La primera Ley que se publicó con la intención de reconocer la dignidad de las víctimas, directa o indirectamente, como consecuencia de la guerra de España del 36 al 39 del siglo pasado y de la posterior dictadura franquista, fue la Ley 52/2007, denominada también como Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Una Ley tan excesivamente laxa que, independientemente de no cumplir con los postulados demandados por las asociaciones memorialistas (abordar la impunidad del franquismo anulando la Ley de Amnistía del 77, aplicar o no la Ley según el arbitrio de los responsables de eliminar los vestigios franquistas en su ámbito de actuación, además de otras muchas renuncias), prácticamente no llegó a aplicarse, demostrándose con ello que era una Ley que hacía aguas por todas partes desde su publicación.
Esto hacía que los gobiernos de derechas españoles, exceptuando los nacionalistas vascos y catalanes, se pasaran por el arco de triunfo todas las normas que pudieran tambalear sus postulados narrativos sobre la II República española, el golpe de Estado fascista, la posterior guerra en España y la dictadura franquista. Y NO CUMPLÍAN LA LEY, una Ley Democrática, a pesar de vanagloriarse de ser constitucionalistas y respetuosos, por supuesto (esto siempre lo dicen, alimentando su hipocresía), con LA LEY. Siempre se les olvida añadir, con la Ley con la que están de acuerdo, no con aquellas que les dicta cualquier gobierno “ilegítimo” u “ocupa” venido de los sectores a los que no les corresponde otra cosa que acatar y obedecer, porque los auténticos herederos del poder son ellos, los de siempre, los del Antiguo Régimen.
La Ley 52/2007 no la aplicaban porque podían no hacerlo. Una Ley que no obligaba porque ni había plazos, ni sanciones y las delimitaciones de responsabilidades no estaban muy claras. Porque a los que no tienen ninguna voluntad de someterse a las normas de la democracia no se les puede dar resquicios para escaparse de cumplirlas, y si no los hubiera, ellos sabrían buscarlos y encontrarlos.
Se tardó mucho tiempo en intentar otra Ley que tapara estos desagües y obligara de verdad. Por fin aparece en octubre del 2022 la Ley de Memoria Democrática. Recordemos que habían transcurrido 2 años y 9 meses desde la aparición del primer gobierno progresista de la era de Pedro Sánchez, demasiado tiempo, porque se llevaba trabajando largo y tendido con las Asociaciones Memorialistas como para que esa ley no se hubiera demorado tanto. Pero llega y lo hace defectuosa (la Ley de Amnistía del 77 sigue en vigor, con lo que la impunidad del franquismo no se resuelve, la reparación a las víctimas se resuelve parcialmente, las empresas beneficiarias con el trabajo esclavo de presos y con el terror de la dictadura franquista siguen sin asumir responsabilidad alguna, etc.). Pero es la ley que tenemos y mejora la Ley de Zapatero en mayor claridad, además se imponen plazos y sanciones (aunque estos sean raquíticos). Mejor o peor, es nuestra ley, y como es nuestra hay que creérsela y hacerla efectiva.
Pero el primer inconveniente parte de la propia Ley. En la misma, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática o la Dirección General dependiente de ella, se obliga a reglamentar la ley y a sacar un Catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática, que es de obligado cumplimiento. Tras la publicación de la ley, llevamos más de tres años ya sin haberse publicado el catálogo ni la reglamentación pertinente, y a esa carencia es a la que se agarran los insumisos de las leyes que no van con ellos.
Como decimos más arriba, las leyes tienen que ser creíbles y han de ser tan claras y obligatorias como para que no sean factibles actos de rebeldía contra ellas. Y para eso se ha de dotar de medios, presupuesto y personal suficiente, como para hacerla posible, cosa que no se ha producido.
Por otro lado, tampoco es necesario el Catálogo para cumplir la Ley. Hay que tener voluntad política y valentía para aplicarla. El PSOE tiene mayoría absoluta en municipios que pudieran eliminar los vestigios franquistas que aún mantienen, como Águilas, Beniel, Bullas, Campos del Río, Lorquí, Los Alcázares o Mula. En otros gobierna en coalición, como es el caso de Abarán y Mazarrón (en este se ha demostrado recientemente lo que se puede hacer si hay voluntad). Pero también hay Ministerios que algo más podrían hacer, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Transición Ecológica.
En fin, VOLUNTAD POLÍTICA Y VALENTÍA, para aplicar la ley, para hacerla nuestra, para hacerla creíble.
Fuente → memoriahistoricaregiondemurcia.com


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