Hambre y corrupción en el primer franquismo

Las ideologías fueron para Franco como un menú de restaurante: se acogía a un plato u otro según las necesidades cambiantes de cada momento , las precisas para mantenerse en el poder. La única ideología era una idea no ideológica: mantenerse en el poder como sea, es decir: la autocracia. El franquismo ideológico fue un sistema con múltiples influencias, resultado de amalgamar los principios reaccionarios conservadores del siglo XIX con tendencias nacionalistas y fascistas modernas del siglo XX. En realidad durante la dictadura no había distintas ideologías -carlistas, monárquicos alfonsinos y falangistas- sino familias políticas que actuaban como plataformas clientelares de obtención de poder en tres ámbitos: la estructura de altos cargos estatales, la protección total ante las prácticas corruptas, y la presidencia de las grandes empresas del INI.

Hay que recordar que la corrupción fue un factor para explicar el largo mantenimiento de la dictadura, tan fundamental como el miedo creado por la represión y el oportunismo para situarse en un marco de política internacional favorable. La especialización en las plataformas de obtención del poder se distribuía como sigue: los falangistas ocupaban las carteras sociales como Trabajo, Vivienda y Agricultura, además del ministerio-secretaria general del Movimiento. Católicos y carlistas solían controlar educación y justicia. Los militares se quedaban con los tres ministerios de Guerra, y compartían con falange el Orden Publico. Los llamados tecnócratas -provenientes del Opus Dei- se especializaron desde finales de los años 50 en los ministerios económicos e industriales.

Nos centraremos en una de esas plataformas clientelares del estado franquista donde se practicó un tipo de corrupción especialmente lesiva para miles de víctimas, nos referimos a la provisión de alimentos, llevada a cabo en un momento en que el hambre -además de instrumento de violencia estructural- fue la circunstancia propiciatoria para que distintas administraciones de esa plataforma consiguieran convertir la escasez y el alto precio de los alimentos en oportunidad de rápido enriquecimiento.

La victoria en la guerra civil no contribuyó en absoluto a mejorar la vida en España. Muchos pensaron que empezaba una nueva era ajena a las privaciones de la guerra, pero pronto se encontraron con que la propaganda no se correspondía con la realidad cotidiana. Con la paz de Franco no llegó el «Pan del Caudillo», sino el hambre.

La decepción no se hizo esperar mucho, apenas un mes de finalizada la contienda, en mayo de 1939, se estableció el racionamiento de productos básicos. El reparto controlado de alimentos fijaba cantidades máximas en el consumo de alimentos, ropas y combustible, entregadas a precio de tasa, distintas para un adulto hombre o mujer, para una persona de más de sesenta años y un menor de 14 años. Las cantidades que finalmente se podían comprar legalmente, eran casi siempre menores a las oficialmente establecidas.

La adquisición de los productos alimentarios hacía imprescindible la inscripción en un censo de racionamiento, paso previo para la posesión de una cartilla. Inicialmente las cartillas fueron de asignación familiar. El cabeza de familia (siempre hombre) la podía adquirir semanalmente en las tiendas autorizadas por la Comisaria General de Abastecimientos.

Para obtener las cartillas, además de la inscripción en el censo, resultaba obligatorio mostrar un certificado de buena conducta firmado por sacerdotes, falangistas, militares o «gente de orden.» Los militantes de falange tenían derecho a unas cartillas especiales. El racionamiento; como se ha dicho acertadamente; representaba una poderosa arma de control político en manos del Estado.

La elaboración de los certificados sobre el comportamiento de los solicitantes hizo de ellos un importantísimo instrumento de control social. La potestad de Falange para expedir los certificados de buena conducta les infundía un poder notable sobre actividades imprescindibles para la vida diaria: viajes, obtención de trabajos, participación en oposiciones, apertura de negocios, inicio de estudios universitarios, etc. Los informes empleados en su confección hacían referencia a actitudes políticas comportamientos privados, y costumbres morales y sexuales. En torno a los avales surgió una red de corrupción extendida por varias provincias. De su dimensión y el grado de conocimiento que la opinión pública tenía de ella nos da cuenta este castigo ejecutado con el único fin de aparentar que se luchaba contra este forma de corrupción: en 1941, el Delegado de Información e Investigación de Lleida, fue acusado de dirigir una trama de redacción de informes favorables a cambio de dinero y regalos.

