La monarquía a referéndum: no hay valor
Cristina Ridruejo
No deja de ser curioso que un sistema que ensalza por encima de todo la expresión de la soberanía popular en las urnas —las elecciones, que se suelen denominar con orgullo “la fiesta de la democracia”— repruebe e incluso pretenda criminalizar un proceso de expresión de la voluntad popular como es el referéndum.
No hay que ser muy lista para intuir que cuando alguien no quiere consultar la opinión del pueblo, es porque intuye que esa opinión le será desfavorable. Si supieran que lo tenían ganado, se lanzaban. Pero cuando hay inseguridad —o peor aún, seguridad del resultado contrario—, mejor es no preguntar. Por eso, y porque no se quiere abrir el melón de la participación ciudadana, ¡no vaya a ser que la gente le coja el gusto! Sin embargo, hay muchos temas sobre los cuales grandes sectores de la población querrían votar: por supuesto, la forma del Estado y la autodeterminación, pero también la devolución del rescate a la banca, el concordato...
Que la convocatoria oficial de referéndums suscite tal rechazo, solo puedo interpretarlo de una manera: desde el poder, celebran que la ciudadanía se exprese, pero solo en el momento, la forma y la cuestión que prescriban. Cualquier otra forma de expresión que no sea la acotada es condenada. Se califica de antisistema cualquier intento de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones que no sea a través de los filtros diseñados por el sistema: los representantes políticos.
“No es el momento”
Desde 2018 se han sucedido a lo largo y ancho del país docenas de consultas populares sobre la forma de Estado: monarquía o república, y aún se están preparando más. Las que más repercusión mediática tuvieron fueron las protagonizadas por las universidades de casi todo el país, pero se han celebrado muchas más a iniciativa de colectivos ciudadanos. Se trata de una movilización ciudadana imparable en la que han participado miles de personas de todos los rincones y edades y que reclama la celebración de un referéndum institucional y vinculante sobre el tema.
La respuesta es la cantinela de siempre: “No es el momento”. Vamos a analizar esto. Creo que, desde que murió Franco, ha habido dos ocasiones —al menos— que se pudiera decir que incontestablemente eran “el momento” de formular la pregunta sobre la forma de Estado.
La primera, como es obvio, fue entre la muerte de Franco y la redacción de la Constitución. Antes de liarse a redactar la constitución del nuevo Estado, lo lógico hubiera sido haberse parado a preguntar qué clase de Estado queríamos ser. Lo lógico, claro, si hubiéramos roto con la dictadura franquista, pero como somos un país que se enorgullece de no haber hecho una ruptura sino una transición... Muchas, muchas personas llevaban años esperando aquel momento que llegó entonces, y se les negó esa pregunta previa a la Constitución.
La segunda ocasión que realmente era un buen “momento” para preguntar a la ciudadanía por la continuidad de la monarquía en España fue la abdicación de Juan Carlos en 2014. ¡No se puede negar que ese era “el momento”! Y sin embargo, de nuevo se negó a la ciudadanía, incluso se reprimieron las muestras de descontento ante la coronación de Felipe VI.
En resumidas cuentas, cuando de verdad es “el momento”, no se hace. Y durante el resto del tiempo, se dice que “no es el momento”.
De esta manera han pasado los años y estamos ya en 2020. El momento es ahora, y voy a decir por qué.
Primero, porque la sociedad española ya no concibe esta institución medieval en pleno siglo XXI; si se hicieran las encuestas que premeditadamente se evitan, lo harían patente. Segundo, porque las evidencias de la corrupción de la casa real son ya insoportables, salpicando a todos los escalones de la casa real, no solo a Juan Carlos, sino también a Felipe. Tercero, porque Juan Carlos debe perder de una vez su inmunidad/impunidad y rendir cuentas de sus actos antes de que pase a mejor vida (aunque dudo que esta pueda ser mejor que la vida de lujo de la que se ha beneficiado a nuestra costa).Seamos realistas: no le queda mucho tiempo. Si se va, no solo se zafará de sus responsabilidades, sino que nos quedaremos sin el testimonio que debería dar ante un tribunal sobre distintos acontecimientos y manejos. Quizás esperar la verdad de un Borbón es demasiado esperar, pero bastaría con que al menos rindiera cuentas y no se fuera de rositas. Que tenga un juicio justo será complicado, pero que fuera investigado y juzgado ya sería algo.
Y en cuarto lugar...
