Una cuestión que nunca deja de estar de actualidad en España es la de la memoria histórica.
El hecho de que tras el golpe de estado de 1936 contra el gobierno
constitucional del Frente Popular, y la resistencia del pueblo frente al
golpismo dirigido por el fascista Franco,
solo se reparase la memoria de los que truncaron la democracia, no
permite a la sociedad superar una cuestión que llama la atención de las
más altas instancias internacionales.
Para debatir sobre si sigue siendo necesaria la reparación de las víctimas del franquismo, acuden a debatir Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, quién defiende el SÍ. En la posición contraria está Miguel Sanz Sanz, dirigente de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular (PP).
Arturo Peinado considera que SÍ.
Exigir el olvido sin que haya habido previamente Verdad, Justicia y Reparación es un nuevo ejercicio de violencia sobre las víctimas. Las víctimas del franquismo y sus familias están obligadas a perdonar sin que nadie jamás les haya pedido perdón.
«El pasado nunca está muerto. No es ni siquiera pasado»
escribió William Faulkner. En los 70, les dijeron a nuestros padres y
madres que era demasiado pronto para pedir cuentas al franquismo. Ahora,
los mismos nos dicen que es demasiado tarde.
El actual sistema político y nuestra sociedad se han construido sobre la impunidad
de los crímenes franquistas, el no cuestionamiento de sus
consecuencias, y a partir de políticas públicas de silencio y olvido
sobre todo lo que tiene que ver con las vícitmas del franquismo, los defensores de la II República y los resistentes antifranquistas.
Las víctimas, por definición injustas, que se
produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de
la guerra civil, producto del colapso del estado republicano a partir
del golpe militar del 18 de julio de 1936, fueron beneficiarias (tanto
los supervivientes como todas sus familias) de unas políticas de
reparación intensivas que tomaron múltiples formas: indemnizaciones;
pensiones; privilegios en el acceso a empleos públicos; concesiones de
gasolineras, estancos, despachos de quinielas y otros negocios;
facilidades de acceso a titulaciones académicas, etc…
Pero sobre todo, recibieron un reconocimiento público multiforme y
unívoco. Y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles
circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo,
no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los
enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.
Si alguien realizó políticas de memoria colectiva apabullantes, que se prolongaron durante cuarenta años, ese fue el franquismo,
adoptando múltiples formas para interferir en los más habituales actos
de la vida cotidiana de todos los españoles y españolas.
Por el contrario, las víctimas del franquismo y sus
familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas
de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además siguieron padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia.
Miles de personas siguen enterradas clandestinamente
en cunetas y despoblados, víctimas de desaparición forzada, y ni
siquiera conocemos cuántas son ni muchos de sus nombres. Todas las
sentencias de los ilegales consejos de guerra y tribunales represivos
siguen siendo, a día de hoy, firmes y legales.
Sus familias jamás obtuvieron reparación, y mucho menos, Justicia.
Pero aún hoy, tienen que escuchar cómo los mismos que revindican a sus
muertos bien enterrados y los homenajean o beatifican, les acusan de
querer reabrir heridas.
Exigir el olvido sin que haya habido previamente Verdad, Justicia y
Reparación es un nuevo ejercicio de violencia sobre las víctimas. Las
víctimas del franquismo y sus familias están obligadas a perdonar sin que nadie jamás les haya pedido perdón.
Se exige a las víctimas generosidad, perdón y olvido, y nunca se ha
exigido a los asesinos que reconozcan sus crímenes. La reconciliación no
significa tampoco perdón y olvido, sino justicia para todos.
No se habla de la falta de libertad e intimidación a la que
sometieron a toda la sociedad, pero por el contrario sí se apunta a que
las víctimas tienen que ser generosas y comprensivas presentándolas como
revanchistas.
No podemos seguir soportando que los que torturaron, mataron o
ayudaron a matar se ufanen de lo que hicieron, que consideren acciones
heroicas los crímenes y que se llame héroes a los asesinos.
La represión franquista no sólo afecta a hechos
producidos durante la guerra civil y la posguerra. La dictadura y sus
políticas represivas se extendieron hasta, al menos, la recuperación de
las libertades democráticas 1978.
Es decir, que múltiples hechos criminales como torturas y asesinatos,
son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo
perseguidos, que son juzgados y están terminando generalmente con
contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como los
crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.
Hace falta primero Justicia (en primer lugar, penal), luego
reparación material aunque también simbólica: señalar los lugares de
Memoria de la represión y de la resistencia al franquismo; instaurar actos regulares de homenaje a las víctimas, pero no privados sino institucionales.
Por último, siguiendo el modelo que se ha establecido para otros
colectivos de víctimas, legislar y actuar para impedir tanto los actos
de menosprecio a las víctimas del franquismo, como la
apología del golpe militar de 1936 y de una dictadura que secuestró
durante 40 años la soberanía popular, impidiendo por la fuerza el
ejercicio de derechos humanos y civiles fundamentales.
Defendemos que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo
vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha
venido produciendo sobre las víctimas del franquismo con respecto a
otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal,
una consideración justa, y se ha atendido su problemática por parte del Estado español.
Miguel Sanz Sanz considera que NO.
Precisamente leyes de Memoria Histórica lo que propician es todo lo contrario de esto último. Hablamos de la polarización, la tensión en la vida pública y la división de los ciudadanos. Es descabellado pensar que en un país como España de 47 millones de habitantes, todos los ciudadanos van a coincidir en su manera de interpretar el pasado.
A la hora de hablar de memoria histórica y, antes de
entrar a valorar las últimas leyes que hay encima de la mesa sobre la
materia, conviene hacer algunas aclaraciones previas. ¿Es correcto unir
ese sustantivo –memoria- con el ese adjetivo – histórica?
