Esta semana hemos vivido la reparación judicial a Eusebio Cortezón, concejal del partido comunista POUM en Astillero, asesinado por el franquismo por motivos meramente ideológicos en una represión que se extendió a su familia –hecho que el auto judicial no ha querido reconocer-.

Los Juzgados de Cotolino, en Castro Urdiales, acogerán el próximo martes 28 de octubre, a las 13:00 horas, un procedimiento para anular una condena a muerte impuesta durante el franquismo, en el marco de los mecanismos establecidos por la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La solicitud parte de los familiares de Manuel Peña Gobantes, natural de Laredo, que fue condenado a muerte por garrote vil en un juicio sumarísimo celebrado el 28 de enero de 1938 en Castro Urdiales. Peña fue procesado junto a otros tres vecinos de Laredo, sin que el procedimiento respetara ningún tipo de garantías legales o democráticas.

El caso ha sido impulsado con el apoyo del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, y del Colectivo Memoria de Laredo, entidad que trabaja en la recuperación y visibilización de víctimas del franquismo en la comarca oriental de Cantabria.

Una condena sin pruebas ni garantías

Durante el proceso, se aportó documentación que cuestionaba la participación directa de Peña Gobantes en los hechos por los que fue condenado. Su hermano, militar del bando sublevado, intervino tras conocer la sentencia y consiguió una declaración firmada por familiares de una víctima que había sido asesinada por republicanos. En ese documento, se afirmaba que Peña no participó en la detención de esa persona, desmontando así la principal acusación.

Este escrito fue presentado ante la Auditoría de Guerra, que respondió aceptando la posibilidad de revisar la pena y conmutarla, al haberse demostrado la falta de pruebas. Sin embargo, mientras sus tres compañeros fueron ejecutados por garrote vil el 27 de mayo en la cárcel de Larrinaga (Bilbao), Manuel Peña fue trasladado al día siguiente al cementerio de Derio, donde fue fusilado, en un cambio de método no explicado oficialmente.

Una historia reconstruida con documentos

La singularidad del caso —el cambio en el tipo de ejecución, pese a una supuesta conmutación de la pena— fue documentada y dada a conocer por el Colectivo Memoria de Laredo en abril de 2022. A partir de entonces, se inició un trabajo de recopilación de testimonios, informes y registros que han derivado en la solicitud formal de anulación de la condena, según los criterios establecidos en la legislación estatal.

La Ley 20/2022, conocida como Ley de Memoria Democrática, reconoce el derecho a declarar la ilegitimidad y nulidad de las sentencias dictadas por tribunales del franquismo, y establece medidas para la reparación moral y jurídica de las víctimas de la represión por motivos políticos, ideológicos o de conciencia.

El memorial a los deportados laredanos aparece destruido

Este procedimiento judicial coincide en el tiempo con otro suceso que ha generado indignación en el ámbito memorialista: el memorial dedicado a los deportados laredanos a campos nazis, situado en la Alameda de Manuel Llano, ha aparecido prácticamente destruido. El monumento fue erigido por el Ayuntamiento de Laredo en 2010 y recogía los nombres de vecinos víctimas del nazismo, así como elementos cerámicos conmemorativos.

Los daños fueron detectados este jueves, 23 de octubre, por integrantes del Colectivo Memoria de Laredo, quienes notificaron de inmediato lo sucedido a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios municipales. Técnicos de Urbanismo y Patrimonio analizan ahora los hechos para determinar si el suceso se debe a las condiciones meteorológicas adversas de la madrugada o si responde a un posible acto vandálico, posibilidad que no ha sido descartada.

El Ayuntamiento ha activado el protocolo para que, a través del seguro municipal, se proceda a la reposición del memorial, una vez emitidos los informes técnicos pertinentes.

Desde el colectivo han subrayado que este tipo de agresiones no son aisladas y recuerdan que ya se han producido episodios similares en otros espacios de memoria de Cantabria. En ese sentido, han reclamado mayor protección institucional para los lugares y símbolos de la memoria democrática.

La Ley de Memoria Democrática obliga a las administraciones públicas a identificar, conservar y preservar los lugares de memoria, así como a actuar ante actos de destrucción o banalización, especialmente cuando afectan a víctimas de la represión franquista o del nazismo.