
sean longevas, deben ser juzgadas. En ese sentido España tiene la
obligación de cooperar con la querella argentina que se está llevando
adelante aquí en el juzgado de Servini de Cubría. El Estado no puede desoir eso.
- ¿Y lo está haciendo?
- La aplicación del derecho internacional que han hecho los
tribunales españoles en relación a los crimenes del franquismo es
absolutamente inaceptable, más allá de que en algunos lugares como
en Valencia, se tramitaron algunas causas. Hay muchos déficits todavia
en el proceso de Justicia transicional en España. Uno de ellos es haber dejado mayoritariamente en manos de los familiares de las víctimas el exhumar cuerpos que están en fosas comunes.
Las personas ya son muy mayores se están muriendo y lo que quieren es
poder darles una sepultura a sus familiares para poder llevarles una
flor y morirse también. Contra eso hay que tener una falta de humanidad
absoluta y no acompañar los reclamos. Yo he sido enfático en la
situación de España. Lo hice públicamente, si buscan en youtube van a
encontrar la conferencia que di en el propio Congreso de Diputados, que
fue lapidaria.
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