Feminismo y república
Ser feminista y republicana es prácticamente una redundancia: una cosa lleva a la otra. Porque el feminismo defiende la libertad y la igualdad de todas las personas, y no somos libres si somos súbditas, ni tampoco somos iguales desde el momento en que una persona está por encima de la ley, siendo además esa persona un hombre que trapichea a favor de otros hombres. De que la monarquía es una institución machista, no cabe ninguna duda. Algo más que machista, de hecho. Digamos las cosas claras, ya está bien de rehuir el tema de la tendencia ideológica de nuestros dos reyes, el activo y el emérito. Es de todos sabido y de todos callado que ambos son de derechas. Y el feminismo de derechas no existe, solo se puede calificar de postureo oportunista.
Abro un paréntesis para comentar la tendencia política del feminismo en auge, pues ya me empiezan a pitar los oídos por adelantado. De las polémicas que hubo este 8 de marzo sobre si los distintos partidos de derecha asistirían o no a la manifestación, se desprende que hay quien intenta transmitir que el feminismo es políticamente neutral. Nada más lejos de la realidad. Pese a quien pese, las reivindicaciones feministas se topan y se han topado siempre con la frontal oposición de la derecha conservadora. Además, las reivindicaciones de la Comisión 8M no se limitan a temas considerados tradicionalmente feministas, sino que van explícitamente en contra del sistema neoliberal, la explotación, la ley de extranjería, etc., y tocan otros muchos temas, con mención por supuesto a la república. La manifestación del 8M no es institucional ni oficial, no es algo que organice el Estado como un desfile de las fuerzas armadas o similares. Tampoco es un censo de feministas. Es una movilización que convoca un colectivo concreto, la Comisión 8M, bajo un lema y un manifiesto con sus reivindicaciones; asiste quien las secunde, quien no lo hace, solo pretende buscar polémica y sobre todo, confundir. Cierro paréntesis.
Observemos la Corona con la lente violeta. Tanto Juan Carlos como Felipe se han dedicado durante años a apoyar, enchufar, beneficiar (a cambio de millonarias comisiones, como se intuía y ahora va saliendo a la luz) a toda la caterva de señoros conservadores, cazadores, taurinos y misóginos que son los dueños de las grandes fortunas y conglomerados empresariales de este país (quizás en el poder político hayamos alcanzado la paridad cosmética, pero donde de verdad se corta el bacalao, el poder económico, sigue en manos de hombres, con un par de excepciones que son las “viudas de”, las “hijas de”). Es el poder económico rancio, machista y opaco que extiende sus tentáculos hacia la política. Los gobiernos pueden ir cambiando, pero la Corona siempre está ahí para mantener sus beneficios y privilegios, perpetuando ese sistema clientelar patriarcal, patriotero y ultracatólico.
El machismo refrendado en la Constitución
Como guinda para este indigesto pastel, está el asunto de la sucesión. Y es un caso extraordinariamente revelador, porque nos demuestra ese temor que mencionaba al principio a que la ciudadanía exprese opinión o participe en las decisiones.
Muchas personas en este país están convencidas de que la ley sálica se derogó en España hace unos años, cuando nació la infanta Leonor, y que por tanto es sucesora al trono por derecho. Pues no: solo lo es por carambola.
La ley sálica sigue en vigor. Se habló tanto de que se iba a reformar ese artículo de la Constitución, que la mayoría de la gente piensa que se hizo, pero no.
La historia fue así: cuando Letizia quedó embarazada, todo el mundo estuvo de acuerdo en que, en los tiempos en que vivimos, el primer hijo debía ser el heredero al trono, fuera del sexo que fuera. Eran conscientes de que no hacerlo así suponía un suicidio para la monarquía. Cuando en 2005 nació el “primer hijo”, fue niña, y todos los políticos apoyaron modificar el artículo 57.1 de la Constitución, donde dice que en la sucesión se preferirá “el varón a la mujer”. Como para modificar la Constitución es necesario disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones y someter el texto nuevo a referéndum, Zapatero aseguró que lo haría al final de su legislatura, es decir en 2008: solo llevaba un año y medio en la presidencia y no era cuestión de echar por la borda su mandato para acometer una reforma que no parecía tan urgente. La propuesta contó con amplio consenso.
