La guerra sucia del Estado profundo: La Junta Electoral Central, un órgano administrativo, ha inhabilitado al presidente Quim Torra y al eurodiputado Oriol Junqueras en una decisión inédita –por incompetente y vergonzosa– contra las instituciones de la Generalitat, el autogobierno catalán y la soberanía popular.
La JEC ha usurpado las funciones del Tribunal Supremo, se ha desentendido de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y ha actuado como brazo jurídico de la derecha y la ultraderecha española infligiendo un golpe institucional por la puerta trasera, siempre con el inestimable apoyo de la incendiaria caverna mediática madrileña. Un intento de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez y de hacer inviable el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podamos. En este sentido, el PSOE está recibiendo las consecuencias de lo que él mismo sembró en los años del Procés, con la amenaza constante del 155 y comprando los argumentos de la derecha más rancia. No obstante, después de los resultados de las elecciones del 10-N, Sánchez está obligado a ceder si quiere obtener su primera investidura exitosa, condicionado por la mayoría de las fuerzas soberanistas de todo el Estado.
La decisión de la JEC –que entona el ‘a por ellos’– es un ataque más del Estado profundo a la política catalana pero, también, a la española; que se suma a una negra lista de operaciones dirigidas desde las cloacas para mantener el control de un Estado que hace aguas. Un colofón a unas prácticas oscuras como las que se llevaron a cabo en la operación de desestabilización económica y social durante el otoño del 2017 promoviendo el cambio de sedes sociales de empresas; o como las continuas maniobras represivas contra el independentismo, con la deshinchada operación Judas contra los CDR acusados de terrorismo como paradigma del descrédito de la justicia española.
Una vez más la política catalana volverá a estar en manos del Tribunal Supremo. Torra y Junqueras pueden recorrer la decisión de la JEC presentando recurso al alto tribunal español para la protección de derechos fundamentales y pedir que suspenda su inhabilitación aplicando medidas cautelares. El TS resolverá, en breve, sobre si acepta o no las cautelares y el recurso. Una decisión que afectará directamente a una legislatura catalana que cuelga de un hilo. Al respecto, la respuesta del Parlament no se ha hecho esperar y la mayoría independentista de la cámara catalana ha rechazado la resolución de la JEC, ratificado a Torra y reconocido que el único marco jurídico aplicable en este caso es la ley de presidencia y el reglamento del Parlament. Una resolución política que veremos si cuando se tenga que afrontar la ejecución de la inhabilitación comporta una nueva desobediencia o un acatamiento que precipitaría los escenarios. El texto también apoyaba a Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont para ejercer como eurodiputados, y reivindicaba la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía. Puntos que han hecho que los Comuns se abstuvieran (excepto con el apoyo al rechazo a la decisión de la JEC); mientras que el PSC ha hecho gestos –insuficientes– criticando la JEC y alejándose de las tesis de PP y Ciudadanos.
Un Estado profundo que se tambalea cuando oye hablar de plurinacionalidad, de nación de naciones, de autodeterminación y que, esta vez, no ha dudado en instrumentalizar ideológicamente la JEC cuando ha visto que es factible un gobierno de izquierdas que empiece a dialogar para abordar políticamente la cuestión catalana. En esta coyuntura un cambio de guion es indispensable, donde la intransigencia se convierta en diálogo y negociación para dejar atrás la vía judicial y represiva, y para poner hilo a la aguja en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
Fuente → rebelion.org
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