La escasez de alimentos, sus altos y prohibitivos precios y la limitación de comida derivada de las cartillas, se compensó con el estraperlo. Pero hay que diferenciar entre el estraperlo de pequeñas cantidades, utilizado por las clases populares para escapar de la miseria y, el mercado organizado como trama corrupta de alicientes compartidos entre funcionarios locales y provinciales: lo que para unos significaba persecución y exclusión, para otros fue enriquecimiento. Autoridades estatales y fuerzas de orden público repartieron desigualmente la dureza y la indulgencia entre los grupos que apoyaron la rebelión y los colectivos que se opusieron a ella.

La propia estructura del sistema de abastos de materias primas alimentarias facilitaba la corrupción. Aprovechándose de la compleja y descoordinada administración —Juntas Provinciales y Locales de Abastos, Cámaras Agrarias, gobiernos civiles, comandancias militares y ayuntamientos— se enriquecieron grandes productores, gobernadores civiles y alcaldes. Al actuar como delegados de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, recibían dinero por su silencio, registraban oficialmente cantidades ficticias, o estraperlaban con los productos de cupo; eso sí; de vez en cuando hacían recaer la fuerza coercitiva de ley sobre un culpable de «poca importancia» para así «cubrir el expediente.»

La corrupción alimentaria se generalizó por todo el aparato institucional civil. Alcaldes, concejales y gobernadores también estaban involucrados. Asiduamente le llegaban a Franco informes sobre jerarcas implicados en negocios sucios y mercado negro. El Ministerio de gobernación continuamente proporcionaba datos en ese sentido, pero fueron muy pocos los altos cargos que sufrieron algún castigo, y los que lo fueron, lo fueron en la medida en la que habían manifestado disconformidad política con el régimen. Ese parecer ser el caso de Julio Ramos Alfageme, gobernador civil de A Coruña. En octubre de 1940 es juzgado en un Consejo de Guerra. Se solicita más de 30 años de prisión, 50.000 pesetas de multa y 1 millón de pesetas de indemnización al Estado por haberle encontrado responsable de lo que parecía ser una red provincial de estraperlo. El gobernador de Pontevedra, Francisco García Alted, había llegado a la provincia en septiembre de 1939, trasladado desde Málaga por su participación en una trama de corrupción alimentaria. En cada provincia eran perfectamente conocidos los principales beneficiados de la venta ilegal. Los informes de la Jefatura de Falange y la Fiscalía de Tasas de Lugo ponen las identidades de los estraperlistas importantes de cada municipio; entre los que figuraban alcaldes; en conocimiento del gobernador. Más allá de algún apercibimiento no se actuó contra ellos. En enero de 1940 un informe sobre Monforte de Lemos ( Lugo) refiere las actividades en las que están implicados el Alcalde José Díaz López y el gestor del Ayuntamiento, Pedro González Vázquez, por dedicarse a la venta de productos alimenticios a precios abusivos. La corrupción, alcanzaba a las todas autoridades provinciales. Así, el secretario de la Delegación de Abastecimientos, a pesar de ser declarado culpable por practicar sustracciones de arroz en sacos destinados al suministro de Monforte no entró en prisión.

A los beneficios generados por la corrupción del hambre no se mantuvo ajena Auxilio Social; frecuentemente las partidas de alimentos donadas por empresas a la organización reaparecieran posteriormente en el mercado negro, sobre todo si estos eran fácilmente conservables, como la lecha condensada. Auxilio Social, organización falangista, proporcionaba comida a cambio de garantizar una filiación ideológica hacia los valores del nacionalcatolicismo. La entrega de alimentos estaba condicionada a la aceptación del control moral y religioso impuesto, con visitadoras que vigilaban los hábitos religiosos y morales de las familias y un fuerte adoctrinamiento en comedores y hogares. Este sistema fue un aparato poderoso para la producción de sumisión y manipulación ideológica y consolidación del poder franquista. El hambre no solo fue un problema social sino un mecanismo de control que aseguraba la dominación a través de la estructuración del miedo y la dependencia alimentaria.

