Soberanías, encaje territorial y proceso constituyente:
Carmen Molina Cañadas / Bióloga y ex parlamentaria andaluza
Tenemos, en muchos sentidos, necesidad de abrir un “proceso constituyente”. Es decir: reflexionar y esbozar un proyecto de convivencia de futuro, casi presente, y lo necesitamos imperiosamente. En ese “necesario” proyecto me gustaría que todas pudiésemos hablar de España y de Europa, como algo nuestro. Desde lo emocional. Desde el sentimiento. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro. Ese proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y de las personas que lo habitan. Paisaje que, mientras perdura, es testimonio de pasado y esperanza de futuro, y que debemos cuidar. Por otro lado, las/os ciudadanas/os somos sujetos titulares de derechos políticos a la vez que, como tales sujetos, estamos sometidos a las leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como los tratados de libre comercio, limitadores de soberanía, sin duda. Porque la soberanía tiene distintas escalas.
Prefiero usar el término soberanía ciudadana en lugar de soberanía popular para evitar las connotaciones que tiene el concepto pueblo en el contexto que estamos viviendo.
La Soberanía ciudadana está menos delegada y es asequible cuando los derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local. Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo que conocemos en primera persona, lo que nos afecta y lo que afecta a nuestros prójimos y vecinas. Por eso, el municipalismo es una herramienta esencial y ese Contrato Constituyente del que hablo, debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y hacer efectiva la soberanía a nivel municipal, asegurando la representación y la participación de los vecinos (munícipes) para evitar lo que se padece en la mayoría de ciudades grandes o pequeñas, donde se limita la aplicación de políticas sociales reclamadas, no teniendo en cuenta la opinión vecinal. Así que la Constitución que propongamos debe potenciar las herramientas de participación y corresponsabilidad vecinales.
El debate general sobre el encaje territorial actual, se completa considerando la Soberanía. Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama independencia, porque quieren ser soberanos y no depender de autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos, especialmente de índole económica, que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no tenemos aún una constitución.
No somos ni parcialmente soberanos, a pesar de contar con instituciones de gobierno autonómicas y una administración descentralizada. Desde un punto de vista económico nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos, hipotecando nuestro futuro y el de nuestras/os hijas/os. En este sentido está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y que en el contexto socioeconómico global nuestra situación territorial es la de colonia del siglo XXI (colonizadas por el poder financiero, así, en abstracto). Y asumo que los ciudadanos, somos poco conscientes de ello. No se trata de un “España nos roba”, ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos una nación o no, se trata de que el Contrato Constituyente que hagamos, defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que permitan y aseguren a la ciudadanía unos mínimos para disfrutar de vida digna en libertad y ejerciendo la solidaridad. Asegurar el disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el cuidado de los mayores y los refugiados entre otros. Esto significa concretar en el marco constituyente otras soberanías más específicas, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resulte del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que sean soberanas.
De nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y, especialmente, Grecia ha quedado claro que, en una Europa sin constitución y con un parlamento limitado, la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de la ciudadanía a dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda, algo que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los ciudadanos.
Así que en los binomios Soberanía Ciudadana/Soberanía Económica y Soberanía Nacional/Soberanía Económica la balanza está, sin duda, del lado de la Soberanía Económica que ejerce con mano de hierro el poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos. La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez más poder y resta soberanía. El hecho de que la riqueza a nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación clara de este hecho.
Y lo que estamos viviendo es que tanto la UE, como el Reino de España, están más a favor de que todo siga igual que de plantar cara a esta situación profundamente injusta. Hay pues que levantar un muro de contención que frene y dé respuesta a esta globalización económica injusta. Globalización que permite intercambios financieros y comerciales sin límites de fronteras, pero que impide los movimientos de las personas y deja que se mueran los pobres y los que huyen de situaciones dramáticas, conflictos bélicos, gobiernos injustos o escasez de recursos básicos.
Hay que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente sea condición necesaria e incuestionable para el gobierno y la economía. No se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del que ya hemos extraído y consumido bienes, que nunca más volverán a estar disponibles. No podemos seguir extrayendo soberanamente recursos finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera de generar empleo. La Economía debe estar supeditada a los derechos de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los límites planetarios.
No estaría de más que nuestra nueva constitución (la que propongo que se debata) y los tratados europeos que vengan, incluyeran algunos aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo de economía estacionaria donde impere sobre todo el bien común.
En conclusión, hay que recuperar la soberanía económica para los ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo? Incluyendo en el nuevo marco constituyente, que no se antepongan los intereses comerciales y financieros a los derechos de las personas. Un Anti 135, dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.
Resumiendo, planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar las Soberanías Alimentaria y Energética.
Prefiero que sea una constitución de los ciudadanos españoles a una constitución del pueblo español y evitar, en alguna medida, el componente identitario, que supone para algunos el uso de la palabra pueblo y el choque de soberanías que puede suponer. Sería más un marco de gestión, que un marco identitario con componente territorial, que también existe y al que hay que dar respuesta.
Este componente identitario-territorial y los derechos que implica deben ser reconocidos y explicitados, incluyendo un desarrollo que permita la expresión en libertad de los intereses identitarios por parte de la ciudadanía que viva en cada territorio, pero no debe ser el principal objetivo del nuevo marco constituyente. Aunque sea un problema muy importante a resolver.
Lo relevante será generar un proceso constituyente que permita construir una realidad que trascienda el actual marco socio-económico neoliberal, depredador de recursos que es insostenible ambientalmente y está en la base de la injusticia e inequidad que padecemos y que no para de crecer. Este marco también debiera definir la Europa que deseamos, una Europa por y para las/os ciudadanas/os.
La presente crisis europea con el Brexit, las demandas independentistas de Escocia, Cataluña y norte de Italia, así como las tensiones que generan los países del Este de la UE debe ser la oportunidad para poder decidir si queremos seguir construyendo una Europa de las personas, o vamos a dejar que sea la Europa de los bancos y de los mercados.
Fuente → contrainformacion.es
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