

El texto legal que aisló a Batasuna prohíbe que un partido pueda, de
forma grave y reiterada, atentar contra el régimen democrático de
libertades, justificar el racismo y la xenofobia o alimentar el discurso
del odio
José Antequera
Organizaciones y asociaciones feministas se están
planteando solicitar la ilegalización de Vox en los tribunales
acogiéndose a la ley de partidos políticos que fue aprobada en el año
2002 y que permitió aislar a Batasuna y dejarla fuera del juego político. En la exposición de motivos de la citada ley se recoge que su objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos,
impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave,
“atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el
racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las
actividades de bandas terroristas”.
En concreto, el artículo 9 de la ley persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos y a los derechos humanos. Además,
“desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen
de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo”. Difícilmente
puede encajar en ese artículo un partido que coquetea con la xenofobia para conseguir votos y que pretende expulsar del país a 52.000 inmigrantes sin mayor argumento que el de ser extranjeros.
La ley de 2002 establece que un partido político será declarado ilegal
cuando su actividad vulnere los principios democráticos, en particular
“las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o
exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas,
o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología,
religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”.
Tampoco admite la ley a los partidos que utilicen como
instrumentos de su actividad, “conjuntamente con los propios o en
sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que
representen o se identifiquen con la violencia”. No son pocos los votantes de Vox que acostumbran a exhibir banderas preconstitucionales
en actos públicos o mítines de sus líderes políticos, una conducta que
supone una clara apología de un régimen fanático y dictatorial que
practicó el terrorismo de Estado mediante la represión, la ejecución de
los disidentes y el encarcelamiento de miles de personas por sus ideas
políticas. En ese sentido, cabe recordar que en países como Alemania la
mera exhibición de una bandera nazi es delito.
Por otra parte, tratar de liquidar la legislación que protege a las mujeres del terrorismo machista podría
considerarse no solo otro atentado contra la Constitución española ‒que
promueve el valor de la igualdad sin discriminación por razones de
sexo‒, sino contra los convenios de protección de los derechos humanos
que España ha firmado en los organismos internacionales. Tratar de
derogar la ley de violencia de género con mentiras y datos falsos
supone, de alguna manera, asumir ser cómplice de quienes practican ese
terrorismo machista casi a diario. Ningún Estado democrático puede
tolerar semejante aberración.
Argumentos jurídicos para solicitar la ilegalización de Vox no le faltan a las asociaciones feministas
de todo el país, que han decidido plantar cara a la ideología
patriarcal de Vox mediante manifestaciones en todo el territorio
nacional. En ese sentido, más de un centenar de asociaciones feministas han firmado un manifiesto contra la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, una medida “intolerable” que exige el partido ultra para apoyar al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.
Por su parte, la homofobia que parece transpirar el programa político
del nuevo partido de extrema derecha española, como forma del discurso
del odio que parece promover, sería otro motivo más para solicitar su
ilegalización en los tribunales, ya que esta ideología atenta también,
directamente, contra el derecho a la no discriminación de las personas
constitucionalmente reconocido.
La iniciativa de ilegalización contaría con las directivas y recomendaciones de la UE. Así, una resolución del Parlamento Europeo sobre el auge de la violencia neofascista en Europa (2018/2869(RSP),
insta en su artículo 20 a “luchar contra las organizaciones que
propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la
línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y
cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo
y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la
jurisdicción nacional”.
Finalmente, otras propuestas programáticas de Vox como la eliminación del modelo territorial de las autonomías también
suponen un ataque directo contra otro pilar fundamental de la
Constitución. La España que pretende instaurar el partido ultra sería
una España preconstitucional, franquista, que nada tendría que ver con
la actual, y llevaría a nuestro país a retroceder 40 años en el tiempo.
Esa idea de España “una, grande y libre” es abiertamente
inconstitucional y no tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
Para imponerla, Vox tendría que reformar la Constitución del 78 o
promover otra Carta Magna que sin duda no contaría con el consenso de
aquella que votamos todos los españoles.
Fuente → diario16.com
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