Pese a que esta misma semana se ha dado un importante paso para lograr su exhumación, la derecha ha puesto todo tipo de cortapisas para que se pudiera hacer justicia
Valle de los Caídos: las víctimas aguardan, mientras las familias van quedándose sin tiempo: La exhumación de los restos de Franco ha vuelto a poner el foco sobre un problema con el que llevan luchando décadas los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. Sin embargo, pese al gesto que ha acabado con una anomalía democrática demasiado prolongada en el tiempo, “queda todo por hacer”.
Así lo reconoce a ELPLURAL.COM Eduardo Ranz, abogado de las víctimas republicanas e impulsor del proceso que ha dado lugar a la única sentencia que a día de hoy existe en nuestro país que cuestione el franquismo y autorice exhumar, la de los hermanos Lapeña.
Manuel, técnico veterinario, y Antonio Ramiro, herrero, fueron detenidos en Villaroya de la Sierra (Calatayud, provincia de Zaragoza) su pueblo natal, en el verano de 1936 por haber militado en el sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
Al primero lo apresó un grupo de falangistas en una finca. Se lo llevaron en un camión y estuvo un día entero atado en la plaza hasta que lo trasladaron a la cárcel de Calatayud, donde fue asesinado. El segundo, Antonio Ramiro, huyó al conocer la muerte de su hermano, pero regresó tras conseguir la familia un documento que garantizaba su seguridad. De nada sirvió. Lo arrestaron y también lo asesinaron, en este caso en el cementerio de Calatayud. Como a su hermano, sin juicio previo.
Sus restos fueron trasladados dos décadas después al Valle sin consentimiento de sus familiares.
La sentencia de 2016 sobre su caso abrió “el debate de lo que hay que hacer con ese espacio”, recuerda Arranz. Sacar de allí al dictador, no obstante, ha sido “lo más visible”, pero no es un final, sino un principio. “La exhumación del dictador es simbólica”, advierte, “falta una real, la de las víctimas del franquismo”.
Y es que, si bien la familia Lapeña ha tenido justicia, no ha tenido reparación.
María Purificación, nieta y sobrina nieta de los asesinados, inició la batalla judicial hace siete años y no ha sido hasta esta semana cuando ha obtenido la autorización de Patrimonio Nacional para poner en marcha la exhumación.
En 2012 se inició la vía penal, en 2014 la civil y en 2016 se hizo justicia con una sentencia favorable. Sin embargo, subraya el letrado, esta “todavía no se ha materializado”.
Una auténtica carrera de obstáculos
El camino ha estado lleno de obstáculos, entre otras muchas cosas por el papel que ha jugado y juega la derecha en materia de Memoria Histórica.
“Han pretendido dejar morir el problema por la edad avanzada de los hijos”, apunta Ranz, pero, no les ha valido, celebra, porque “han sido los nietos los que han iniciado los procesos simbólicos, sociológicos y jurídicos”. Es esa generación la que ha encabezado la causa, de manera que “el crimen perfecto que pretendía el franquismo, de eliminar el cuerpo y hacer desaparecer el recuerdo”, indica, no se ha podido consumar. Lo ha impedido la memoria de las familias.
Entre las principales trabas con las que se ha topado este abogado, está la decisión del que fuera ministro de Justicia, Rafael Catalá, de eliminar de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) “el fundamento por el cual yo había basado la demanda, el articulado de la ‘perpetua memoria’”, cuenta a este medio Ranz.
Lo hizo con el procedimiento judicial vigente, alegando que estaba en desuso. “No era cierto”, afirma, y “muchos ordenamientos jurídicos hispanoamericanos lo tienen”.
La estrategia estaba bien pensada “si algo salía mal, yo no podría volver a presentar la demanda, porque no existía el fundamento”, indica. Por fortuna, nada falló, pero la medida ha servido para que otras familias que quieran reclamar no puedan hacerlo de este modo.
Las trabas del prior y el presidente de Patrimonio Nacional
Lograda la sentencia favorable, no terminaron los obstáculos. El prior del Valle, “falangista antes que prior”, recuerda Ranz, estuvo dos años negando el acceso al equipo técnico.
A este problema, se sumó el de la figura del presidente de Patrimonio Nacional, “que obstaculizó todo lo posible el cumplimiento de la sentencia y la recuperación de los cuerpos de las víctimas republicanas”.
El cambio de Gobierno, sin embargo, abrió otro tiempo bien distinto. “En el último año las familias han podido acceder al Valle, a las sepulturas, han sido recibidas en Moncloa y se les han tomado muestras de ADN desde una institución pública de ámbito nacional, el Instituto de Toxicología, lo que no había ocurrido nunca antes”, resume el letrado.
Se les ha hecho entrega de un certificado de reparación y esta semana se ha dado luz verde a la exhumación.
Primeros trabajos
Aunque todavía no está garantizado que esta pueda consumarse, “hasta hoy ningún técnico ha dictaminado que el trabajo sea imposible o de gran dificultad”, celebra Ranz.
El informe del Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) deja claro que no se pone en peligro la vida de nadie y garantiza la seguridad de todos los profesionales que van a entrar allí.
Pero, aunque el equipo técnico fue “sensible”, puntualiza Ranz, también fue “cauto a la hora de pronosticar los siguientes pasos”.
Hay mucha labor por hacer. A día de hoy “sabemos lo que hay en el primer metro, pero no sabemos lo que hay detrás de las siguientes cajas”, narra. “Hay que construir un suelo, hacer un apeo, retirar los materiales metálicos más dañados...”.
La primera parte de los trabajos comenzará en navidades, pero todo lo demás “dependerá de las cuestiones técnicas”, advierte.
Una asignatura pendiente
La Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, fue “una ley humanitaria”, que permitió “el inicio de todo”, recuerda Eduardo Ranz.
Sin embargo, a esta norma le ha faltado un desarrollo posterior. “En este tiempo debería haber sufrido ya varias reformas. Esto es lo que ha fallado. “El desarrollo de la norma, la mejora con el uso”, precisa el letrado.
España tiene un importante retraso en materia de derechos humanos con respecto a otros países de la Unión Europea. Y a esto hay que sumar, además, que “la generación que busca a sus padres no sabemos si finalmente lo va a conseguir por falta de tiempo”. “Solo podremos hablar de reparación cuando las familias hayan cerrado su herida y celebren un entierro digno donde consideren oportuno”, afirma Ranz. “Esa es la finalidad principal de la Memoria Histórica”.
Por ello, este abogado espera que el siguiente equipo político retome los proyectos y los vuelva a presentar en el Congreso, porque, si bien “hubo un éxito procesal en 2016”, concluye, “hubo un fracaso previo: la sociedad española en su conjunto fracasó en el momento en que todos ellos fueron ejecutados”.
Fuente → elplural.com
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