Proyecto Faq La Constitución como problema

viernes, 6 de diciembre de 2019

La Constitución como problema


La Constitución como problema:
La Constituyente Soberana de la República como solución

La historia del constitucionalismo en España, que comenzó en 1812, llega en la historia hasta el texto pactado de 1978 que, habiendo consolidado los poderes ilegales e ilegítimos del franquismo  durante más de cuarenta años, se ha convertido en una Constitución cerrada sobre sí misma; en un verdadero catecismo de Estado inamovible, según las exigencias oficiales, en definitiva, cosificado en un texto con pretensiones de hacerse definitivo y, por tanto, irreformable.

El constitucionalismo de 1812 abre un periodo de modernidad político-jurídica que vino a consolidar, frente a la invasión francesa y la consiguiente guerra de la independencia, un primer atisbo de nación española que busca su soberanía frente a un imperio colonial de Estado en ruina. La Corona, la Iglesia y los militares eran los privilegiados, cuando la burguesía como clase aparece en la historia como incapaz de deshacerse de las tinieblas del antiguo régimen. De ello hace algo más de dos siglos. España es el ejemplo clásico de un país sin revolución burguesa capaz de romper con el estancamiento económico y el parasitismo y, por tanto, sin posibilidades de unir y centralizar de forma democrática sus territorios. Los siglos XIX y XX han conocido numerosas constituciones recorridas por golpes de Estado, guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras militares y dos breves repúblicas, que fueron aplastadas por los que no cedieron históricamente ni un ápice en sus privilegios.

Cuando se pactó la Constitución del 78, entre las cuestiones fundamentales de los partidos de izquierda reclamándose del socialismo, jugaba un papel fundamental la lucha por la democracia y las conquistas sociales, y un lugar privilegiado para las aspiraciones nacionales de las naciones que la burguesía había sido incapaz de unificar, y que el franquismo había centralizado brutalmente a sangre y fuego. De nuevo, a la muerte de Franco se deja en manos de la Monarquía la tarea de mantener la unidad del Estado, tarea que de nuevo vino a depender de la opresión política con algunas concesiones autonómicas a las burguesías locales. La Constitución del 78 es la de Monarquía de Juan Carlos por herencia franquista, y su llamada “reforma política” consistió en legalizar las expresiones políticas perseguidas por el régimen franquista con el objetivo declarado de hacer depender a los partidos y sindicatos del movimiento obrero y de las nacionalidades, del presupuesto de Estado, para que defiendan como la niña de sus ojos la “razón de Estado”. Se instauraban así los principios degenerados del clientelismo político vertical, que vendrían a extender las formas de corrupción política generalizada a partir de las mismas instituciones de Estado.

El proyecto político, aprobado por las Cortes y que dio lugar a la Constitución del 78, convirtiéndose en ley de leyes, fue pactado tanto en lo territorial como en lo social, y permitió la convocatoria de elecciones. Cortes que nunca fueron constituyentes, sino pactadas y otorgadas bajo el control de la Monarquía y sus aparatos de Estado. El desarrollo de la lucha de clases, y en particular las exigencias democráticas y nacionales de los pueblos que reclaman soberanía, han puesto en cuestión el pacto constitucional del 78, que también fue roto en varias sentencias del Tribunal Constitucional, convertido en poder supremo de la legalidad constitucional contra la voluntad de los pueblos.

Los hechos son tozudos. El texto pactado con reparto de privilegios, que permitió la continuidad franquista se ha convertido por mor de la lucha de clases, de las demandas de los trabajadores y los pueblos, de una parte, y de las imposiciones del Estado monárquico, de otra, en el problema de problemas de la gobernabilidad, abriendo un capítulo histórico nuevo: el de la Constitución como problema.

El régimen del 78 se arropó durante decenas de años no solo de la “razón de Estado” sino, y además, de la “razón democrática”, gracias a la colaboración prestada por los dirigentes de las fuerzas que se autoproclaman y se reclaman de la democracia. La monarquía de Felipe VI coincide en el tiempo con la pérdida de toda razón democrática del régimen, haciendo prevalecer la razón de Estado mediante la represión política, que toma la forma de judialización de la vida política y parlamentaria.

Desde hace más de una década, no deja de hablarse de la necesaria reforma del texto de 1978, pero todo lo que se ha hecho a través de lo que queda del consenso, ha sido introducir contrarreformas y más contrarreformas en la Constitución y en las leyes que la desarrollan.

Sobre el PSOE reposa, en particular, la renuncia a la reforma democrática, mientras que los dirigentes de este partido, por su parte, son los que justifican el bloqueo acusando al PP de inmovilismo.

La negativa a una reforma constitucional se suele apoyar en el marco europeo; dado que una buena parte de lo que se aplica como ley en nuestro país nos viene impuesto por decisión de los organismos del imperialismo que dominan el capital financiero internacional, la Unión Europea y la OTAN. Así, los Presupuestos Generales del Estado son visados, revisados y corregidos por los burócratas de Bruselas que son los que en última instancia deciden.

La reforma constitucional, según dicta el art. 168, requiere de mayorías muy reforzadas de diputados y senadores y de un largo y complejo proceso de consenso, que comienza por la disolución de las Cortes, la necesaria ratificación de la reforma aprobada por unas nuevas Cortes constituidas, y la convocatoria de un referéndum para que la reforma quede definitivamente aprobada. El miedo a una reforma constitucional se ha convertido en un nuevo peso muerto sobre la crisis del régimen. Mientras, el mismo barómetro del CIS desvela que hay una mayoría absoluta de la población que no está satisfecha con la Constitución del 78; mayoría que al mismo tiempo expresa su insatisfacción con el funcionamiento “de la democracia en España”.

De un lado, nos encontramos con el agotamiento de un régimen de privilegios, que se resiste a cualquier reforma, apoyado en partidos clientelares; de otro, con una mayoría social de trabajadores y pueblos, que necesita reorganizarse de forma independiente para conquistar sus aspiraciones sociales y democráticas.

La parálisis constitucional e institucional, el agravamiento de la crisis política y económica ha llevado a que naciones históricas como Cataluña -a la que ahora se suma Euskadi con un nuevo Estatuto que integra el derecho de autodeterminación-, avancen, enfrentándose a los privilegios políticos constitucionales de la monarquía y su ejército. Propiciando su propio proceso constituyente; separándose del dictado constitucional; abogando por el ejercicio de su soberanía nacional mediante el ejercicio de la ruptura con el régimen de la Monarquía y la proclamación de la república catalana y vasca.

La propuesta de preparar la convocatoria de un referéndum sobre Monarquía o República, para la próxima primavera de 2020, es el intento más amplio, después de 41 años de pacto constitucional impuesto a la población, para tratar de dar solución política a los problemas de nuestra sociedad, comenzando por la definición de un marco institucional democrático nacido de la voluntad mayoritaria de la población.

República, Constituyente soberana, derecho de autodeterminación y libre federación, constituyen los pilares políticos e institucionales del cambio que los trabajadores y pueblos demandan.


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La Constitución como problema Rating: 4.5 Diposkan Oleh: La Voz de la República
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