12 La corrupción también estaba extendida dentro de Auxilio Social: los alimentos destinados a la población hambrienta eran frecuentemente desviados para venderse en el mercado negro, con cargos que se beneficiaban de sobreprecios y de salarios cobrados indebidamente. Esta corrupción interna estaba normalizada, consentida y servía para crear lazos de solidaridad obligados entre los corruptos y quienes la consentían. El hambre funcionó como un mecanismo de violencia estructural y la corrupción fue utilizada por Franco como un instrumento para sostener el poder mediante clientelismo y complicidades que asentaban el orden social. Así, el régimen manipulaba la codicia para asegurar la estabilidad de su poder haciendo de la corrupción un elemento estratégico de gobierno más que un simple mal endémico.

El desvío de alimentos hacia al mercado ilegal fue una costumbre conocida por la cúpula dirigente de Auxilio desde antes del final de la guerra. El 25 de marzo de 1939 llegaban al puerto de Valencia a bordo del vapor «stbalard» 761 toneladas de trigo donadas por los cuáqueros norteamericanos a la organización. En la transferencia a las autoridades franquistas; cuando ya se tenía conocimiento de la entrada en vigor de la cartilla de racionamiento; desaparecieron 174.000 kilos. El suceso no trascendió y la discreta investigación interna abierta por el Servicio jurídico de Auxilio se limitó a constatar la desaparición.

El propio Franco, tal y como desveló Ángel Viñas, ingresó en 1940 en una de sus cuentas la cantidad desorbitante para la época de 7,5 millones de pesetas, fruto de la venta del café donado por el dictador brasileño Getúlio Vargas a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (Viñas, 2015).

A estos episodios de corrupción no se mantuvieron ajenos los jefes de compras de los almacenes de Auxilio. En septiembre de 1945 el Servicio de Información de falange de Pontevedra, siguiendo las órdenes del Estado Mayor de la Región Militar, practicó una investigación demostrando como una gran partida de carne de cerdo no llegó a los comedores de la institución. A raíz de la investigación se descubrió que varias cocineras tras haber fallecido seguían en nómina. En el curso de otra investigación instruida para conocer las irregularidades cometidas por el Jefe de Auxilio de Pontevedra, se comprueba que parte de las provisiones del almacén provincial fueron desviadas al mercado negro. La investigación se puso en marcha después de las quejas producidas porque la ración diaria de leche correspondiente a los niños, algunos días, no se repartía. En el curso de la instrucción se descubre que la Jefa de Comedores de Pontevedra continua cobrando su sueldo, más de un año después de su fallecimiento. Todo parece indicar la existencia de un entramado de corrupción asentado en la sección de la Administración General de Auxilio. Desde la Delegación de Pontevedra se mandaba en 1945 – un año de dificultades financieras para la entidad- la siguiente carta al organismo central madrileño:

“Recibimos vuestra carta de cargo por 15.856 pesetas importe de 1.300 kilos de atún en aceite que nos enviáis al precio de 11,90 y nos extraña que, sin que lo hayamos solicitado, nos hagáis un envió de esa naturaleza, que viene a alterar nuestro ya bastante desequilibrado presupuesto. Acaso pueda resultar a las provincias de interior el uso de esas conservas, pero a nosotros que compramos el pescado fresco a 1,25 o 1,50 el kilo, esa remesa vendrá solo a hacer más difícil la vida de nuestras instituciones, que ya lo es bastante. Y rogándoos encarecida- mente suspendáis el envío de referencia.”

El hambre y los alimentos no sólo fueron una enorme fuente de corrupción como decíamos al principio. La escasez y la precariedad también desmotivó la expresión de las inquietudes políticas. Las dificultades para conseguir alimentos extendieron un mensaje interiorizado bajo la forma de la autocensura: si hablas no comes, si hablas no trabajas, ese era el mensaje no recogido en ninguna norma escrita pero brutalmente presente en el sentido de sobrevivencia y en la consciencia de la realidad de los republicanos y sus familias. El hambre promovió el aprendizaje de la pasividad, lo que fomentó la conformidad, el miedo político y la obediencia a la autoridad. En palabras de un significativo falangista, Dionisio Ridruejo: «el nuevo poder había descubierto algo mucho mejor que la represión.»