La primera grieta judicial contra el franquismo: la declaración de Martín Villa y un policía militar devuelve a España ante su propia deuda democrática / Eva Maldonado
La citación de dos altos mandos vinculados a la muerte de Teófilo del Valle marca un punto de inflexión jurídico y político tras décadas de impunidad
España afronta, por primera vez, la comparecencia como investigados de Rodolfo Martín Villa —exministro de Gobernación— y del entonces policía militar Daniel Aroca del Rey por un crimen cometido por el aparato represivo del franquismo en 1976. Un hecho inédito tras 115 querellas archivadas que devuelve al presente la persistencia de un sistema judicial que, durante años, blindó las violencias de la dictadura y silenció a las víctimas.
Un país ante una deuda que ya no puede postergar
La decisión del Tribunal de Instancia de Elda de llamar a declarar a Martín Villa y Aroca del Rey no es solo un movimiento procesal: evidencia que el Estado español está siendo empujado, casi a regañadientes, hacia una revisión de su propia memoria democrática que ha intentado evitar durante medio siglo.
El asesinato de Teófilo del Valle, trabajador del sector del calzado de Elda, fue el primer homicidio perpetrado por fuerzas policiales tras la proclamación de Juan Carlos I. No había terminado la dictadura, ni mucho menos su estructura represiva. Lo que se llamó “transición” avanzaba mientras una parte del Estado seguía funcionando con la lógica intacta del régimen anterior.
Hoy, casi cincuenta años después, España llega tarde —demasiado tarde— a una verdad judicial que otras democracias afrontaron sin tantos rodeos.
Martín Villa: un ministro central en la arquitectura represiva de 1976
Martín Villa simboliza una continuidad que nunca fue abordada. No se trata solo de un exministro que ocupó carteras estratégicas en un periodo especialmente violento. Su papel al frente de Relaciones Sindicales y, después, de Gobernación e Interior, le sitúa en el centro de decisiones que marcaron una etapa donde las libertades eran todavía papel mojado y donde los cuerpos policiales seguían operando bajo mandos y procedimientos heredados del franquismo.
Resulta significativo que, durante décadas, el nombre de Martín Villa haya sido invocado como si fuera una figura “intocable”, un elemento de la transición que convenía no interrogar. Esa protección tácita —política, mediática y judicial— contrasta con la contundencia de los hechos: bajo su responsabilidad se produjeron actuaciones policiales que costaron vidas, entre ellas las de Vitoria el 3 de marzo de 1976, apenas una semana después del asesinato de Teófilo del Valle.
Aquella represión contra trabajadores desarmados fue de una brutalidad que hoy repugna incluso a quienes en su momento intentaron justificarla. Cinco muertos y decenas de heridos por disparos efectuados en espacios cerrados. Una operación que revela mucho más de la cultura policial de la época que de la voluntad política por detener la violencia.
La realidad es que Martín Villa no fue un espectador. Era el responsable político de unos hechos que nunca fueron investigados con rigor. Ahora, su declaración como investigado llega tras décadas de impunidad reforzada por decisiones judiciales que se alinearon con una interpretación complaciente de la Ley de Amnistía.
Daniel Aroca: una bala, un expediente militar y una verdad sofocada durante años
El caso de Daniel Aroca, policía militar, está documentado en el propio expediente que llegó al Consejo de Guerra. Según la acusación, la bala que quedó alojada en la cabeza de Teófilo del Valle fue disparada por su arma. Las pruebas, como recuerda CEAQUA, son “contundentes” y “irrevocables”. Aroca actuó bajo las órdenes directas del gobernador civil. La cadena de mando es inequívoca.
Sin embargo, ese mismo expediente terminó siendo el instrumento que blindó la impunidad. La jurisdicción militar funcionó como un muro contra cualquier tentativa de investigación. La familia no fue siquiera informada. El padre de Teófilo intentó personarse y fue apartado del proceso. La resolución nunca les llegó. Supieron del final del procedimiento por la prensa del régimen.
A esa violencia procesal se unió una campaña mediática de desacreditación contra el joven asesinado, clásica operación del franquismo para justificar la represión y convertir a las víctimas en sospechosas.
Un crimen político en un contexto de represión laboral
El asesinato se produjo en plena movilización de los trabajadores y trabajadoras del calzado alicantino, que reclamaban un convenio digno. La respuesta policial fue desproporcionada y se inscribe en una secuencia de actuaciones que buscaban desactivar la protesta laboral.
El crimen de Elda no puede leerse como un exceso individual. Fue una pieza más de un engranaje que seguía operando con la lógica represiva del franquismo. Por eso resulta tan relevante que sea este caso el primero en obligar a declarar a dos cargos del aparato del Estado.
La vía judicial: un recorrido lleno de obstáculos
El abogado de la familia, Jacinto Lara, ya ha advertido que el proceso no será sencillo. Si la causa se archivara, recurrirán ante la Audiencia Provincial; si también se desestimara, acudirían al Tribunal Constitucional y, agotadas las vías internas, a instancias internacionales.
No es un itinerario nuevo. España ha sido señalada en múltiples ocasiones por organismos internacionales por no investigar crímenes del franquismo. El caso de Teófilo del Valle se suma a otros ya abiertos: desapariciones en las fosas de Paterna, torturas en el caso de Manolo Reboiras, o la querella por torturas en el caso de Carlos Serrano.
Pero sí es la primera vez que dos altos responsables del aparato franquista deberán responder como investigados ante una jueza española.
Un país que no puede seguir retrasando el cumplimiento de su memoria democrática
La declaración de Martín Villa y Aroca del Rey no repara décadas de dolor ni devolvera a la familia del joven una justicia que se les negó de manera sistemática. Pero marca un paso que el Estado llevaba esquivando demasiado tiempo.
La democracia española ha convivido con heridas abiertas, con un relato incompleto y con una ceguera institucional que ha permitido que figuras centrales del franquismo vivieran durante años blindadas por un consenso político que también fue una renuncia.
Fuente → diariosabemos.com
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