La fortuna delictiva de Juan Carlos de Borbón empezó con el franquismo
La fortuna delictiva de Juan Carlos de Borbón empezó con el franquismo 
Javier Giral Palasí

España gracias a La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado aprobada en 1947 y llevada a referéndum, quedaba constituida como un reino cuya jefatura del estado correspondía al general Franco hasta su muerte o incapacidad, y además quedaba encargado de nombrar, cuando lo estimase oportuno, a su sucesor a título de rey, lo que no ocurrió hasta 1969.

Tras la aprobación de La Ley de Sucesión, y tras la reunión entre Don Juan y Franco en el yate Azor, llegó a España en 1948 el pequeño Juan Carlos de Borbón, que contaba con 10 años de edad, para ser educado en territorio nacional. Aunque aún era pronto para saber a qué miembro de la familia real elegiría Franco.

Por aquel entonces Don Juan no tenía mayor fortuna que los restos que no había dilapidado su padre, el rey Alfonso XIII, en safaris, hoteles de lujo y burdeles y tras huir de España en 1931. Rey que se fue camino del exilio con una considerable suma de dinero, guardada en diferentes bancos extranjeros, y tras las famosas elecciones de 1931, que por cierto no ganaron los partidos republicanos sino las fuerzas monárquicas con una proporción de 4 a 1.

Al no poseer Don Juan una gran fortuna, tanto él como su hijo Juan Carlos tenían que ser entonces ayudados económicamente por varias familias de la nobleza española. Pero resulta que aquel niño Juan Carlos, que llegó a España con penurias y necesidades, actualmente posee una fortuna fabulosa.

En el año 2003 la revista Forbes publicó que el rey Juan Carlos de Borbón es dueño de una fortuna de 1790 millones de dólares, una cifra aproximada a la que después dio Eurobusiness. Otros medios (siempre extranjeros, pues aquí ha reinado  la ley del silencio durante décadas) como The New York Times elevaron esa cifra hasta los 2300 millones de dólares (unos 1800 millones de euros al cambio), además de hablar de una red de testaferros para ocultar esa fortuna.

Cifras que obviamente no cuadran con el sueldo oficial que tenía Juan Carlos de Borbón de 140.000 euros al año (gastos de representación aparte), pues desde el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no hemos visto un hecho similar.

En España tras la información de la revista Forbes, la propaganda cortesana nos dijo que aquel dato no era correcto porque al parecer la revista Forbes había incluido el patrimonio nacional a la fortuna del rey, o sea, palacios, cuadros, obras de arte, etc. Algo que sólo se explica en el propósito de seguir tomándole el pelo al pueblo español.

A partir de 2013 la revista Forbes dejó de incluir a Juan Carlos en su lista de las 100 personas más ricas de España.  De repente la revista alegó desconocer la fortuna del rey Juan Carlos I, y entonces otros nos preguntamos a qué se debía esta “ignorancia repentina”, aunque el motivo lo podemos imaginar.

Pero, cortinas de humo aparte, hay quien ha indicado de dónde procede la mayor parte de la fortuna del rey Juan Carlos; como el Doctor en Ciencias Económicas D. Roberto Centeno, quien ha sido testigo de primera mano, y quien ha tenido que pagar su correspondiente precio siendo apartado y vetado en diferentes televisiones y radios.

Roberto Centeno fue Consejero Delegado de CAMPSA entre 1977 y 1991 (el antiguo monopolio del petróleo en España), y también  fue consejero de ENAGAS entre 1971 y 1977. Es un personaje de la derecha liberal y no sospechosa de republicanismo. Roberto Centeno ha contado en diferentes entrevistas grabadas en vídeo, que fácilmente podremos encontrar, como siendo consejero de CAMPSA y por tanto encargado de pagar los suministros del petróleo, descubrió como Juan Carlos de Borbón se llevaba entre uno y dos dólares por barril de petróleo que compraba el estado a los países árabes, para lo que Juan Carlos utilizaba como intermediario a Manuel Prado y Colón de Carvajal, persona que después acabó en la cárcel. Es decir, los españoles entonces pagaban el petróleo más caro gracias a las comisiones del monarca.

Roberto Centeno suele referirse a la anécdota que le sucedió en 1979 y en plena crisis del petróleo. Como Consejero Delegado de CAMPSA, tenía el mandato del Consejo de Ministros de conseguir el petróleo lo más barato posible. De este modo, y tras intermediación de Fernando Schwartz, embajador español en Kuwait, con los directivos de la Kuwait Petroleum Company, Roberto Centeno consiguió 150.000 toneladas de petróleo, al cual le debían seguir otros cargamentos a precio de mercado. La operación estaba hecha hasta que el intermediario del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal, apeló al entonces ministro de hacienda de la UCD, Francisco Fernández Ordóñez, para que no se llevara a cabo. Pues el rey ya tenía acordado otros cargamentos, con sus correspondientes comisiones, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, a un precio obviamente superior.

Por tanto el origen de la fortuna del rey procede en gran parte de las comisiones del petróleo, pero no son las únicas, pues periodistas como Jesús Cacho, han constatado el cobro de comisiones incluso antes de llegar a la jefatura del estado, desde el negocio de la carne en Argentina, a la especulación financiera, la trama inmobiliaria, el robo de las obras de arte del ducado de Hernani, los contratos de venta de armas, o sus amistades con personajes de la élite económica que después terminaron enjuiciados (como Mario Conde, Javier de la Rosa, los Albertos o José María Ruiz Mateos); además de donaciones de banqueros, nobles y empresarios; sin renunciar a un crédito que recibió Juan Carlos de Borbón por importe de 100 millones de dólares y que a día de hoy no hay constancia que haya sido devuelto a la monarquía saudí (por más que esta lo intentó); sin olvidar la estafa al emirato de Kuwait con el escándalo KIO, por el que la mediación de Manuel Prado se llevó 160 millones de dólares (otros estiman  que  fueron  200 millones) por  prometer  que  los americanos pudieran  usar las bases españolas  en la guerra del golfo, algo que no era competencia del rey sino del gobierno.

Pero después de saber todo esto recuerde que según el artículo 56 de la Constitución del 78, “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” por tanto no se le puede enjuiciar, así que a los españoles que les ha tocado pagar el entramado corrupto de la monarquía partitocrática pueden seguir en el limbo de la ignorancia o pueden empezar a descubrir la verdad histórica de uno de los promotores de la cacareada Transición, pues la podredumbre de este tinglado de corrupción empezó por la testa coronada.