- "La subsidiada jerarquía católica española rechaza el Ingreso Mínimo Vital"
- "España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza"
Por Carlos Sánchez Mato y Enrique Javier Díez Gutiérrez (IU)
Lo raro es que no nos sorprenda que el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, haya declarado en una rueda de prensa telemática que “solo comparten esta ayuda destinada a los sectores más vulnerables como algo coyuntural”. Señala
con agudeza extrema y análisis propio de un economista neoliberal que
“pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de
manera subsidiada, yo creo que no sería un horizonte deseable a largo
plazo para el bien común”.
¿Cómo pueden los obispos, supuestamente cristianos, oponerse a un derecho tan básico y fundamental como es un ingreso mínimo vital,
que garantice una vida digna a las familias en situación de riesgo y
pobreza? Y no son precisamente pocas, como acreditan los informes que, en España, cifran en 12,3 millones personas (26,1% de la población) las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza.
El ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, propuesta recogida en
el programa acordado por PSOE y Unidas Podemos, está destinado a
garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir
dignamente, al menos en niveles de subsistencia. Una especie de “red de
seguridad” para todas las personas, especialmente para aquellas que, en
esta crisis, se están quedando fuera de los ERTE y de las ayudas por
desempleo.
Para la extrema derecha, y la derecha extrema de Casado, esto es una “imposición bolivariana” de un gobierno “socialcomunista totalitario”.
Al igual que para la líder neoliberal de Ciudadanos, para quien
garantizar una vida digna a las españolas y los españoles es “un
discurso castrista y bolivariano". Por eso han bloqueado en el Congreso
19 veces la propuesta de renta mínima de los sindicatos que, según este
bloque extremista, también deben ser “bolivarianos”. A esta “acorazada
brunete” contra los derechos sociales, se ha unido estos días también la
jerarquía católica episcopal española. Su portavoz dice que la rechazan
porque “no debería ser una coartada para una especie de subsidio
permanente que retirase del horizonte de las personas el pensar tener un
trabajo”.
Ironías del destino. No han tenido tiempo
en estos años para denunciar abiertamente los regalos fiscales a los
más ricos. Tampoco se han ocupado de mostrar su oposición al rescate
bancario que nos ha costado, de momento, más de 75.000 millones de
euros. Y, por descontado, ni están ni se les espera, planteando una
oposición frontal a la explotación empresarial que, gracias a las dos
últimas reformas laborales, la del PSOE y la del PP, ha instalado en la
precariedad a tantas personas y ha convertido en pobres a personas que
trabajan. Prefieren ponerse del lado de los verdugos. Mucho más cómodos
en el papel del Sanedrín que en el lugar de los oprimidos.
Desde luego que no parece muy coherente con el mensaje cristiano, ni en consonancia con el propio Papa Francisco que está a favor de este ingreso mínimo que, según él, permitiría el "ideal tan humano y tan cristiano de ningún trabajador sin derechos".
Y
es que la esencia del mensaje de Jesús de Nazaret, es decir el reino de
dios que proclamaba, viene de una vieja tradición judía, recogida en el
capítulo 25 del Levítico, que establecía que cada cuarenta y nueve años
se debía restaurar de nuevo la igualdad y la estabilidad social en el
pueblo de la Alianza, repartiendo y poniendo en común los bienes que se
hubieran acumulado. Ese año se devolvía la libertad a quienes se habían
vendido como esclavos para pagar sus deudas, se restituían las tierras a
sus primeros propietarios y se condonaban todas las deudas. Un
“emprendedor” de la época podía prosperar y disfrutar de los logros
conseguidos durante ese tiempo (la media de vida era mucho menor que
ahora), pero todo ello volvía a la comunidad en ese año, para asegurar
que todos y todas tenían los mismos derechos y debían, por tanto, tener
las mismas oportunidades, incluida la progenie del emprendedor.
Como
vemos, en la base del cristianismo está justamente el compartir, la
solidaridad y la justicia social. No la caridad. Sino la radicalidad de
garantizar el bien común y el reparto de los bienes y los recursos que
tiene la comunidad. Pero a esta jerarquía católica hispana esas cosas le
espeluznan y por eso se opone justamente a todas las medidas sociales y
políticas que tengan que ver con impuestos progresivos, la propiedad
pública de los bienes comunes, los derechos sociales, etc., etc. y ahora
el ingreso mínimo vital. Cierto es que, se posicionan ahora, porque
quien propone la medida es un gobierno progresista y consideran oportuno
unirse a la campaña de acoso y derribo al gobierno que la derecha
extrema y la extrema derecha viene practicando utilizando la crisis de
coronavirus y los muertos como arma política. Porque rentas mínimas
existen, desde hace años, en comunidades autónomas, también en aquellas
gobernadas por partidos conservadores, aunque con distinto nombre,
condiciones y contenido.
Todavía es más sorprendente
que utilicen argumentos relacionados con lo negativo que es mantener en
el tiempo una situación de subsidio. Lo dicen los representantes de una
Iglesia Católica que es profundamente dependiente de privilegios y
fondos públicos a través de la casilla del IRPF y de exenciones fiscales
de los que no han tenido a bien desembarazarse. No deja de escandalizar que una organización, que vive subsidiada, argumente que eso puede convertir en vagos a quien lo recibe,
que, según ellos, a partir de entonces vivirá de la prestación y no
trabajará, “acostumbrándose a la sopa boba”. No parece un argumento muy
inteligente.
Quizá se trate de una simple torpeza o
de una ayudita a compañeros ideológicos que, comandados por PP y Vox,
repiten como un mantra lo negativo que es garantizar una renta mínima a
seres humanos en el siglo XXI. O podría ser peor. Porque también podría
tratarse de un intento de perpetuar el “sistema de caridad” que la
jerarquía católica lleva controlando mucho tiempo. Prefieren eso en vez
de garantizar derechos básicos.
Lo cierto es que los
obispos, acostumbrados a moverse a paso de tortuga, pueden ver cómo les
adelantan a toda velocidad hasta sus habituales compañeros de viaje
ideológicos. Hasta la derecha puede que se vea obligada a aceptar lo que
plantea la Red Europea contra la Pobreza. En una excelente iniciativa,
están impulsando una Directiva europea Marco sobre Ingresos
Mínimos para que se obligue a los países de la Unión Europea a
transponer a sus normativas estatales la implantación de esquemas de
Ingresos Mínimos adecuados y que sean al menos iguales al 60% del
ingreso familiar medio disponible. Este dinero llegaría a las familias
más vulnerables de Europa y se convertiría en una transferencia directa
de recursos a través del consumo en tiendas y servicios locales. Como
tal, no es solo un instrumento de Justicia Social, es un instrumento de
inteligencia económica.
Derechos frente a caridad.
En este país es hora ya de pasar de la herencia caritativa
nacionalcatólica de la dictadura franquista, por la que todavía suspiran
los obispos postfranquistas, a la democracia consolidada que garantiza
derechos a la ciudadanía. Y, de paso, replantear si queremos destinar
nuestros impuestos a solucionar la pobreza o a mantener los privilegios
de una institución religiosa regida por una jerarquía que se está
convirtiendo en unos auténticos parásitos sociales, totalmente ajenos al
cristianismo del Jesús de Nazaret.
*Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor
de la Universidad de León, coordinador del Área Federal de Educación de
Izquierda Unida y miembro de redes cristianas de base de León.
Carlos Sánchez Mato es el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y miembro de comunidades cristianas de base.
Fuente → cuartopoder.es
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