La represión que sigue a la contienda de la revolucion de asturias de 1934

La represión que sigue a la contienda: Doval dirige la represión
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El comandante de la Guardia Civil persiguió con saña a los obreros que participaron en la revolución y llenó las cárceles con miles de detenidos, mientras que juzgados militares dictaron penas de muerte en consejos de guerra
  Ilustración de Alfonso Zapico

El%2Bcomandante%2BLisardo%2BDoval%2By%2BEl comandante Lisardo Doval y Francisco Franco. / E. C. elcomercio.es

Como en cualquier guerra, la represión que sigue a la contienda suele ser más tremenda que aquella y dejar más huella. Eso fue lo que sucedió en Asturias después de que el Ejército derrotara a las columnas de obreros y pusiera fin a la revolución de octubre de 1934. Apenas pasó una semana desde que el Ejército se hizo con el control de la revuelta obrera. A finales de octubre, el nombre del principal represor de los obreros vencidos aparece en la prensa por primera vez. En su edición del 26 de octubre de 1934, EL COMERCIO informa que «el comandante de la Guardia Civil, Doval, llega para proceder al desarme en las cuencas».

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El comandante Lisardo Doval. elcomercio.es

El comandante Lisardo Doval ocupa por deméritos propios un lugar destacado entre los protagonistas de la revolución asturiana de 1934. En su caso, por simbolizar, como delegado del ministro de la Guerra para el orden público en Asturias y León, la dura represión contra el movimiento obrero que había participado en la revuelta de octubre. Además de enviar a Doval, el Gobierno de derechas de Lerroux orquestó otras medidas de fuerza contra Asturias. Todas ellas con la intención de meter en cintura a una provincia que había prendido la mecha de una revolución obrera que había puesto en jaque al Gobierno. Así, se mantuvieron durante un tiempo las tropas que habían llegado a Asturias para aplastar la revuelta. Sobre todo, hasta que unos meses después se creó una comandancia militar en la provincia. Y, por si fuera poco, se nombró un gobernador civil general que llegó a Asturias para aplicar mano dura en la represión. En los días previos a la derrota de los revolucionarios comenzaron a llegar a Asturias ministros. El Gobierno quería conocer in situ el alcance de la revuelta. Junto con el ministro de la Guerra visitó la provincia el general Franco. El militar que había diseñado la estrategia para reprimir la revolución asturiana opinó entonces que lo ocurrido en Oviedo era «una infamia». Una opinión en la línea expresada por el ministro de Hacienda, quien denunció que «se han cometido muchas bestialidades». En ese clima de opinión crítico con el movimiento obrero, Gil Robles, el líder de la derechista CEDA, afirmaba que «es necesario la ejemplaridad», e incluso José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange, acude a Asturias para contemplar los daños causados por la revolución. La única voz discordante es la de Indalecio Prieto. El líder socialista acusa al Gobierno desde su exilio en París de utilizar «medidas extremadamente violentas en la represión», sin olvidar censurar el envío de tropas africanas para sofocar la revuelta obrera y ordenar bombardeos contra el levantamiento.

Gil Robles, el líder de la derechista CEDA, visto por Alfonso Zapico
Antes de que el Consejo de Ministros escuchara el informe del ministro de la Guerra sobre la revuelta en Asturias y de examinar «el panorama trágico de la revolución», el comandante Doval ya estaba reprimiendo sobre el terreno al movimiento obrero. Doval llegó a Asturias con plenos poderes. La Gaceta (una especie de BOE de la época) publicó el 1 de noviembre 'el decreto de guerra nombrando al comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, jefe de las fuerzas de la Benemérita, Asalto, Seguridad, Investigación y Vigilancia en las provincias de Oviedo y León y que, terminado el estado de guerra, siga en el mismo cuerpo dependiendo del Ministerio de la Gobernación'.

Indalecio Prieto. Aunque nacido en Oviedo de origen humilde, muy pronto se fue a vivir a Bilbao, donde estudió en un centro religioso protestante. recursosacademicos.net
prieto2.jpg«Acierto del Gobierno» Como se ve, Doval llegó con mando en plaza y con la convicción de que su nombramiento había sido «un acierto del Gobierno», según declaró entonces Gil, el ministro de Hacienda. Su cometido era amplio. Por un lado, desarmar a los insurrectos, ya que el Gobierno creía que «aún quedan 5.000 fusiles en manos de los revolucionarios, aunque se han arrojado muchos al río», en palabras del citado ministro. El alto mando de la Benemérita también se dedicó en cuerpo y alma a practicar detenciones de los que participaron en la revuelta. El comandante, que utilizó como despacho dos habitaciones de la Diputación Provincial, no perdió el tiempo. Comenzó a organizar la represión junto con los 40 oficiales que le acompañaron en su viaje a  Asturias. También llegaron a la provincia, de las comandancias de Burgos, Pamplona, Valladolid y Zamora, 400 guardias para imponer el orden público. Con esta fuerza, Doval comenzó a ordenar registros domiciliarios masivos y a detener a muchos obreros. Por otro lado, guardias civiles daban batidas en los montes en busca de fugados.

