El final de la monarquía: A las cuatro menos cuarto de la madrugada del viernes 20 de noviembre de 1931 las Cortes Constituyentes de la República aprobaron el dictamen sobre la actuación de Alfonso de Borbón y Battenberg, exrey de España debido a su precipitada huida del territorio nacional la noche del 14 de abril anterior. El dictamen le declaró “degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, […] sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”. De esa manera terminó legalmente la dinastía llamada borbónica, aunque debiera titulársela puigmolteja, ya que el padre biológico de Alfonso XII no era el marido impotente de la golfísima Isabel II de Borbón, sino el teniente de Ingenieros Enrique Puig Moltó.
Así lo reconocen los historiadores, aunque mantienen la ficción de seguir llamando dinastía borbónica a aquel engendro originado por el golpe de Estado del traidor general Arsenio Martínez Campos, dado en Sagunto el 29 de diciembre de 1874: con ello se puso fin a la República Democrática Federal implantada legítimamente el año anterior, ante la necesidad de suplir el vacío de poder dejado por la precipitada abdicación de Amadeo I de Saboya, y su inmediata salida de España.
Las Cortes Constituyentes de la II República fueron elegidas democráticamente, conforme a la ley electoral monárquica vigente, por los españoles mayores de edad legal, solamente los varones, porque la monarquía negó el derecho al sufragio a las mujeres, al considerarlas seres inferiores a los hombres, carentes de la capacidad del discernimiento. En la Constitución elaborada por esas Cortes se reconoció por primera vez en la historia de España el derecho al voto a las mujeres, ejercido desde 1933.
Por ser unas Cortes legítimas sus decisiones lo eran también. Por lo tanto, el acuerdo de considerar al mal llamado Alfonso de Borbón degradado de sus títulos, que nunca podrían reivindicar sus herederos, significa el final definitivo de los borbones como monarcas, ya que solamente reinaban entonces en España, después de haber sido expulsados de todos los lugares en los que alguna vez ocuparon el trono. Cuanto ha sucedido en España después del 1 de abril de 1939, con el triunfo de los militares monárquicos sublevados, es ilegal, puesto que es imposible aceptar la legitimidad de nada derivado de un golpe de Estado militar.
La dinastía puigmolteja ya era ilegal desde su proclamación en Sagunto en 1874, por ser obra de un golpe de Estado militar, y por ello absolutamente antidemocrática. No obstante, el pueblo español la toleró en las personas de los dos alfonsos, padre e hijo, hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que dio el triunfo a las candidaturas republicanas en las grandes ciudades. La proclamación legal de la República ante la huida del rey puso fin a una interinidad ilegal. El día 14 el pueblo tomó el poder, proclamó la República y recuperó la legalidad, mantenida hasta el 1 de abril de 1939. Desde ese día en el que triunfó la traición nada ha sido legal en España, porque la dictadura militar genocida salida de la guerra no podía serlo, ni tampoco ninguna de sus decisiones.
Las Cortes Constituyentes
Proclamada legalmente la República, para cubrir el vacío de poder dejado por la huida del desde entonces exrey, se convocaron legalmente elecciones a Cortes Constituyentes, inauguradas con gran solemnidad el 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa en 1789. El 27 de agosto los diputados acordaron constituir una Comisión de Responsabilidades sobre las intervenciones de Alfonso XIII respecto a la guerra colonial en Marruecos, la política social en Cataluña, el golpe de Estado militar del 13 de setiembre de 1923, las posteriores actuaciones de la dictadura militar, y el proceso de Jaca concluido con la ejecución de los condenados en un consejo de guerra sumarísimo plagado de irregularidades en 1930.
El exrey en la cola del paro con una buena bolsa.
Esta Comisión ejecutaría el proyecto que no pudo culminar la Comisión de Responsabilidades creada en el Congreso, para estudiar el expediente elaborado por el general Juan Picasso. En 2.433 páginas el general elaboró un detalladísimo informe sobre las decisiones de la Comandancia General de Melilla conducentes al llamado desastre de Annual en 1921. Lo terminó al año siguiente y lo entregó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para su análisis y depuración de culpabilidades. El Congreso de los Diputados lo reclamó y formó una Comisión de Responsabilidades dedicada a su estudio. Las filtraciones señalaron la intervención directa del monarca en las consecuencias del desastre, por lo que se esperaba con ansiedad la celebración del Pleno, convocado para el 2 de octubre de 1923.
