Derecho a la Memoria y crisis monárquica

Derecho a la Memoria y crisis monárquica: El derecho a la Memoria no se puede entender de manera unilateral, visto solo desde el punto de vista de los intereses de Estado; entendido, solo y simplemente, desde las referencias vagas e inconcretas a las víctimas y de los causantes de los daños a las víctimas. Hay que entender el derecho a la Memoria como un todo, combinando las referencias fundamentales, que son a todas luces complementarias, como una expresión más de las relaciones de fuerza entre las clases.

 La sociedad española de nuestros días, aún sometida al consenso político de la Memoria, pretende hacer pasar la política de Estado por democrática. Y, ello mediante cartas marcadas, muy interesada en parcializar y obviar las cuestiones fundamentales de la Memoria Histórica en su conjunto. La lucha por la democracia política y republicana, como instrumento de la emancipación social de las clases explotadas y oprimidas, debe interesarse por la investigación y análisis de la Memoria Histórica a partir de la lucha por la democracia política, como una materia concreta, denunciando todo tipo de olvidos y amalgamas entre dictadura y democracia. Que el continuador del régimen de Franco -como ha sucedido recientemente- se constituya en portavoz de los Estados en la celebración oficial de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz debe, cuando menos, merecer nuestra atención y reflexión, entendiendo que con ello se quiere hacer pasar por democrática la represión y opresión de hoy contra el pueblo palestino por el Estado de Israel.

 No podemos permitir que la Memoria Histórica se convierta en un mero espectáculo mediático para mantener Jefes de Estado impuestos, carentes de legitimidad democrática alguna, falseando para esto, de raíz, las referencias históricas de la lucha contra el nazismo y el fascismo. Porque, con ello, se hace una gran contribución a la desmemoria y al mantenimiento oficial de la impunidad. El fenómeno de la impunidad está íntimamente relacionado con las formas más burdas de consenso político entre partidos del arco constitucional, que adquieren todo su sentido en medio de la colaboración de clases para mantener formas políticas antidemocráticas, con regímenes dictatoriales y corruptos. En el lenguaje oficial del régimen de la monarquía española se sigue relacionando democracia con consenso, y a la Memoria con el conflicto porque abre heridas que desazonan -según explica Reyes Mate en su escrito “¿Dos categorías en conflicto?”. Por ello, la memoria oficial de Auschwitz no se basa en los hechos y, en concreto, en la denuncia de las políticas tendentes a reducir a cenizas la humanidad, sino en el intento de invisilibilizar el crimen y la barbarie. Y permitir, con ello, nuevas formas de barbarie.

 La Memoria democrática debe ser relacionada con la política democrática. Una Memoria, por tanto, que no puede dejar de exigir en ningún caso verdad, justicia y reparación para las víctimas, y castigo para los verdugos. Para los nazis y los fascistas, sus políticas de exterminio pasaban por el hecho de que las víctimas eran desposeídas de sus condiciones de ciudadanos. No ya de su nacionalidad -que también-. sino de su condición de ciudadanos, y por tanto no sujetos de derecho. Y, es eso mismo, lo que se vuelve a repetir muchas décadas después con las víctimas aplicándoles políticas de impunidad, donde no se les reconoce ni como víctimas. Como sucede con las leyes españolas de Amnistía y de la Memoria.

 La política de consenso es capaz, en el asunto del desprecio por la Memoria, de ir aún más allá en cada momento; no solo evitando que se conozca la responsabilidad de los culpables, sino ocultando la evidencia. Mientras que los diputados de la derecha y de la izquierda oficial compiten en la apertura de Cortes, para que se vea quien aplaude y da más vivas a los reyes, se oculta a la opinión pública y a la justicia la realidad de crisis y corrupción que socava el reino.

 El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se ha visto en la necesidad de incorporar al sumario del caso Pujol una serie de informes policiales que dan cuenta de la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el expresidente catalán Jordi Pujol, acusado de blanqueo de capitales. El objeto de estas negociaciones sería el de establecer un trato judicial favorable para Pujol y su gente, a cambio de que éste no desvele información sensible sobre Juan Carlos de Borbón. Y en concretó para que Pujol no declarara que el heredero de Franco figura en una cuenta corriente en Suiza, relacionada con la trama Gürtel. Un caso de corrupción de buena parte de dirigentes del PP, que ha acabado con el gobierno Rajoy, y que por lo visto también afecta a la misma Casa Real.

 En los llamados “Papeles de Panamá” se dio a conocer que Juan Carlos figura también entre los poseedores de depósitos de importantes cantidades de dinero, evadidos de la Hacienda española.  Los servicios de inteligencia aseguran que esta información es falsa. Recientemente se daba a conocer por “The Telegraph” comisiones millonarias pagadas a Juan Carlos para la absorción del Banco Zaragozano por Barclays. Parece ser que estos asuntos de corrupción de Estado son los que han llevado a que Juan Carlos renuncie a su presencia en actos públicos en representación de la Corona. En Ginebra se investiga por parte de la fiscalía a los diferentes testaferros de Juan Carlos, que tienen importantes cuentas bancarias abiertas en diferentes entidades, donde se han ocultado cientos de millones de euros de empresarios y políticos españoles. Mientras, la justicia española se niega a investigar dichas causas, ya que la Familia Real goza, gracias a la Constitución, de bula, exención, dispensa y privilegios de inviolabilidad.

 No es extraño que diputados de diferentes partidos políticos hayan intentando que se conozca en sede parlamentaria la verdad de dichas informaciones y acusaciones judiciales. Iniciativas que han sido frustradas de manera reiterada por quienes, reclamándose de la democracia, protegen la impunidad de todo tipo de delitos cuando de personajes ligados a la cúpula del poder político se trata. La mayoría en Cortes -los diputados del PSOE, Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas- deberían ser suficientes para que se acabara con la impunidad histórica de los personajes del régimen y con la situación de inimputabilidad que afecta ahora a los más escandalosos casos de corrupción que conciernen a la más alta magistratura del Estado. El Parlamento de Cataluña ha creado una comisión de investigación sobre las “actividades o irregularidades delictivas de personas vinculadas a la Casa Real”, a la que se ha opuesto Pedro Sánchez, que tiene presentado en la actualidad recurso de inconstitucionalidad.

 Cuando aún no se había formado el “gobierno de coalición” entre el PSOE y Unidas Podemos, el actual ministro Alberto Garzón había criticado la “comunión de intereses” del PSOE, con PP y Ciudadanos, en relación con la crisis y corrupción monárquica; diciendo que “al partido de Pedro Sánchez, más allá de soflamas y propaganda, le tiemblan las piernas en cada oportunidad de avanzar en la calidad democrática y transparencia de instituciones como la Casa Real en nuestro país”.

 Dicha Comisión de investigación de las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real se sustenta en el derecho democrático a investigar la corrupción por parte de las Cortes, los Parlamentos y los jueces. Acción que no puede detenerse ante los poderes ilegítimos de la monarquía, ni ante la complicidad política de partidos clientelares.

 Los pueblos tienen derecho a decidir acerca de la ilegitimidad democrática de la monarquía, decidiendo democráticamente qué forma de Estado quieren.


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