El franquismo siempre fue una dictadura fascista:
Por Ramón Alonso, miembro de La Comuna.
Se observa, con demasiada frecuencia y proveniente de algunos historiadores, periodistas y tertulianos, la teoría de que el franquismo fue en sus etapas finales un gobierno autoritario de un anciano general obstinado en mantener el orden público. Sin embargo, los últimos acontecimientos bajo su mandato contradicen esa tesis: Un repaso de ese fatídico periodo evidencia que los estertores finales de ese régimen fueron los fusilamientos del 27 de septiembre y el acto de adhesión incondicional del 1 de octubre. El análisis de esos hechos determina sin lugar a dudas lo que el franquismo siempre fue:
Proceso Garmendia-Otaegui. La base de la acusación fue el testimonio de Garmendia, obtenido cuando sufría gravísimas lesiones cerebrales. Las declaraciones fueron validadas mediante huella dactilar pues era incapaz de firmar. La presunta participación del ejecutado Otaegui fue de mera colaboración según la documentación presentada en el consejo de guerra.
Sumario 245/75. Consejo de guerra contra varios acusados del FRAP por la muerte de un policía armado el 14 de julio de 1975. Las “brillantes diligencias policiales” del equipo de Roberto Conesa, llevaron a la detención de varias personas. A uno de los detenidos le imputaron ser el portador del arma empleada y se le acusó de autor material de los hechos. Sin embargo, las notas oficiales de tan relevantes servicios fueron publicadas antes de que la preceptiva autopsia del fallecido fuese llevada a cabo, es decir, sin haberse determinado legalmente las causas de la muerte, se acusa a un detenido y se identifica el arma utilizada. Estos incómodos detalles procesales fueron ignorados olímpicamente por el tribunal castrense, que solucionó las pegas con facilidad: Ni el arma, ni los testigos, ni más de cien pruebas fueron admitidas. Solo se tuvieron en cuenta las declaraciones obtenidas mediante “hábiles interrogatorios”, es decir, bajo tortura. El procesado, posteriormente fusilado, mostró en la vista las lesiones y secuelas que le habían ocasionado. Las irregularidades en la vista inicial obligaron a su anulación y repetición. La sentencia condena a muerte a 3 procesados a pesar de que la misma reconoce que uno de los condenados no ha participado en los hechos. Ignorando los gravísimos errores procesales e indefensión, se ejecuta a uno, a Baena.
Sumarísimo 1/75. Por el cual se juzga a los acusados de la muerte de un teniente de la guardia civil por un grupo del FRAP. A pesar de que los hechos se habían cometido antes de la publicación del infame decreto ley antiterrorista, los procesados son juzgados bajo esa disposición, que les es aplicada retroactivamente mediante una circular interna del fiscal militar. Aplicando de manera retroactiva las leyes, se juzga y condena a muerte a los acusados basándose en un documento interno y de parte. Las defensas, que habían tenido 4 horas para leer el sumario y preparar el caso, renuncian y son expulsadas de la sala a punta de pistola. La indefensión es absoluta y el escándalo mayúsculo. De las 5 condenas a muerte se ejecutan dos: Sánchez Bravo y García Sanz.
Sumarísimo 10/75. Por el cual se juzga a un miembro de ETA por la muerte de un cabo primero de la policía armada en un atraco en el mes de junio en Barcelona. No se realizó autopsia al cadáver del fallecido. El tiroteo fue intensísimo y participaron varios de los atracadores. Los testigos incluidos en el sumario no determinan la participación del acusado. El fiscal presenta en la vista a dos testigos, componentes de la patrulla policial que dirigía el finado pero que no figuran en el sumario. Estos inculpan al encausado en contra del testimonio de otro de sus compañeros. Al caso, sucedido dos meses antes del aberrante decreto-ley, le es aplicado éste con el mismo fundamento que en el anterior. Se ejecuta a Txiki, el único procesado. Martín Villa era gobernador civil en Barcelona.
En todo el mundo se produce un fuerte rechazo por estos crímenes, con manifestaciones masivas en distintas ciudades y la retirada de numerosos embajadores de países democráticos. La respuesta del régimen fue típicamente fascista: Se convoca un acto de masas de los que denominaban de adhesión incondicional el 1 de octubre. Asisten a la convocatoria miles de personas, muchas de ellas vistiendo las clásicas camisas azules, más las banderas y pancartas con las consabidas exaltaciones “patrióticas”, amenazas a legaciones extranjeras, apariciones en TVE de tomas llenas de fervor y de exaltados. Algunos medios oficiales cifran la asistencia en UN MILLON de personas (en el lugar de convocatoria, la Plaza de Oriente no cabe ni el 10% de esa cifra). Se provee de desplazamiento gratuito en autocares a los manifestantes de otras provincias. Todo financiado, dirigido y elaborado por el aparato de Estado, siempre generoso a la hora de despilfarrar en estos fastos cuanto fuera necesario. Lo expuesto prueba que:
Dos meses antes de la muerte del dictador, su gobierno había ejecutado sin un juicio justo a varios acusados, a quienes se negó cualquier posibilidad de defensa, con el agravante de que a algunos de ellos les aplicaron retroactivamente una ley fascista.
El marco jurídico estaba determinado por disposiciones contra los derechos humanos: el decreto ley antiterrorista, la ley de orden público y la de peligrosidad social. La justicia era dependiente de los designios políticos, los tribunales especiales derivados de la aplicación de estas aberraciones funcionaban a toda máquina. El TOP (Tribunal de Orden Público) instruyó 6.799 causas entre 1974-75. Los tribunales militares entendían de los asuntos que según sus criterios les afectasen (Consejos de guerra, caso Huertas Claverías).
Existencia de policías políticas. Destaca sobre todo la Brigada de Investigación Social, pero también la Policía Armada y la Guardia Civil actuaban. Los cuerpos policiales movilizaban miles de efectivos; muchos de ellos eran de ideología franquista. Gozaban de impunidad absoluta garantizada por el sistema.
La parafernalia fascista seguía: mascaradas, banderas, uniformes, propaganda. La movilización del 1 de octubre muestra la influencia de instituciones como la Secretaría General del Movimiento, que incluía la prensa del movimiento, los sindicatos verticales, la Sección Femenina. Este conglomerado empleaba más de un millón de incondicionales.
En conclusión: A la muerte de Franco, nuestro país se caracterizaba por:
La ejecución de 7 personas sin haber tenido un juicio justo entre 1974-1975.
Un marco jurídico que perseguía los más elementales derechos, para lo que contaba con una policía política y tribunales especiales que trabajaban sistemáticamente. Sus agentes, fuertemente politizados, gozaban de inmunidad.
Un aparato de estado que albergaba a miles de “afectos”, que disponían de prensa y medios de difusión propios desde los que difundían su ideología, e imponían su voluntad a través de los sindicatos verticales en asuntos laborales, así como presionaban a las mujeres a jugar el rol familiar que según su ideología les correspondía.
Lo expuesto, deja claro a un lector objetivo que el franquismo fue siempre, con mínimas adaptaciones, una dictadura fascista. A ninguno de los militares, jueces, policías o enchufados les pasó nada, todos ellos siguieron gozando de sus privilegios.
Fuente → publico.es
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