Ilustración de Alfonso Zapico

img454-4.jpgPara organizar la represión, Doval, que estaba al mando de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Santander, nombró interventores en muchas zonas de Asturias, que estaban protegidos por guardias civiles y guardias de asalto. El método represor elegido para forzar la captura de los revolucionarios fugados es maquiavélico. Van casa por casa y exigen a los familiares del fugado que le avisen para que se entregue. Si no lo hace, los familiares son detenidos, multados con 500 pesetas y sus propiedades son intervenidas. Y para rizar el rizo, informan de que es condición indispensable de que el fugado que se entregue lo haga con su fusil. Entre los fugados, el más buscado es el líder socialista Ramón González Peña, uno de los caudillos de la revolución. En la búsqueda de armas participaban guardias civiles, de asalto y columnas militarizadas. Después de la revolución fueron recuperadas muchas armas. Principalmente fusiles, ametralladoras, pistolas, cañones o bombas de dinamita. El desarme es uno de los objetivos principales del Gobierno. Alarmado por el robo de armas de las dos fábricas existentes en Asturias, la de Trubia y la de la Vega, el propio Lerroux aseguraba que continuaría el estado de guerra que se había impuesto en la provincia al estallar la revolución «hasta que no se haya levantado el desarme». Las detenciones son masivas durante los primeros días. La prisión provincial es uno de los principales centros de reclusión donde se lleva a los detenidos. Pero llegan tantos que a los pocos días las autoridades advierten de que «allí ya no caben ni de pie». El 12 de noviembre se contabilizan 1.400 presos en ese centro, una cifra que no sorprende teniendo en cuenta que en esas fechas se detuvieron a más de 30.000 personas en toda España. 
Ilustración de Alfonso Zapico
Cárcel en El Bibio. Los presos son trasladados desde Oviedo a otras cárceles como las Cangas de Onís o Gijón. En esta ciudad, la plaza de toros de El Bibio hace las veces de improvisada cárcel. Tal es la saturación y la falta de cárceles que el 31 de octubre unos 300 presos son trasladados a los frontones del antiguo colegio de La Inmaculada. Una vez detenidos, los juzgados militares empiezan a instruir consejos de guerra, que se prolongan desde finales de octubre hasta bien entrado 1935. Para simplificar la instrucción, se reúne en un solo proceso las diligencias de los detenidos como presuntos culpables de los hechos ocurridos durante la revolución. Se empiezan a dictar las primeras penas de muerte. En unas declaraciones publicadas por EL COMERCIO el 30 de octubre, Lerroux da cuenta de la situación: «Me preocupan las veintitantas penas de muerte que tengo en mis manos», dice el jefe del Gobierno.Finalmente, el Gobierno indulta a 21 condenados a muerte y sólo firma dos sentencias ejecutorias. Una de las dos personas que no se beneficia del indulto es el autor del atraco a la Casa Rectoral de Castiello de Bernueces. José Naredo es fusilado días más tarde en la cárcel de El Coto. Es la primera víctima de la represión en Asturias.


2009-01-20_IMG_2009-01-13_01.26.08__1343Ilustración de Alfonso Zapico


En medio de las labores policiales de represión del comandante Doval, Asturias trata de recuperar la normalidad perdida. Eso sí, bajo la atenta mirada de las tropas. Los militares siguen controlando con mano férrea la provincia, principalmente las cuencas mineras. Durante esos días, se normaliza el tratamiento a los heridos, muchos de los cuales son evacuados a los hospitales militares de Burgos, Valladolid y Madrid. El total de heridos en los sucesos revolucionarios de octubre en toda España se cifra en unos 7.000. Por aquellos días de finales de octubre, en la prensa se recogen las primeras cifras de bajas en el Ejército y las fuerzas de orden público. En total, se calcula que en Asturias y en el resto de España murieron 3.000 personas (entre soldados y revolucionarios) en la revuelta obrera y en la posterior represión. EL COMERCIO habla el 28 de octubre de 131 muertos, 253 heridos y 73 desaparecidos. Días más tarde, el Gobierno contabiliza 220 muertos, 743 heridos y 46 desaparecidos. Son las primeras cifras, que dan idea de la violencia con que se emplearon los dos bandos durante los 14 días de revolución Otra forma de honrar a los que cayeron combatiendo en la revolución fue la apertura de cuentas en los bancos para recibir donativos para la fuerza pública y el Ejército. Se llegaron a recaudar 14 millones de pesetas. Los soldados también fueron agasajados con desfiles en sendos homenajes en Oviedo y Gijón, en los que cientos de personas se echaron a la calle para vitorearles como héroes . Otro acto de reconocimiento, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, es el nombramiento de los generales Franco y López Ochoa como hijos adoptivos de la ciudad. Igualmente, la Federación Patronal Asturiana visita a López Ochoa y al teniente coronel de la Legión, Juan Yagüe, para felicitarles por su actuación en la revuelta. Y, finalmente, el propio consistorio homenajeó a los caídos en la lucha contra la revuelta obrera en el cementerio de San Salvador.