Sin embargo, antes de que la legislatura acabase, Letizia quedó embarazada de nuevo. La casa real y los políticos se echaron a temblar. No habían modificado aún la Constitución, y si nacía un varón, no solo le arrebataría a Leonor el derecho de sucesión, sino que pondría en cuestión la propia sucesión del entonces príncipe Felipe al trono: si el cambio no estaba hecho antes del nacimiento del segundo hijo, habría que aplicarlo de manera retroactiva... y en tal caso se aplicaría también a Felipe. La heredera al trono de España hubiera sido la infanta Elena, y de no poder ser, la infanta Cristina, ambas mayores que su hermano Felipe. Dicho sea de paso, Juan Carlos tampoco era el primogénito, su hermana Pilar era mayor que él.
Volviendo a 2006. Tras contener brevemente la respiración, la casa real hizo publicó solo dos meses después, en noviembre (a diferencia del secreto que se guardó sobre el sexo de la primogénita hasta el momento de su nacimiento), que el bebé era niña. Todos respiraron aliviados. No había prisa por modificar la constitución, se lo podían tomar con calma... con tanta calma que estamos en 2020 y aún no se ha hecho. Por supuesto, lo que estaba claro era que no se la iban a jugar de nuevo, no más hijos.
Pero nos queda esta pregunta: si todos los partidos políticos estaban de acuerdo en derogar la ley sálica, ¿por qué no lo hicieron, aunque fuera después del nacimiento de Sofía? ¿Por qué siguen sin hacerlo?
La respuesta a esta pregunta es lo que entronca con la primera parte de este escrito: el mayor temor de nuestra democracia, el miedo a que la ciudadanía se exprese. Porque las reformas de calado de la Constitución, entre ellas las referidas al Título II. “De la Corona”, exigen obligatoriamente que el nuevo texto se someta a referéndum.
¡Y volvemos a caer en la palabra maldita, el tabú! ¿Que el pueblo diga su opinión sin el filtro de los partidos políticos? ¡Qué locura!
No hay valor para someter a referéndum la Constitución.
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No porque no haya acuerdo sobre la modificación del machista artículo 57.1, sino porque la modificación de este punto obligaría a someter la Constitución entera a referéndum. Y la ciudadanía tiene muchos motivos para votar en contra de una Constitución redactada bajo la tutela del franquismo y destinada a blindar el poder económico y político en las mismas manos que estaba. No hay valor, insisto, porque se intuye que si se votase ahora no saldría adelante.
Si la voz del pueblo no nos conviene, mejor que el pueblo no hable. Y así pasan los años sin que nadie nos pregunte nada, no vaya a ser que hablemos. Eso sí, en las elecciones, disfruta de la fiesta de la democracia.
El derecho a decidir, silenciado
Esta reclamación del derecho a decidir no es exclusiva nuestra, pero los medios hegemónicos la silencian a toda costa. La principal reivindicación de los chalecos amarillos en Francia era el RIC, el Referéndum a Iniciativa Ciudadana (mecanismo para que, si se ha recogido un número X de firmas, las autoridades estén obligadas a someter a referéndum la cuestión), pero en los medios de comunicación españoles apenas se ha mencionado. Durante meses asistimos perplejos a una tenaz movilización sin comprender muy bien lo que ocurría, por un motivo muy simple: no nos lo contaban, no fuéramos a tomar ejemplo. Algo parecido ha ocurrido con Cataluña: en los medios de comunicación nacionales, durante todo este tiempo se ha hecho hincapié en la independencia, eludiendo y silenciando premeditadamente la principal demanda del pueblo catalán, que no es la independencia sino la posibilidad de decidir por sí mismo en un referéndum institucional legal y vinculante. La campaña feroz de descrédito ha llevado a que Pedro Sánchez anunciase que, para evitar que se volviera a repetir, pretendía “prohibir la celebración de referéndums ilegales”. Aparte de la paradoja que encierra la frase (pues si algo ya es ilegal, no es necesario prohibirlo, y si hay que prohibirlo es que ahora no es ilegal), hay que reconocer que, por desgracia, la jugada les ha salido bien: se ha fomentado el desprecio al soberanismo catalán y, de carambola, se acaba criminalizando (no solo en la ley, sino en la conciencia popular) la expresión de la voz de la ciudadanía, como si el activismo fuera algo negativo.
