Ceaqua señala en un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas los incumplimientos sistemáticos de las recomendaciones
dictadas para garantizar la tutela judicial de las víctimas del
franquismo.
España afronta su examen periódico en derechos humanos ante la ONU reforzando la impunidad del franquismo: Ningún avance en cuanto a garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. “Lo que hay son retrocesos”, apostilla Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua).
Mañana, 22 de enero, España entra en el tercer ciclo de su examen periódico internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Desde Ceaqua han trasladado a este Consejo un informe, apoyado por más de cien colectivos de todo el Estado, entre los que se cuentan decenas de asociaciones y foros territoriales de memoria histórica, Ecologistas en Acción, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, la Unión de Asociaciones Familiares, o la asociación de presos y represaliados del franquismo La Comuna.
En él detalla cómo el Estado español ha incumplido las recomendaciones realizadas desde Naciones Unidas en cuanto a memoria histórica. “En este momento de examen es muy importante el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que son una fuente de información”, explica Paloma García Varela, politóloga de Ceaqua, quien añade que tras esta nueva fase de examen saldrá un nuevo informe por parte del Consejo de Derechos Humanos con nuevas recomendaciones sobre las que el Estado español tendrá que responder en junio.
El proceso de examen periódico universal comenzó en mayo de 2010 y en 2015 tuvo su segunda fase. En ese tiempo, desde el Consejo de Derechos Humanos se han realizado una serie de recomendaciones a España enfocadas en varias temáticas que van desde los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las migrantes hasta la libertad ideológica o religiosa, la trata de personas o los derechos de las personas detenidas.
Una de las temáticas abordadas es la actuación en memoria histórica, ámbito sobre el que desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya recomendaron a España en 2015 “elaborar una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado” sobre las bases de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición —recomendación 131.98—, proseguir esfuerzos para abordar las injusticias históricas y proteger los derechos de las víctimas —recomendación 131.99— y abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista —recomendación 131.100—.
“No ha habido ni una sola medida adoptada por parte de los tres poderes del Estado que suponga ningún avance, lo que hay son retrocesos porque, a diferencia de lo que acontecía hace diez años, ahora sí hay un buen número de resoluciones judiciales que vulneran ese derecho a la tutela judicial efectiva”, explica Lara en relación al más del medio centenar de querellas interpuestas por particulares e instituciones por los crímenes cometidos durante el franquismo y que están siendo sistemáticamente rechazadas por los órganos judiciales.
La respuesta dada por España, en noviembre de 2019, a las recomendaciones en cuanto a memoria histórica se limitaron a tres párrafos que sumaban 16 líneas de texto. En ellas, el Gobierno de España, ya con el PSOE de Pedro Sánchez, se limitaba a afirmar que la prescripción de delitos y la Ley de Amnistía de 1977 impedían juzgar los hechos “acaecidos durante los años 30 y 40” —olvidando las otras tres décadas de dictadura franquista—, luciendo como avance la proposición de Ley sobre bebés robados —cuya tramitación fue aprobada por unanimidad pero de la que no ha vuelto a haber nuevas noticias— y la creación de la Dirección General de Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia.
“Lo que plantea el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”
“Siguen invocando la prescripción de lo delitos y la Ley de Amnistía de 1977 porque entienden que las víctimas no pueden acudir a la justicia —señala Lara— y no nos parece que sea una respuesta mínimamente adecuada ya que lo que se plantea desde el Consejo de Derechos Humanos es un avance sustancial en la tutela efectiva de las víctimas, algo que no se está produciendo a pesar de que se está desplegando una actividad judicial muy importante desde Argentina y desde el Estado español”. Lara apunta que lo que exige Naciones Unidas es acabar la impunidad. “Se lo exige porque España está incumpliendo sistemáticamente el contenido de todo el derecho internacional de derechos humanos que está obligada a cumplir por la ratificación de tratados internacionales”, explica el abogado. “No se trata de ratificarlos y dejarlos como papel mojado, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”, añade.
La contribución de Ceaqua al examen periódico universal, titulada El derecho a la tutela efectiva de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, recuerda que en la Guerra Civil y en los cerca de 40 años transcurridos hasta el final de la dictadura franquista se exterminó a cientos de miles de personas, miles de bebés fueron robados, miles de personas fueron sometidas a trabajo esclavo o internadas en campos de concentración, las mujeres fueron privadas de sus derechos civiles fundamentales y se cometieron miles de casos de torturas contra opositores al régimen y de represión de personas homosexuales, lesbianas o transexuales. “Hasta ahora ni una sola de las personas que sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos han sido reparadas por la Justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor han sido juzgados”, afirma el informe.
Ante la querella argentina contra los crímenes del franquismo, interpuesta el 14 de abril de 2010 y tramitada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires con el número 4591/2010, Lara señala que “ahora directamente hay resoluciones judiciales de órganos españoles en las que se niega la tutela judicial efectiva”.
La primera acción de bloqueo de la querella fue una decisión del Consejo de Ministros adoptada el 13 de septiembre de 2015 con la que se negaba la extradición de las 20 personas entonces imputadas en la querella para que se les tomara declaración por parte de la juez María Servini, instructora de la causa. El Gobierno español argumentaba entonces el principio de jurisdicción preferente por parte del Estado español para juzgar a sus ciudadanos y la “extinción de la responsabilidad criminal”, ya que, según cita el texto, el Código Penal de 1973 tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años.
La decisión del Consejo de Ministros fue respondida doce días después por Ariel Dulitzky —presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias—, Christof Heyns —relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias—, Juan E. Méndez —relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— y Pablo De Greiff —relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— con un carta en la que expresaban su preocupación por el “desamparo en el cual esta decisión dejaría a las víctimas y a los familiares de víctimas de estas violaciones, en particular por la denegación de su derecho a la justicia y a la verdad”, y recalcaban la obligación internacional de España de extraditar o juzgar a los responsables de estos delitos.
“Expresamos grave preocupación por los argumentos esgrimidos por el Gobierno, los cuales ignorarían y contradecirían las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad criminal para no juzgar o extraditar los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”, continuaba la carta, que fue ignorada por el Gobierno español de entonces, en manos del Partido Popular.
Respuesta de la ONU ante el... by El Salto periódico on Scribd
El año siguiente vino el siguiente gran obstáculo: la Fiscalía General del Estado dicta una orden de instrucción y servicio el 30 de septiembre de 2016, de obligado cumplimiento para todos los fiscales para que en ningún caso se puedan ejecutar comisiones rogatorias que vengan desde Argentina para tomar declaración a los imputados en la querella.
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Fuente → elsaltodiario.com
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