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Juan Yagüe en la época en la que operó en Asturias. lne.es

Normalizar la economía. Junto a las medidas represoras y los homenajes, la sociedad civil comienza a organizarse. Y una de las primeras medidas de calado es la constitución de una Comisión Gestora Provincial en la Diputación. Una de sus principales preocupaciones es la de normalizar la economía regional. Y como la minería es una de las principales actividades de la provincia, la gestora empieza a dar los primeros pasos para la reapertura de las explotaciones, cerradas desde el inicio de la revolución. Por esta razón convoca a una reunión a los alcaldes de las zonas hulleras y a los empresarios mineros. Entretanto, la resaca de la revolución salta desde Asturias hasta Madrid. En la capital, Lerroux informa el 5 de diciembre a las Cortes de lo sucedido en Asturias. Antes de la apertura del Parlamento, en la prensa ya se apuntaba la posibilidad de aplicar un recargo en la contribución «que sirva de base a un empréstito para la reconstrucción en Asturias». Es el germen de una idea que cuajará más tarde. Los ministros que forman la llamada ponencia ministerial, un grupo de trabajo que ha sido constituido para aportar soluciones a la crisis catalana (intento de constituir una república federal) y asturiana (con la revuelta obrera), avanzan varias medidas para evitar riesgos de un nuevo estallido revolucionario. Con la elaboración de un nuevo régimen de explosivos y una nueva normativa sobre la tenencia de armas, a primeros de noviembre de 1934, el Gobierno pretende evitar que la sociedad asturiana esté armada, como ocurrió a primeros de octubre, y el movimiento obrero puede levantarse de nuevo en armas. La segunda decisión de calado es la conveniencia de nombrar un gobernador civil general en Asturias y provincias limítrofes con plenas atribuciones para reforzar el orden público y reducir al mínimo la conflictividad social en la provincia. Es un cargo complementario al de Doval y que da idea del énfasis que puso el Gobierno en cortar de raíz nuevos movimientos revolucionarios en Asturias. A estas alturas, según se desprende de unas declaraciones de Lerroux que recoge este periódico el 1 de noviembre, está claro que «el problema de Asturias es de orden público, mientras que el de Cataluña es de orden político».

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Minero muestra cómo fue torturado, en carta a su familia. cosal.es

Mientras tanto, la tarea policial de Doval va dando sus frutos. Sus informes llegan a oídos del Gobierno y algunos tienen un enorme eco. Es el caso de los asesinatos que se le imputan al comité revolucionario de Turón. EL COMERCIO recoge está información el 3 de noviembre. El propio Lerroux informa de que se acusa a «a los comités soviéticos de Turón de matar al teniente coronel de Carabineros». A este grupo de unas 10 personas se le acusa también de asesinar al comandante de este cuerpo, al ingeniero Del Riego y «a hermanos de la doctrina cristiana». A primeros de noviembre, por otra parte, empieza a dar fruto otra de las pesquisas policiales a las que Doval dio prioridad. El comandante puso gran empeño desde un principio en recuperar el dinero que los revolucionarios robaron de la sucursal del Banco de España en Oviedo. En esas fechas se lee en la prensa que los efectivos de Doval han recuperado parte de ese dinero. Por esas fechas también se empieza a hablar de la salida de Asturias de una parte de las tropas que acudieron a la provincia para combatir la revuelta obrera. El 3 de noviembre, el general López Ochoa declara en la prensa que comienza el regreso de las tropas. Hasta 40.000 soldados llegó a tener el Ejército enviado a Asturias para sofocar la revuelta. Ahora, como el Gobierno considera que el caso asturiano ya solo es «un problema de orden público», ordena el regreso ordenado de las tropas.


 El general López Ochoa. laverdadofende.blog

FUENTE:  EL COMERCIO DIGITAL / elcomercio.es












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