El golpe de Estado que se está gestando en España

Cuando las élites económicas, empresariales y financieras sacan su dinero de España y se convierten en el primer ariete en contra de un gobierno legítimamente constituido que defiende la justicia social, la democracia se encuentra en peligro

El golpe de Estado que se está gestando en España: La salida del dinero de un país por una victoria de los partidos que defienden los intereses del pueblo es el primer síntoma de que desde las élites financieras, empresariales y económicas se está diseñando un plan para que las organizaciones políticas que siempre han priorizado los intereses de la clase dominante frente a los de la ciudadanía inicien su intento de acometer el poder por el medio que haga falta, golpe de Estado incluido.

El último ejemplo de ello lo tuvimos en los meses previos a la Guerra Civil. Las grandes fortunas y las empresas más importantes iniciaron una serie de movimientos que, por desgracia, se parecen en demasía a los que pasos que están dando tras el anuncio del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. En esos primeros meses de 1936 salieron de España cientos de miles de millones de pesetas que, en algunos casos, sirvieron para financiar el golpe de Estado de Franco. No hay más que recordar la figura de Juan March. No hay que olvidar cómo la familia Botín afirmó que los 2.000 millones de euros que tenían ocultos en Suiza era parte del dinero que había sacado de España Emilio Botín Sanz de Sautuola López para protegerlo de los «rojos». Esa misma excusa puso la familia Pujol respecto al dinero que estaba oculto en Andorra.

La llegada de la democracia a España fue bien vista por las élites porque era una oportunidad de abrir nuevos mercados que con el franquismo estaban cerrados. Incluso las reformas del primer gobierno de Felipe González no encontraron la oposición de la clase dominante porque eran fundamentales para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, lo que abría nuevos nichos de negocio por la entrada de los fondos europeos para la modernización del país.

Sin embargo, las élites fueron «domesticando» las políticas de los gobiernos socialistas para transformarlas en un remedo light de una socialdemocracia más cercana a la derecha que a los postulados mínimos exigibles a un partido de izquierdas. El Felipe González «domesticado» fue el que abrió otra caja de pandora que iba a dar cientos de miles de millones de pesetas de beneficio a esa clase dominante con las primeras privatizaciones como, por ejemplo, la de Repsol (entonces Campsa) e inició las de Telefónica, Endesa o Argentaria, procesos que fueron culminados por José María Aznar.

A partir de ese instante, los diferentes gobiernos de España se han sometido, en mayor o menor medida, a las necesidades de esas élites financieras, empresariales y económicas, lo que se confirmó con las políticas implementadas por Mariano Rajoy y que tuvieron como consecuencia que, mientras España se situaba en la vanguardia de los países de la UE con mayores tasas de pobreza, el número de millonarios se incrementara en un 470% desde el año 2010, según ha publicado Credit Suisse en un informe: se ha pasado de 172.000 a 979.000 en nueve años.

La atomización de las opciones políticas hizo que surgieran fuerzas, incluso dentro del PSOE, que propugnaban un cambio de régimen, una modificación del paradigma por el que el Estado estaba para proteger a las élites y, si sobra algo, al pueblo. Hasta ahora la clase dominante lo tuvo controlado y, cuando había peligro, existía siempre la posibilidad de buscar coaliciones ideológicamente antinaturales, como la propuesta por el Santander y la CEOE para que se hubiera firmado un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. De haberse llevado a efecto (gracias Albert), esas élites hubieran seguido controlando al gobierno surgido de ahí.

Con la repetición electoral, el establishment estaba muy tranquilo. Se auguraba una situación en la que parecía que el electorado de izquierdas iba a castigar a Sánchez e Iglesias, mientras que PP, Vox y Ciudadanos podrían repetir los pactos de Andalucía, Murcia o Madrid, lo que les garantizaba 4 años más de control. No obstante, ni Casado subió lo que se esperaba ni se vaticinó una debacle como la de Rivera, lo que, a pesar del fortalecimiento de la extrema derecha, no sumaba para que el líder del PP fuera investido.

De ahí que las élites iniciaran una campaña el mismo lunes para la formación de una Gran Coalición como la de Alemania, con la presión mediática en las páginas, las radios y las televisiones que controlan. Tal vez pensaron que Sánchez se iba a doblegar y el anuncio del pasado martes del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos hizo saltar todas las alarmas. En el gobierno iba a haber gente que lleva años reivindicando una banca pública (lo que restaría beneficios a las entidades privadas), una eléctrica pública o una política fiscal justa en la que los poderosos paguen lo que les corresponde por ley, ni más ni menos. Esto no lo podían permitir.

La fuga de capitales de las grandes fortunas a Portugal —toda una muestra de patriotismo—, el adelanto por parte de las empresas de expedientes de regulación de empleo que estaban previstos en el medio plazo, son algunos de los movimientos de las élites para presionar o para crear una situación de alarma social que empuje al nuevo gobierno progresista a rebajar sus pretensiones o, incluso, la ruptura del preacuerdo.

A todo esto hay que sumarle el ascenso de la extrema derecha cuyo desprecio por los valores democráticos es evidente cada día que pasa. Por eso, deberían generar mucha inquitud en la ciudadanía las palabras de José María Aznar: «Casado sabe muy bien lo que tiene que hacer».

Con este caldo de cultivo sólo se puede esperar un golpe de Estado promovido por las élites mundiales que acudirán en auxilio de las españolas. Hace años publicamos en Diario16 la situación de dependencia de las grandes corporaciones extranjeras de la economía española, multinacionales, bancos de inversión y bancos custodios que son capaces de tumbar la bolsa española en minutos.

La clase dominante no puede permitir una situación social en la que un gobierno progresista aplique la justicia social a todas sus decisiones porque, de este modo, el pueblo recuperará la prosperidad que estas élites le están quitando.


Fuente →  diario16.com

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