La Constitución española y el régimen al que dio paso se asentó sobre
tres grandes acuerdos. Cada uno de ellos estaba ligado a los tres
grandes poderes que sustentaron el franquismo: Ejército-Policía, capital
e Iglesia. Se trata de la Ley de Amnistía, los Acuerdos con el Vaticano
y los Pactos de la Moncloa. Entre los tres cerraron las puertas a las
exigencias de ruptura democrática que había sido seña de identidad hasta
entonces del conjunto de las fuerzas de la oposición democrática y de
izquierdas.
La
Ley de Amnistía, de 15 de octubre de 1977, garantizó a los
responsables políticos, militares y judiciales de los crímenes
contra la humanidad del franquismo, su más completa impunidad. Los
Acuerdos con el Vaticano, negociados durante 1978 y firmados el 3 de
enero de 1979, hicieron la vista gorda respecto a la complicidad de
la Iglesia en el golpe del 18 de julio, guerra y dictadura posterior,
y dejaron en sus manos los poderes económicos, educativos, fiscales…
que había acumulado durante 40 años.
Los
Pactos de la Moncloa, suscritos por UCD, PSOE, PSP, PCE, PNV, CiU y
AP (este último solo firmó su parte económico-social) y apoyados
por CCOO y UGT, se firmaron en octubre de 1977, una semana después
de promulgarse la Ley de Amnistía. Fueron un auténtico punto de
inflexión respecto a la dinámica política y social que se vivía.
En un contexto marcado en aquellos años por la fuerte crisis
económica internacional -petróleo-, la incertidumbre política
vivida por el capital español y un movimiento obrero y popular cada
vez más fuerte, los Pactos supusieron, en esencia, la imposición de
un drástico plan de ajuste con cargo a los sectores populares:
pérdida de poder adquisitivo (4,3 puntos por debajo de la
inflación), retroactividad de ese recorte en los convenios firmados,
beneficios en las cuotas empresariales a la Seguridad Social,
deterioro de las prestaciones sociales, autorización del despido del
5% de la plantilla…
Dijeron
sus firmantes que también contenía contrapartidas sociales y
políticas. Puro celofán. Las primeras (fomento del empleo juvenil,
mejora de zonas deprimidas por la crisis, medidas para evitar la
especulacióndel suelo…) no fueron sino un mero chiste. Las
segundas (libertad de prensa, reunión, expresión…), poco hicieron
salvo ratificar lo ya conquistado en la calle a través de fuertes
luchas. Nicolás Sartorius, uno de los primeros espadas del PCE, tuvo
que admitir que la mayor parte de las mismas no se cumplieron.
Martín
Villa, ministro de la Gobernación, dejó claro su objetivo. En una
Instrucción dirigida a los gobernadores civiles afirmó que “no
hay que confundir democracia con falta de autoridad” y que había
que tener “un amplio criterio de libertad en el terreno de las
ideas y restrictivo e inflexible en la calle”, en la que había que
“terminar a toda costa con los piquetes”. Dicho esto por quien,
junto a Fraga Iribarne, había sido responsable de la matanza
policial del 3 de marzo, en Gasteiz, no era algo que podía tomarse a
la ligera.
Estos
días, el presidente
Sánchez ha afirmado que “todos los partidos, con independencia de
su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa
para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social de
nuestro país”. Es decir, como el coronavirus no hace distinciones
entre las personas, la respuesta a dar debe partir de esa misma
consideración.
Pero
esto no es del todo cierto, porque mientras miles de afectadas se
hacinaban en los Servicios de Urgencias hospitalarias, algunas
pocas
( Baltasar Garzón, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno;…)
eran atendidas en exquisitas clínicas privadas (Ruber). Lo mismo ha
sucedido con las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia
(test, material de protección…), cuya aplicación no ha sido la
misma para las residencias-ratoneras de personas mayores y centros
sanitarios, que para la cúpula política, económica y
militar-policial. Las medidas de aislamiento tampoco han ocasionado
los mismos problemas a la gente que vive en los barrios populares,
que a las que lo hacen en chalets con jardín propio en
las
zonas residenciales.
Ha
habido más
pactos
de
este pelo.
En la anterior crisis, al poco de llegar el PP al Gobierno, el 25 de
enero de 2012, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, firmaron el llamado II
Acuerdo para el Empleo
y la Negociación
Colectiva.
En éste se asumía el marco ideológico difundido por la patronal
respecto a la crisis, según el cual ésta se debía a que “habíamos
estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”. El acuerdo
afirmaba así que “el mayor crecimiento de los salarios nominales
en España en relación con los países de la zona euro…. ha sido
un elemento determinante de la pérdida de la competitividad de la
economía española”. El Acuerdo aceptó así recortes salariales,
medidas de flexibilización y precarización laboral, descuelgues
empresariales,… Luego, el PP, vistas las puertas abiertas,
multiplicó las agresiones. La tan añorada competitividad creció y
se logró de nuevo que la Banca y el cemento fueran
felices y comieran perdices.
Cuando
alguien está con el agua al cuello, descender un peldaño más en su
situación supone pasar a otra
cualitativamente
diferente. A la pobreza se une ahora el ahogo y la asfixia. Sin
embargo, para quien se sitúa en lo más alto de la escala social,
bajar ese mismo peldaño
no
es mayor problema. Defraudadores de hacienda (futbolistas,
cantantes,..), empresarios textileros y multinacionales del IBEX-35,
anuncian estos días a bombo y platillo sus generosos donativos para
combatir esta crisis. Son los mismos que se han forrado en las
anteriores afirmando que “todos tenemos que apretarnos el cinturón”
y ahora pretenden seguir haciéndolo al amparo de esta bacteria
monarcavirus que, según dicen, nos golpea a todos por igual, al
margen de nuestra ideología.
Se anuncian unos nuevos Pactos de la Moncloa. Al margen de las
posturitas iniciales de algunos partidos y sindicatos, yo creo que la
cosa va en serio. La desvergüenza política no tiene límites. Es preciso
ir afilando las respuestas.
Fuente → rebelion.org
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