Pero no se pudo celebrar, porque el mal llamado Alfonso de Borbón animó al general Miguel Primo a dar un golpe de Estado palatino el 13 de setiembre, suspender la Constitución, cerrar las Cortes, impedir que se volviera a mentar el expediente Picasso, y constituir una dictadura militar encargada de gobernar al reino. El títere militar cumplió el real capricho a la perfección. Fue este general el inventor del verbo borbonear, cuando aseguró ante una real orden inaceptable: “A mí no me borbonea éste”, pero claro está que lo borboneó, hasta animarle a dimitir el 28 de enero de 1930, y exiliarse en París, en donde murió lamentando haber servido tan bien a quien se lo pagaba tan mal.
Acta de acusación contra el exrey
La Comisión de Responsabilidades de 1931 tuvo mayor fortuna, al no haber monarca que se interpusiera. El 12 de noviembre presentó un acta de acusación contra el exrey huido. El dictamen fue redactado por Ángel Galarza, director general de Seguridad, y Eduardo Ortega y Gasset, y en él se le acusaba de reforzar su poder personal en el Ejército mediante la distribución de cargos y recompensas, de obligar al general Silvestre a ejecutar las operaciones conducentes al desastre de Annual, de organizar el golpe de Estado de 1923 para impedir al Congreso el examen del expediente Picasso acerca de lo sucedido en Marruecos, de perjurar la Constitución, y de haberse convertido por ello en el jefe de una facción.
Un voto particular de los diputados Antonio Royo Villanova y Centeno proponía que el exrey no fuera acusado de cometer un delito de lesa majestad, sino de alta traición. Se discutió el acta acusatoria en una sesión comenzada a las 23.15 de la noche del jueves 19 de noviembre de 1931, presidida por Julián Besteiro. Acudió tanto público que no tuvo cabida en las tribunas de invitados. Abierta la sesión, leyó el acta de acusación el primer secretario del Congreso, Juan–Simeón Vidarte.
Le fue concedida la palabra en primer lugar al defensor del exrey huido, Álvaro de Figueroa, exconde de Romanones, uno de los mayores terratenientes de España, cacique urdidor de resultados en las elecciones, antiguo jefe del Gobierno y ministro en varias ocasiones durante la monarquía entonces juzgada. Su discurso provocó risas a menudo, como cuando afirmó que no se puede juzgar a un ausente, y algunas voces gritaron “¡Pues que venga!”, porque el mal llamado Borbón había huido al saber que en las elecciones triunfaron las candidaturas republicanas, y que la Guardia Civil no quería enfrentarse al pueblo por defender el trono del autócrata.
Opiniones a debate
Habló por cuenta de la Comisión Ángel Galarza. Calificó de ficción toda la vida política del exrey, y demostró que estaba probada su responsabilidad en los delitos de los que se le acusaba sin ninguna duda.
Le siguió en el uso de la palabra el antiguo servidor de la monarquía Ángel Ossorio y Gallardo, ferviente catolicorromano que se definía como “monárquico sin rey”. Recomendó que no se votase el acta, para evitar que, en su opinión, el Congreso quedara más dañado que el exrey.
Después intervino por la Comisión el diputado Emilio González López, quien manifestó que sólo veía en el exrey a un delincuente, con una vida entera punible, y añadió que debían tomarse medidas de seguridad para evitar que volviera a España.
Los diputados Royo Villanova y Centeno defendieron su voto particular, y seguidamente habló José María Gil Robles, en trance de implantar en España las ideas y las formas del fascismo italiano, para explicar que el jefe del Estado es irresponsable en los actos refrendados por un ministro, y en consecuencia resultaba imposible acusarle. Según el artículo 48 de la Constitución entonces vigente, la refrendada por Alfonso XII en 1876, “La persona del Rey es sagrada e inviolable”, y el siguiente declaraba que “Son responsables los Ministros”. Pero su argumento fue desechado por inconsistente, habida cuenta de que la Constitución que el mal llamado Alfonso de Borbón juró en 1902, al ser proclamado rey, guardar y hacer guardar a sus vasallos, la perjuró en 1923 al organizar con el general traidor Primo un golpe de Estado que la suspendió y cerró las Cortes.
Pidió la palabra entonces el primer presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá--Zamora, para responder a varias acusaciones lanzadas en el debate, sobre el hecho de haber permitido la fuga del exrey a Cartagena y de allí a Francia, aquella noche del 14 de abril. Se declaró único responsable de facilitar su fuga, porque deseaba evitar una tragedia sangrienta que manchara las primeras glorias de la República, si el pueblo se vengaba de los agravios padecidos durante la monarquía, dando muerte al causante de todas sus desgracias. Eso es lo que sucede en todas las revoluciones, no hacía mucho en la Santa Rusia, en donde fue fusilada toda la familia zarista, con general regocijo de sus antiguos vasallos por fin liberados de la esclavitud secular.
