Laicismo, memoria y democracia

El debate de la mesa redonda “República, democracia, laicidad, educación” puso al descubierto el poder de la Iglesia en la Dictadura de Primo de Rivera, controlando las leyes, la educación y la moral individual; la oposición frontal de los obispos, por todos los medios, a las leyes de la II República, con el apoyo del entonces Papa Pío XI, impulsando la creación de la CEDA (Confederación Española de Derechas autónomas) para “defender la civilización cristiana y combatir las leyes de la República”; el entusiasta apoyo de la jerarquía eclesiástica al golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, al que consideraban “ilegítimo, tiránico, traidor a la Patria y enemigo de Dios y de la Iglesia” (El Debate, 20 de febrero de 1936), mientras la sublevación es considerada la Santa Cruzada contra el ateísmo y el comunismo y en defensa de la civilización cristiana. Se puede resumir ese ardor de cruzada en la célebre frase del arzobispo de Burgos, el cardenal Gomera: “Benditos sean los cañones si hacen florecer el Evangelio”. Es muy citada la carta conjunta de todos los obispos (excepto Félix Vidal i Barraquer y Salvador Múgica), en mayo de 1937, donde apoyan sin fisuras al Movimiento Nacional.

El nacionalcatolicismo es la médula ideológica del franquismo, que influencia toda la legislación, toda la vida social y política del país: la Iglesia Católica se encarga de los servicios sociales y la educación, incluyendo la preparación del joven príncipe, y del control de la vida de las mujeres, y su castigo, a partir de sus criterios misóginos.

Los documentales presentados en las jornadas desvelan el cruel papel de órdenes religiosas (oblatas, adoratrices, trinitarias, hijas de la Caridad..) en el hasta hace poco desconocido 'Patronato de Protección de la Mujer', que pervivió hasta 1986, aunque esas mismas órdenes religiosas, con subvenciones públicas, siguen prestando servicios sociales a mujeres en dificultades; o la complicidad de las monjas en la trama de “bebés robados”. El magnífico documental “Los Muros”, que se proyectó en Pau, describía toda la estructura de trabajo esclavo de los presos bajo el d-nominado “Patronato de Redención por el Trabajo”, propuesto y dirigido por el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar.

En la exposición por parte de Europa Laica se puso sobre la mesa que, durante la Democracia, la jerarquía eclesiástica ha ejercido su poder para intentar condicionar las propuestas legislativas, intentando imponer sus principios morales y manteniendo o incrementando sus privilegios. Los planteamientos ultras se radicalizan bajo el papado de Juan Pablo II, con una gran influencia del Opus, que cuenta en los años 80 con más de 20 obispos y una buena cantidad de ministros en el gobierno de Aznar. Es la época en que se comienzan miles de procesos de beatificación de los “mártires de la cruzada”, propuestos por elementos franquistas como La Hermandad Sacerdotal Española, Falange, Alféreces Provisionales, Guardia de Franco o Fundación francisco Franco. Pero muchas de esas beatificaciones se produjeron en el actual siglo, en 2007.

A pesar de las leyes de Memoria, las iglesias y catedrales siguen hoy mostrando símbolos franquistas, desde placas conmemorativas en espacios cercanos al altar, hasta cruces de los caídos en sus fachadas o todo tipo de emble-mas nacionalcatólicos en los pasos procesionales. Mientras que, hasta ahora, no ha pedido perdón por su sangriento papel histórico.

Desde Europa Laica proponemos que las asociaciones memorialistas dediquen toda la atención al papel de la Iglesia Católica, si se pretende que se conozca la verdad, hacer justicia y pedir reparación. Y sobre todo para evitar la repetición, porque aún en 2025 una buena parte de esa institución, con la mayoría de la Comisión Episcopal, mantienen posicionamientos políticos muy próximos a los de la ultraderecha española, con importantes lazos internacionales de sectores ultrareligiosos y ultraconservadores.

Es cierto que los datos del CIS muestran que la sociedad española actual está muy secularizada, pero la falta de una política laicista clara y el mantenimiento de los acuerdos con la Santa Sede (1979), herederos del Concordato franquista de 1953, han convertido a la Iglesia en un actor político con poder y sin control democrático. Y pretende dominar la batalla cultural junto con la derecha y la ultraderecha: antifeminismo, lgtbifobia, oposición a la legislación de libertades sexuales, impedimentos al desarrollo de la ley de eutanasia, defensa interesada de la educación privada concertada frente a la pública, permanencia de profesorado de religión en los centros educativos, incluso en algunos universitarios… Esa influencia en la educación se mantiene y amplía, a pesar del descubrimiento de los cientos de miles de casos de pederastia, con impunidad y complicidad de muchos jueces. Cada vez hay más grupos católicos en la internacional del odio.

La mayoría antifranquista y democrática debe movilizarse por la laicidad, por un Estado sin injerencias clericales ni privilegios confesionales. Los partidos democráticos tienen la obligación constitucional de trabajar por un Estado en el que sea cierto que “no tiene ninguna religión oficial”, que sea efectivamente “aconfesional”, que viene a ser lo mismo que laico. La defensa de la laicidad es hoy una exigencia democrática. No se puede hablar de igualdad ni de soberanía popular mientras una instituciónn privada pretenda dictar el rumbo político del país desde una posición de poder, impunidad y privilegios.

La laicidad del Estado no es un aspecto o un adjetivo más. No defenderla convierte la situación actual en un problema estructural. Y como tal debe abordarse, si queremos tener un Estado verdaderamente democrático.