¿Una justicia independiente?

¿Una justicia independiente?
Antonio Lorca Siero

De entrada hay una cuestión de fondo determinante de la situación, se trata de que el Estado de Derecho, que siempre ha tenido problemas para ser realmente operativo, hoy sufre los efectos de la política global y de los grupos de intereses diversos que tratan de imponerse para ganar poder.

En primer término hay que señalar que se aprecia cierta pérdida de soberanía nacional derivada de las conveniencias de la globalización auspiciada por las multinacionales americanas. A lo que sigue, dada su condición de Estado débil, la dependencia económica, política y cultural del Estado-hegemónico de zona, en este caso USA, y de los diversos organismos internacionales diseñados para la defensa de los intereses del capitalismo. A lo que hay que añadir la plena sumisión a la política de la Unión Europea. Dado el creciente peso de los organismos internacionales y del bloque hegemónico de zona, así como la pertenencia en lo que fue un mercado común, aspirante a ser gobierno único por encima de los Estados asociados, todo ello influye decididamente en la toma de decisiones de cualquier gobierno. El ejecutivo debe adaptar sus acuerdos a los intereses del imperio. La ley foránea viene a imponer la forma y el fondo por donde debe discurrir la legislación nacional. El acto final es corregir las decisiones judiciales cuando se entienden no ajustadas a Derecho, lo que resulta ser pura paradoja. Con lo que la soberanía del Estado español, por unos motivos u otros, empieza a ser simbólica.

Los ataques abiertos a la soberanía como nación tienen consecuencias que afectan al Estado de Derecho. Hay un elemento fundamental para su viabilidad y es la independencia de los tres poderes clásicos, sin la que no es posible su funcionamiento. Formalmente se encuentra en pleno vigor, aunque no tanto en el terreno real. Al margen de la situación global actual, siempre han estado presentes las apetencias del ejecutivo por hacerse con el control absoluto de los poderes del Estado, pero muy distinto es que lo consiga. La parte legislativa no ofrece dificultades, porque se resuelve a través de las mayorías electorales, sin embargo hay cierta dificultad en lo que se refiere a la función de juzgar. El ejecutivo ha instrumentalizado medios para controlar el poder judicial no solo de forma indirecta, sino a través de leyes de quitar y poner, así como empleando tácticas de persuasión sobre su funcionariado que escapan a la vista pública. Pese a todo, la independencia de la función de juzgar por lo general ha venido resistiendo en los últimos tiempos. Sin embargo hoy el poder judicial, aunque sigue en el punto de mira del ejecutivo para hacerle sumiso y dependiente, sufre considerables presiones derivadas de esa pérdida de soberanía, afectada por la globalización.

Centrado el tema en este último punto, es evidente que reconocido el país como Estado de Derecho, la independencia judicial es un principio incontrovertido. Ningún tribunal extranjero, aunque se proclame defensor de los derechos humanos y algunos divinos, puede inmiscuirse en la labor jurisdiccional nacional, precisamente porque se trata de un Estado de Derecho y no de lo que se suele llamar coloquialmente una república bananera. De tal importancia es el tema que cuando se ponen en entredicho las resoluciones judiciales españolas por tribunales extranjeros se cuestiona el mismo Estado de Derecho. Pero el hecho es que son tribunales foráneos los que indican, en ocasiones, a los jueces cómo tienen que juzgar, incluso echando por tierra resoluciones dictadas conforme a la ley local. La invocación de los derechos humanos, cuando no simplemente enmendando el procedimiento en base a argumentos de legislación ajena, sirven de alegato para imponer su particular sentido de juzgar, anulando resoluciones judiciales y con ello barrenando la independencia de los jueces. Si ciertamente vivimos en un Estado de Derecho, quiere decirse que en principio todas estas cuestiones ya han sido tenidas en cuenta al juzgar y, si se contravienen, el Estado de Derecho hace aguas.

Desde el otro frente, hay grupos que viven del incordio y se publicitan hábilmente en los medios de comunicación para ganar presencia social y poder, vendiendo sus respectivas mercancías en nombre de una libertad de conveniencia. Juegan utilizando la sensibilidad de las personas y han sido adiestrados en el manejo de las tácticas de manipulación colectiva. Su objetivo es lograr que la opinión pública comulgue con sus intereses grupales, generalmente con un trasfondo comercial, y llegue a posicionarse en contra de los propios intereses generales. Para reforzarse en su estrategia mueven los hilos para influir en la tarea de juzgar y afectar a su independencia, que precisamente reside en la recta aplicación de la ley, en base a supuestas demandas sociales que solo son espectáculo. Su propósito es procurar resoluciones livianas para los considerados víctimas, según la publicidad al uso, y resoluciones en el entorno de una realidad prefabricada, como escarmiento, para quienes se consideran verdugos o los simples malos de la película. Ni la complacencia ni el escarmiento ni la venganza deben entrar dentro de los propósitos de la justicia Con lo que la independencia, en el caso de que realmente llegue a verse influenciada, se resiente y, al igual que en el caso de las intervenciones foráneas, el Estado de Derecho sigue el mismo camino.

Si con estas cosas la justicia, como baluarte de la independencia de los llamados poderes del Estado, es forzada a hacerse dependiente de los diversos intereses políticos y económicos de moda o es forzada a pasar por ellos, aquí hay que dejar de hablar de Estado de Derecho.


Fuente → rebelion.org

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