Víctimas del franquismo denuncian al departamento vasco de seguridad por vulnerar la ley de memoria

Las siguientes 14 entidades memorialistas: Goldatu elkarte sozio-kulturala, Intxorta1937 kultur elkartea, San Fermines 78 Gogoan, Martxoak 3–Asociación de Víctimas 3 de Marzo, Gernika Batzordea, Asociación 6 de marzo por Juan Gabriel Rodrigo Knafo, Ateneo Republicano de Álava Eraiki–Arabako Errepublikar Ateneo Elkartea, Gogoan Sestao Elkartea–Recuperación de la Memoria Histórica, Comisión Memoria Histórica CNT Euskadi, Asociación republicana irunesa Nicolás Guerendiain, Kepa Ordoki MHB, Bidasoaldeko elkarte memorialista, Oroituz Andoainen, Tolosako Errepublikanoak–Foro Republicano de Tolosa y Observatorio de Derechos Humanos del País Vasco -GEBehatokia-, queremos informar de nuestra voluntad de presentar una denuncia ante la “Dirección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas” del Gobierno Vasco, competente para aplicar la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, en referencia a los hechos ocurridos el pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.

Dichos acontecimientos son de público conocimiento, incluyendo la exhibición de simbología franquista y elementos que exaltan la dictadura franquista, la realización de actos, gestos y
discursos apologéticos del fascismo, hechos que tenían una evidente intencionalidad de mostrar menosprecio y generar humillación en víctimas de la dictadura franquista, buscando un
enfrentamiento y, de manera intencionada, utilizando como escenario una ciudad que vivió en sus carnes el horror de la represión franquista, tanto en los primeros compases del golpe como en el tardofranquismo, con la conocida masacre a obreros el 3 de marzo de 1976.

Estos hechos son constitutivos de las infracciones administrativas contenidas en el Capítulo XII de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi (régimen sancionador), así como en la Ley española 20/2022 de Memoria Democrática.

Pero es que, además, pudimos comprobar horrorizados la inacción de los responsables policialesautonómicos y municipales que tenían en su mano la posibilidad administrativa de impedir estos hechos, ya sea revocando el permiso para manifestarse, ya sea, una vez verificadas las actuaciones que allí se estaban realizando, impidiendo su continuación y/o disolviendo a los congregados. Actuación a la que responsables policiales renunciaron protegiéndoles.

En las mencionadas leyes de Memoria Histórica y Democrática se recoge la responsabilidad compartida tanto de los que perpetraron dichos actos, como la de los que se lo permitieron. Concretamente, el artículo 46.3 de la Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática expresa que, además de las personas físicas que realicen las conductas contrarias a esta ley “Igualmente serán consideradas autoras de la infracción las personas que cooperen en su ejecución con un acto sin el cual esta no se habría efectuado, y las que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de impedir la comisión de la infracción por otra persona”.

La ley de Memoria Histórica y Democrática española incide en esta idea, contemplando en su artículo 62.1.d) como infracción muy grave “la falta de adopción de las medidas necesarias para
impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura”.

La falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización de las conductas contrarias a las leyes de memoria por parte de las policías allí presentes, les convierte “igualmente” en autoras de los hechos y, por lo tanto, sujetos de responsabilidad en base a las mencionadas infracciones.

Es por ello por lo que solicitamos se investigue y, en su caso, se apliquen las sanciones oportunas tanto a los organizadores del acto como a los responsables de los operativos policiales, tanto municipales como autonómicos y, en su defecto, a sus responsables últimos: concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y consejero de Seguridad del Gobierno vasco.

Hemos escuchado en prensa que el Departamento de Seguridad ahora estima estudiar infracciones de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, es decir, por cuestiones relativas al orden público. Nos parece un craso error, dado que abandona nuevamente sus responsabilidades en las infracciones de la Memoria Histórica y Democrática. Responsabilidades, recordamos, tanto de los que los cometieron como de los que se lo permitieron, según el texto legal.

Las personas que impulsamos esta denuncia sufrimos represión y persecución. Durante 40 años vivimos aterrorizados por el miedo a los matones de la Falange. Condenados al silencio.
Como víctimas del franquismo, las imágenes de Gasteiz cantando el Cara Al Sol con el brazo en alto nos duelen y nos revictimizan y estos actos de apología y enaltecimiento franquista que allí se realizaron los interiorizamos como un menosprecio y menoscabo de nuestra dignidad, los vivimos como una evidente humillación y los percibimos como una doble victimización.

¿Como se ha podido permitir que 90 años después del Golpe de Estado y 50 después de la muerte del dictador estos hechos se hayan podido reproducir?; ¿quién y por qué lo han permitido?; ¿cómo es posible que un partido como Falange sea legal?

El año pasado nos movilizamos desde la plataforma Memoria Osoa para denunciar que el desfile de la Guardia Civil revictimizaba a las miles de víctimas de la tortura.

Este año se ha conseguido que aquella iniciativa tan desafortunada no se vuelva a repetir, pero hemos tenido que soportar que la Falange se movilice protegida por la Ertzaintza y nos restrieguen la impunidad de la que han gozado y gozan en los últimos 50 años.

¿Alguien entendería que el partido nazi de Hitler o el Partido fascista de Mussolini, 50 años después, realizara una concentración de exaltación? Los 16 vitorianos asesinados en Azazeta, entre los que estaban Teodoro González de Zarate y Francisco Díaz de Arcaya, alcalde y concejal, respectivamente, de Vitoria-Gasteiz, José Luis Abaitua Pérez, burukide del ABB (EAJ-PNV), Víctor Alejandre, de Valdegovía (Partido Republicano Radical Socialista), José Domingo Elorza San Vicente (PSOE), Francisco Garrido Sáez de Ugarte (CNT), Jesús Estrada Ábalos (PCE), Manuel José Collel Aguilá (Unión Republicana), Casimiro Cerrajería Zarranz (UGT) y las decenas de víctimas gasteiztarras asesinadas por la represión franquista y fusilados en el cementerio de Santa Isabel, junto a Espinosa Orive, Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Estepan Urkiaga “Lauaxeta”, y José Placer, primer comandante de ANV, se estarán estos días revolviendo en sus tumbas al ver que los matones de Falange han vuelto a campar a sus anchas por Gasteiz.

Las catorce entidades solicitamos una reacción desde las leyes de memoria que son gestionadas por una Dirección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas que debería acogernos y
defendernos. Le reclamamos, asimismo, que en base al Artículo 31 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, se nos dé reconocimiento a las personas denunciantes como “víctimas de la infracción”, para poder ejercer nuestro derecho a ser informadas del estado del procedimiento, a efectos de seguimiento y posible personación.

Además, instamos al Gobierno Vasco para que solicite al Gobierno de España la apertura del expediente jurídico de ilegalización y disolución del partido Falange Española, por reiterado incumplimiento de las leyes vasca y española.