Un estudio de Enrique Díez-Gutiérrez y Jonatan Rodrigues-López revela que la aplicación educativa de la Ley de Memoria Democrática depende aún de la voluntad política de cada comunidad, dejando una memoria mal contada y desigual entre el alumnado
Un estudio reciente de los investigadores Enrique Díez-Gutiérrez y Jonatan Rodrigues-López, publicado en la revista Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico (2025), alerta de que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el sistema educativo español sigue siendo desigual y frágil. Tres años después de su aprobación, el olvido institucional continúa pesando más que la pedagogía cívica.
En octubre de 2022, el Estado español aprobó la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer y enseñar la verdad histórica sobre el golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista y la transición democrática.
Su artículo 44 obliga a incorporar la memoria democrática en los currículos y en la formación del profesorado. Sin embargo, el nuevo estudio de Díez-Gutiérrez y Rodrigues-López advierte de que esa integración “sigue dependiendo de la voluntad política y del contexto ideológico de cada territorio”. Esta dependencia reproduce un sesgo estructural: en las comunidades gobernadas por mayorías conservadoras —principalmente PP, y en su caso en coalición con Vox— la memoria democrática se relega o se diluye, lo que vacía de contenido el enfoque de derechos humanos en el currículo. Como ejemplo muy reciente, el 25 de octubre de 2025 elDiario.es informó de que la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana denegó la homologación como formación del profesorado de las Jornades de memòria de Cullera, al considerar que no encajaban en las líneas prioritarias del curso 2025-2026; la organización lo calificó de “censura velada”.
Una memoria que se enseña a medias
Los autores sostienen que la educación en memoria democrática no puede reducirse a una ampliación de contenidos históricos, sino que debe configurarse como una verdadera “pedagogía cívica” orientada a la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la participación ciudadana.
Sin embargo, la realidad en las aulas españolas continúa marcada por enormes diferencias autonómicas.
En Andalucía, Castilla y León o Galicia, los currículos apenas mencionan la represión franquista. En cambio, Cataluña, Navarra o el País Vasco han desarrollado programas transversales que incluyen archivos, testimonios y lugares de memoria.
El resultado, según el estudio, es una memoria fragmentada: “no existe una narrativa común sobre el pasado dictatorial, sino múltiples interpretaciones sujetas a tensiones ideológicas y territoriales”. Este modelo incrementa riesgos de desigualdad cívica entre alumnado, banalización o negacionismo de los crímenes de la dictadura y polarización social.
Del aula al aula vacía: el miedo a enseñar historia reciente
Entre los principales obstáculos, los investigadores subrayan la falta de formación del profesorado y el peso de la autocensura.
“Una neutralidad mal entendida se convierte en obstáculo pedagógico”, afirman, “porque el intento de no politizar el aula termina despolitizando la historia”.
Esa inseguridad favorece la expansión de discursos revisionistas que equiparan víctimas y verdugos o banalizan la represión franquista. La escuela, en lugar de un espacio de reflexión crítica, reproduce las fracturas ideológicas del país.
El giro político y las resistencias autonómicas
El estudio sitúa el problema también en la coyuntura política. Tras las elecciones autonómicas de 2023, varias comunidades gobernadas por PP y Vox han paralizado materiales y programas de memoria democrática, sustituyendo el término por fórmulas como “conciliación nacional”.
Para Díez-Gutiérrez y Rodrigues-López, esta situación refleja una contradicción estructural: el Estado reconoce la memoria como derecho ciudadano, pero su ejecución queda sometida a la fragmentación política.
El efecto, señalan, es doble: injusticia hacia las víctimas y empobrecimiento cívico de las nuevas generaciones. Esto implica desprotección de las víctimas, pérdida de garantías de no repetición y un retroceso pedagógico que afecta a la calidad democrática.
Memoria, democracia y pedagogía: un triángulo inseparable
Desde una perspectiva pedagógica, los autores se apoyan en Jörn
Rüsen, Paul Ricoeur y Elizabeth Jelin para defender que la memoria es
una categoría moral y política.
Enseñar la historia reciente no es transmitir datos, sino formar conciencia democrática y reconciliar la verdad con la justicia.
El artículo propone cuatro pilares educativos: crítica del olvido institucional; reparación simbólica; educación ética y emocional; y participación activa del alumnado.
“El desafío —afirman— no es solo curricular, sino cultural: enseñar democracia exige enseñar memoria”. A estos pilares se añade la garantía institucional: financiación estable, formación obligatoria y evaluable del profesorado y materiales comunes que aseguren equidad territorial.
Un espejo europeo
Díez-Gutiérrez y Rodrigues-López comparan el caso español con Alemania, Italia o Portugal, donde las políticas de memoria cuentan con consenso y estabilidad.
“La falta de continuidad institucional convierte cada avance en una excepción más que en una política pública”.
En la UE, recuerdan, la educación en derechos humanos y memoria histórica se considera eje de la ciudadanía democrática, mientras España sigue sin un plan nacional docente ni materiales comunes, lo que genera desigualdad territorial y una “amnesia cívica estructural”.
Una democracia que olvida se deseduca
“Sin políticas educativas coherentes, la memoria democrática no será más que un eslogan”, concluyen los autores.
Tres años después de la ley, su diagnóstico sigue vigente: la memoria democrática se sostiene sobre el esfuerzo individual de algunos docentes más que sobre una política pública sólida.
La enseñanza de la memoria, advierten, no es un debate ideológico, sino una exigencia democrática. Y mientras el Estado continúe dejando esa responsabilidad al vaivén autonómico, la historia reciente seguirá siendo una herida abierta: no solo en los archivos, sino en la conciencia colectiva.
Fuente → diario-red.com
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