La memoria es algo personal, contiene elementos emocionales y en
buena medida es subjetiva, al estar estudiado que las personas tendemos a
quedarnos con los momentos mejores del pasado y a desdeñar las
vivencias menos dichosas. La identidad personal se construye con estos
mimbres. Y, ¿qué es la “memoria histórica” de cada persona sino la suma de estos recuerdos personales?
El estudio de la historia, por el contrario, requiere abstraerse de
las experiencias particulares para proporcionar una visión global de lo
sucedido en una determinada época. No puede, asimismo, limitarse a una
enumeración de los acontecimientos sin proporcionarnos una interpretación que proporcione una síntesis y un sentido de los mismos.
En este sentido, resulta significativo el testimonio de un testigo del Holocausto, como lo fue Primo Levi: “La
memoria humana es un instrumento maravilloso, pero falaz. Los recuerdos
que en nosotros yacen no están guardados sobre piedra, no sólo tienden a
borrarse con los años, sino que en ocasiones se modifican o incluso
aumentan literalmente incorporando facetas extrañas”.
Para añadir, posteriormente, que: “Haber estado allí no permite
necesariamente comprender mejor los acontecimientos. Recordamos sólo
fragmentos del pasado. La memoria no sólo es selectiva, sino moldeable.
Vamos corrigiendo nuestros recuerdos a los largo de los años, Se
sobredimensiona lo vivido, con excesos de trascendentalismo y
sublimación del ego”.
Por ello considero que es poco prudente, y hasta peligroso,
dictar leyes de Memoria Histórica desde el poder. La historia es
trabajo de los investigadores y requiere una consulta de archivos,
fuentes, bibliografía, recopilación de distintos testimonio, y que en
cualquier caso, va a establecer siempre unas conclusiones parciales, que
nuevos estudios, nuevas averiguaciones, nuevos hallazgos pueden
modificar.
Por su parte, la política se sitúa en otra esfera, la de solucionar
problemas, o por lo menos, establecer las condiciones para su resolución
de forma pacífica y ordenada. En definitiva,
garantizar la convivencia a pesar de los desacuerdos, conflictos y
distintos intereses que van a existir siempre en el seno de una
sociedad.
Precisamente leyes de Memoria Histórica lo que
propician es todo lo contrario de esto último. Hablamos de la
polarización, la tensión en la vida pública y la división de los
ciudadanos. Es descabellado pensar que en un país como España de 47
millones de habitantes, todos los ciudadanos van a coincidir en su
manera de interpretar el pasado, y que es posible que conminarles a que
acepten una determinada interpretación. Constituye una completa
irresponsabilidad utilizar el pasado para sacar réditos políticos en el
presente.
Un fracaso notorio de este tipo de leyes lo hemos visto en la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena
creó el Comisionado de la Memoria Histórica en 2016, formada por
diversos expertos. Pero la experiencia fue un fracaso, como no podía ser
de otra manera. En 2018, se produjo la dimisión en bloque de los
miembros de dicho Comisionado, al considerar que sus dictámenes eran
ninguneados por el consistorio madrileño.
Por un lado, este grupo de trabajo consideraba que la democracia
estaba obligada a honrar la memoria de todas las víctimas de la guerra,
fuesen del bando que fuesen, y también las del franquismo ante las
pretensiones de los dirigentes del Ayuntamiento de que sólo se
homenajeara y reconociera a las víctimas del franquismo y no a las de la
República.
El detonante definitivo fue la decisión de Carmena de levantar en el
cementerio de la Almudena un monumento a trescientos ejecutados por el
franquismo, entre los que se encontraban muchos chequistas que habían
asesinado antes a otros, cuyos restos se encontraban a sólo unos metros
de allí en contra del criterio del Comisionado.
Andrés Trapiello, uno de los miembros de
dicho Comisionado afirmó que se negaban al uso sectario de la memoria
por parte de quienes pretendían ganar la guerra 80 años después.
Estos adalides de las leyes de Memoria Histórica,
como los dirigentes de Podemos, suelen coincidir con los que
descalifican la Transición y su gran labor de reconciliación entre los
españoles.
Como afirma el escritor ya citado anteriormente, Andrés Trapiello, en un artículo en la revista Claves:
“Una paz duradera es imposible sin el olvido y sin olvido no hay
perdón. Nuestra tarea es luchar contra la impunidad sin alentar el
agravio ni el resentimiento, sabiendo que unas veces es preferible la
paz a la verdad y otras la justicia a la paz”.
En este mismo sentido, el riguroso historiador Ricardo García
Cárcel ha señalado que “se ha planteado la polémica como alternativa
entre recordar u olvidar la Guerra Civil, cuando lo que hay tras el
debate fundamentalmente es la confrontación de dos memorias: la
beligerante y vindicativa de los derechos de los perdedores de la Guerra
Civil y la pactista o reconciliatoria hegemónica en los años de la
transición política a la democracia”.
Por todos estos argumentos desgranados a lo largo de estas líneas considero un despropósito enorme la nueva Ley de Memoria Histórica y Democracia que ha presentado el PSOE en enero de este año en el Congreso de los Diputados.
Entre otras cosas, pretende limitar la libertad de expresión al
castigar con multas y sanciones la apología del franquismo. Quien quiera
reivindicar los aspectos represivos del franquismo se descalifica solo.
Al igual que quien tenga por referente democrático a Largo Caballero demuestra una gran ignorancia histórica.
Pero este tipo de conductas deben estar al margen de los tribunales. Como ha afirmado recientemente el líder de Más País, Íñigo Errejón “las restricciones a la libertad de expresión, en el mejor de los casos, se convierten en un boomerang”.
Fuente → elestado.net
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