Sin embargo, la reclamación de participación ciudadana es el signo de los tiempos y el poder tendrá que avenirse, antes o después. Organismos como la ONU y varias agencias de cooperación internacional dedican cuantiosos fondos a fomentar la participación ciudadana por todo el mundo. El índice de participación se considera uno de los indicadores de bienestar en una sociedad avanzada. Las nuevas generaciones no conciben que no se tenga en cuenta su opinión, sea cual sea. Es por eso que en los referéndums sobre la forma de Estado que se organizaron en las universidades es en los que mayor porcentaje de votos favorables a la monarquía hubo (aún siendo la opción minoritaria con diferencia): porque la juventud, sea republicana o monárquica, quiere expresarse y sobre todo, que su opinión se tenga en cuenta.
Queremos un referéndum institucional sobre la forma de Estado. El momento es ahora, porque somos una población madura, responsable, capaz y deseosa de tomar decisiones. Ya está bien de infantilizarnos. Por mi parte, como tantas personas, estoy ansiosa por tener la oportunidad de votar por la república. Ya hemos aguantado bastante esta monarquía corrupta y patriarcal.
Cristina Ridruejo forma parte de Mujeres x la República
No porque no haya acuerdo sobre la modificación del machista artículo 57.1, sino porque la modificación de este punto obligaría a someter la Constitución entera a referéndum. Y la ciudadanía tiene muchos motivos para votar en contra de una Constitución redactada bajo la tutela del franquismo y destinada a blindar el poder económico y político en las mismas manos que estaba. No hay valor, insisto, porque se intuye que si se votase ahora no saldría adelante.
Si la voz del pueblo no nos conviene, mejor que el pueblo no hable. Y así pasan los años sin que nadie nos pregunte nada, no vaya a ser que hablemos. Eso sí, en las elecciones, disfruta de la fiesta de la democracia.
El derecho a decidir, silenciado
Esta reclamación del derecho a decidir no es exclusiva nuestra, pero los medios hegemónicos la silencian a toda costa. La principal reivindicación de los chalecos amarillos en Francia era el RIC, el Referéndum a Iniciativa Ciudadana (mecanismo para que, si se ha recogido un número X de firmas, las autoridades estén obligadas a someter a referéndum la cuestión), pero en los medios de comunicación españoles apenas se ha mencionado. Durante meses asistimos perplejos a una tenaz movilización sin comprender muy bien lo que ocurría, por un motivo muy simple: no nos lo contaban, no fuéramos a tomar ejemplo. Algo parecido ha ocurrido con Cataluña: en los medios de comunicación nacionales, durante todo este tiempo se ha hecho hincapié en la independencia, eludiendo y silenciando premeditadamente la principal demanda del pueblo catalán, que no es la independencia sino la posibilidad de decidir por sí mismo en un referéndum institucional legal y vinculante. La campaña feroz de descrédito ha llevado a que Pedro Sánchez anunciase que, para evitar que se volviera a repetir, pretendía “prohibir la celebración de referéndums ilegales”. Aparte de la paradoja que encierra la frase (pues si algo ya es ilegal, no es necesario prohibirlo, y si hay que prohibirlo es que ahora no es ilegal), hay que reconocer que, por desgracia, la jugada les ha salido bien: se ha fomentado el desprecio al soberanismo catalán y, de carambola, se acaba criminalizando (no solo en la ley, sino en la conciencia popular) la expresión de la voz de la ciudadanía, como si el activismo fuera algo negativo.
Sin embargo, la reclamación de participación ciudadana es el signo de los tiempos y el poder tendrá que avenirse, antes o después. Organismos como la ONU y varias agencias de cooperación internacional dedican cuantiosos fondos a fomentar la participación ciudadana por todo el mundo. El índice de participación se considera uno de los indicadores de bienestar en una sociedad avanzada. Las nuevas generaciones no conciben que no se tenga en cuenta su opinión, sea cual sea. Es por eso que en los referéndums sobre la forma de Estado que se organizaron en las universidades es en los que mayor porcentaje de votos favorables a la monarquía hubo (aún siendo la opción minoritaria con diferencia): porque la juventud, sea republicana o monárquica, quiere expresarse y sobre todo, que su opinión se tenga en cuenta.
Queremos un referéndum institucional sobre la forma de Estado. El momento es ahora, porque somos una población madura, responsable, capaz y deseosa de tomar decisiones. Ya está bien de infantilizarnos. Por mi parte, como tantas personas, estoy ansiosa por tener la oportunidad de votar por la república. Ya hemos aguantado bastante esta monarquía corrupta y patriarcal.
Cristina Ridruejo forma parte de Mujeres x la República
Fuente → vientosur.info
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