Discurso histórico de Azaña
El que era en ese momento jefe del Gobierno provisional y ministro de la Guerra, Manuel Azaña, improvisó un histórico discurso, con dos partes bien definidas: en la primera recordó que todo el comité revolucionario había aprobado solidariamente permitir la huida del exrey, y reconoció que el pueblo español se comportó aquella noche con gran dignidad, para “no ofender con la sangre vertida inútilmente la gloria de la Revolución”. En la segunda parte analizó la culpabilidad del rey, con palabras tan elocuentes como éstas que merece la pena meditar ahora:
Sobre los diputados de la nación pesa evidentemente una formidable carga de historia, nada menos que la historia de España; pero sobre quien ha representado a España durante siglos pesa una formidable carga de responsabilidad, la responsabilidad dinástica, que se hereda como se hereda el poder; y al caer una dinastía, el destronamiento no extingue la responsabilidad personal del que la representa, el destronamiento extingue la responsabilidad histórica; pero, ¿es que vamos nosotros a disolver la responsabilidad moral de la persona y el acto propio individual lo vamos a disolver en todo ese océano de historia de tradiciones, de responsabilidades dinásticas, borrando al hombre? No. La responsabilidad histórica cae sobre la dinastía y sobre sus representantes; pero, ¿y el acto personal?, ¿y su voluntad propia? […] Y aquí descansa y recae la responsabilidad personal de D. Alfonso de Borbón, que no se extingue con el destronamiento, que es la obra de la revolución la que acaba con la historia de la dinastía, sino que empieza, en un acto de voluntad hecho por una persona que se llama Alfonso de Borbón, que no se puede borrar con nada y sobre el cual cae ahora el rayo de justicia de la revolución española.
Finalizó diciendo que el exrey era culpable sin duda de los delitos de que se le acusaba, y que en su opinión “esta noche, con esta votación, se realiza la segunda proclamación de la República en España”, palabras acogidas con entusiasmo por los presentes. Y por último se dirigió a los firmantes de la conjunción republicano—socialista vencedora en las elecciones del 12 de abril (porque debe advertirse que, por extraño que parezca en la actualidad, el Partido Socialista Obrero Español fundado por Pablo Iglesias Posse, apodado El Abuelo, fue siempre republicano, marxista y ateo, durante cien años, hasta que lo refundaron unos revisionistas para travestirlo en monárquico, burgués y confesional, privándolo de su señas de identidad). Éstas fueron las palabras finales de Azaña aquella noche memorable:
Y yo os digo, republicanos y socialistas, correligionarios que hemos sudado y trabajado por la revolución y que estamos aquí dispuestos a defenderla con nuestras vidas, que esta noche tenemos que levantarnos a la altura de las circunstancias y proclamar aquí que nuestra voluntad es la de siempre, y que al condenar y excluir de la ley a D. Alfonso de Borbón, proclamamos una vez más la majestad de nuestra República, la inquebrantable voluntad de nuestro civismo y la permanencia de las glorias españolas cifradas en sus instituciones libremente dadas por la nación. (Grandes y prolongados aplausos.)
El discurso se encuentra en el tercer volumen de sus Obras completas, editadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2007, páginas 126 y siguiente.
Culpable de alta traición
Se procedió a la lectura por Vidarte del dictamen en su nueva redacción, que fue aprobado por aclamación, entre aplausos y vivas a la República, levantándose aquella histórica sesión a las cuatro menos cuarto de la mañana del viernes 20 de noviembre de 1931. El dictamen es un documento de gran valor histórico, que dice así:
Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo--Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.
Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.
De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso conveniente que deba darles.
Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de las Naciones.
La sentencia fue impresa en la Gaceta de Madrid el 28 de noviembre, página 1250, y no ha sido legalmente derogada, porque es inaceptable un decreto de anulación firmado el 15 de diciembre de 1938 por el exgeneral rebelde convertido en dictadorísimo por sus cómplices en la traición al Ejército, a la República y a la patria. En consecuencia, los sucesores del mal llamado Alfonso de Borbón están incapacitados legítimamente para reivindicar ningún título de la monarquía puigmolteja instaurada en 1874 en Sagunto, a consecuencia de la rebelión de otro general traidor a sus juramentos. Aquel 20 de noviembre de 1931 terminó la borbonería en el mundo, al desaparecer el último reino en el que hasta entonces se mantuvo en el poder.
ARTURO DEL VILLAR
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO
Fuente → fresdeval.blogspot.com
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