- Alegan que el Gobierno "ha expropiado de hecho" el cadáver de su abuelo porque deben pedir autorización para visitarlo
- La familia denuncia haber recibido un trato discriminatorio y perjudicial por razones políticas y acusa al Supremo de faltar a la verdad
- El TEDH deberá decidir sobre la admisión a trámite de la demanda y, en caso de hacerlo, solicitará al Gobierno la presentación de alegaciones a las que los demandantes podrán responder
Los nietos de Franco acuden al Tribunal de Derechos Humanos porque sostienen que el Gobierno les ha "expropiado" la momia del dictador : Los nietos de Francisco Franco han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) contra los acuerdos del Gobierno de exhumar al dictador del
Valle de los Caídos y también contra las sentencias del Tribunal Supremo
y del Tribunal Constitucional que avalaron dicha decisión.
Alegan que el Gobierno "ha expropiado de hecho" el cadáver de su abuelo porque
deben pedir autorización para visitarlo y denuncian expresamente
vulneración de sus derechos a la vida privada y familiar, y a un proceso
equitativo y denuncian discriminación por parte del Ejecutivo de Pedro
Sánchez.
El recurso, presentado este miércoles incide en que la exhumación de
los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos se
realizó con fundamento en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.
En una nota de prensa distribuida por el despacho Hernández-Canut,
que es el que ha presentado el recurso, se insiste que "bajo la
apariencia de una legislación general o imparcial" no tenía otro
objetivo que proceder exclusivamente a la exhumación de su abuelo. Se
trataría por tanto de una ley de "caso único" que vulneró las garantías del derecho a la vida privada y familiar de los demandantes "en la vertiente de derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos".
Así, continúa el escrito, se ignoró la designación por los nietos de
Franco del lugar de reinhumación de los restos –en la catedral de La
Almudena–, fijando arbitrariametne el cementerio de Mingorrubio
y obviando así lo que dice la ley al respecto, que prevé la fijación
por las administraciones públicas en casos como discrepancias entre
familiares o falta de fijación de un lugar que no se dieron en este
caso.
A eso se añade que a la cripta de Mingorrubio, por ser de titularidad estatal, no tienen libre acceso, teniendo que pedir autorización cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos –también se
encuentra allí enterrada Carmen Polo–. Por ello, consideran que el
Gobierno "ha expropiado de hecho" el cadáver de Franco.
No se han exhumado otros cuerpos del Valle
Esta norma de caso único vulnera asimismo la prohibición de
discriminación al vulnerar el derecho de igualdad ante la ley porque,
pese a ordenarse como de urgente y utilidad pública la exhumación de
todos los restos del Valle de los Caídos, el único en salir de allí por el momento ha sido el del dictador "sin que a la luz de las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno , la ley vaya a tener otra aplicación".
Así, la familia Franco habría obtenido un trato perjudicial respecto
de los familiares del resto de las 191 personas inhumadas en el Valle
"sin ser víctimas de la Guerra Civil", y dicha discriminación lo sería
por razones políticas.
Finalmente, respecto a la vulneración del derecho a un proceso
equitativo, la defensa de los Franco denuncia que las sentencias del
Supremo y del Constitucional que avalaron la decisión del Gobierno
adolecen de graves defectos de motivación, "incluida la
incongruencia y falta de respeto al principio de distribución de la
carga de la prueba, recurren a formalismos excesivos y desconocen la
reiterada jurisprudencia aplicable en materia de suspensión de los actos
administrativos".
Cargan especialmente contra el Supremo, al que acusan de faltar a la verdad al
afirmar que los familiares habían dejado pasar el plazo asignado para
fijar un lugar para la reinhumación, hurtando a los familiares este
derecho.
El TEDH deberá ahora decidir sobre la admisión a trámite de la demanda y, en caso de hacerlo, solicitará al Gobierno la presentación de alegaciones a las que los demandantes podrán responder
Fuente → infolibre.es
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