El Encuentro Estatal por la República exige una nueva Constitución que blinde derechos fundamentales y servicios sociales

El eje principal de la propuesta es la apertura de un proceso constituyente y “la plena devolución de la soberanía a la ciudadanía y a los pueblos”.

A 47 años de la Constitución de 1978, el Encuentro Estatal por la República demanda una nueva carta Magna que asegure derechos fundamentales y protección social. Exige igualdad efectiva entre géneros, un Estado plurinacional y la recuperación de soberanía popular, criticando la permanencia de la monarquía y el incumplimiento de derechos laborales y sociales.

Con motivo de las conmemoraciones del aniversario de la Constitución de 1978, aprobada del 6 de diciembre de hace 47 años, el Encuentro Estatal por la República vuelve a denunciar que la carta magna no responde a las necesidades sociales, ni garantiza que los derechos proclamados como principios programáticos se traduzcan en garantías efectivas, lo que deja a amplias capas de la población desprotegidas frente a la precariedad, la desigualdad y la privatización de los servicios esenciales. Por eso, a través de un manifiesto demandan la necesidad de una nueva Constitución que blinde los derechos políticos, laborales y sociales, que garantice los derechos básicos como el derecho al trabajo, a un sueldo digno y a una vivienda, así como los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, pensiones y servicios sociales.

Otro de los puntos centrales es la exigencia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Aunque el texto constitucional reconoce la igualdad formal, el manifiesto considera insuficiente su desarrollo y reclama garantías reales para eliminar las discriminaciones que persisten en ámbitos laborales, económicos y sociales. Asimismo, aboga por una España plurinacional en la que se garantice el autogobierno de los pueblos del Estado y una convivencia basada en el reconocimiento mutuo.

Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo el origen de la monarquía parlamentaria. La restauración de la Corona, diseñada durante la dictadura y heredada en la actual Constitución, es señalada como una de las grandes restricciones del proceso de transición. La falta de depuración de estructuras del Estado y el peso de inercias conservadoras han contribuido —según estas organizaciones— a limitar la evolución democrática y a mantener importantes déficits en materia de libertades y derechos civiles.

Más allá del debate histórico, el descontento se centra hoy en el terreno social y económico. La Constitución de 1978 reconoce el derecho al trabajo, a la vivienda o a la protección social, pero los formula como principios y no como derechos fundamentales exigibles ante los tribunales. En un contexto de precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda, deterioro de servicios públicos y desigualdades persistentes, muchas voces reclaman convertir estas garantías en derechos efectivos y blindados.

A ello se suma la reivindicación de una igualdad real entre mujeres y hombres, no solo declarativa. Colectivos feministas subrayan que la legislación actual sigue sin asegurar la plena equiparación en el ámbito laboral, salarial, político y social. También toma fuerza la exigencia de situar el desarrollo sostenible como eje del modelo económico, de manera que la protección del medio ambiente y los recursos naturales esté al servicio del bienestar colectivo y no subordinada a intereses privados.
El debate territorial tampoco queda al margen. La España del siglo XXI reconoce identidades y realidades diversas, por lo que quienes defienden una reforma constitucional abogan por un marco que garantice el autogobierno de los pueblos del Estado y una convivencia plurinacional basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo.

Por todo ello, distintas plataformas ciudadanas plantean la necesidad de abrir un proceso constituyente que permita repensar el modelo de Estado, reforzar la democracia, ampliar derechos y decidir de forma libre y participada una nueva Constitución. Un proceso, sostienen, que devuelva plenamente la soberanía a la ciudadanía y que permita elegir también la forma de Estado: monarquía o república.
Este 6 de diciembre, la reflexión vuelve a situarse en el centro del debate público: ¿responde la Constitución de 1978 a los desafíos del presente, o ha llegado el momento de construir un nuevo pacto social que garantice derechos, igualdad y futuro para todas y todos?