Repaso a España en la ONU sobre libertades y violencia policial
 

Repaso a España en la ONU sobre libertades y violencia policial: El examen sobre derechos humanos a que se ha tenido que someter esta mañana España ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado pie a la advertencia de diferentes países sobre la necesidad de garantizar la libertad de expresión y de reunión en el estado español. La violencia policial ha estado también presente en algunas intervenciones, en las que se ha reclamado que se investiguen estos casos y se depuren responsabilidades. El examen a que se ha tenido que someter España lo han de pasar cada cinco años todos los miembros del Consejo. La violencia de género, el trato a los migrantes —con especiales menciones a la situación en Ceuta y Melilla— y menores no acompañados y el combate contra la xenofobia y la discriminación han sido temas repetidos en la mayor parte de las intervenciones.

Venezuela ha sido el único estado que se ha referido explícitamente al pulso entre Catalunya y España y ha reclamado "que el nuevo gobierno inicie un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones". El documento del Alto Comisionado que sirve de base al examen ya contenía referencias al 1-O y se mostraba "sumamente preocupado por la violencia" que se registró durante el referéndum sobre la cual reclamaba una investigación independiente.

A la necesidad de garantizar la libertad de expresión y de asociación en España se ha referido el representante de Estados Unidos, que ha reclamado que se pida cuentas "a los responsables de crímenes y delitos contra periodistas o todo aquello que socave el disfrute de la libertad de expresión", y Bélgica, que ha reclamado medidas para "garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y opinión". Pero también han alertado sobre este tema Irán, Italia, México, Suiza, Egipto, Colombia, Costa Rica, Chipre, Alemania o Islandia. A menudo estas referencias se han vinculado a la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, sobre la cual se ha alertado que no puede servir para condicionar la libertad de expresión y reunión.


Las denuncias por excesos policiales han aparecido en el evaluación de Rusia, que ha recomendado una "investigación independiente y eficaz sobre todos los casos de intervenciones ilícitas en manos de las fuerzas de la orden" y en la de Italia y la de Países Bajos, que han reclamado explícitamente que se investiguen estos excesos, pero también ha sido citada por Iraq.

Luxemburgo ha reclamado que se despenalice el delito de difamación y también Maldivas se ha referido a este tema, pero ha sido Canadá quien ha pedido explícitamente que se revise el Código Penal en relación a los delitos de injurias contra la Corona.

Suiza ha advertido que "el pasado franquista sigue siendo un reto para España" y ha reclamado que se garanticen el derecho a verdad, justicia y reparación y se investiguen los crímenes cometidos durante aquel periodo de acuerdo con las normas del derecho internacional. Sobre memoria histórica también han hablado Líbano y Armenia.



Diferentes países, como Austria, han alertado sobre al régimen de prisión incomunicada, mientras que Liechtenstein, Malta, Países Bajos y Argentina se han referido a la tortura y desapariciones forzadas.

El secretario de Estado de Exteriores, Fernando Valenzuela, se ha encargado de defender el posicionamiento español. Ha admitido que la Ley de Seguridad Ciudadana y su interferencia en la libertad de expresión y reunión están siendo objeto de análisis, pero ha subrayado que precisamente el objeto de la ley es "salvaguardar el derecho de reunión" y regularla para intervenir sólo cuando pierde "el carácter pacífico", además de garantizar, en la intervención policial, la proporcionalidad e injerencia mínima y no discriminación por el contenido de los mensajes. "En cualquier momento un particular puede denunciar a la policía ante los tribunales que desde su independencia iniciará un procedimiento con garantías", ha remachado.

Ha asegurado que España no tiene ninguna norma que permita intervenir en medios de comunicación, que tiene muy pocas normas que regulen la libertad de expresión, precisamente para garantizarla, y que la Ley de Seguridad Ciudadana no la restringe. España, según ha asegurado el secretario de Estado, sólo ha sido condenada en ocho ocasiones por actuaciones contra la libertad de expresión.
En relación a los delitos de injurias ha explicado que ya se habían derogado las penas leves y que en el caso del Rey, a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha modificado, porque se consideró que entraba en el ámbito de la libertad de expresión. Ha admitido que sí existe el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero ha asegurado que ha habido muy pocas sentencias condenatorias y sólo se aplica en casos flagrantes.

Ha asegurado que la prisión incomunicada se reformó a fondo en el 2015, que las excepciones a los derechos de los detenidos tienen que ser restringidas a casos concretos y que no se puede entender como un aislamiento total del detenido porque el preso tiene derecho a comunicarse en todo momento con el juez, el fiscal y el médico forense. "Se trata de una incomunicación parcial, no total. Limitada a cinco días, que se puede alargar si es por delito de terrorismo", ha argumentado.

Valenzuela ha asegurado que cualquier denuncia de tortura a un detenido se somete a una investigación policial interna, además de poder abrir un proceso judicial.

Bangladés, República Checa y Nigeria se encargarán de elaborar el informe final.
Fuente → elnacional.cat

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