La impunidad fascista: una grieta profunda en la democracia

En las últimas décadas, hemos visto cómo el fascismo ha dejado de esconderse en las sombras para reaparecer en las calles, en los discursos públicos y en las instituciones. No ha vuelto porque haya ganado un debate democrático, sino porque nunca se fue del todo y, sobre todo, porque se le ha permitido actuar con impunidad.

Grupos y personas que exaltan dictaduras, que desprecian los derechos humanos y que niegan la dignidad de pueblos enteros no temen represalias. Pueden organizarse, manifestarse, levantar el brazo, exhibir símbolos prohibidos o lanzar mensajes de odio sin que nada les ocurra. Esa normalización no es fruto de la casualidad, sino de un sistema que ha tolerado durante demasiado tiempo al fascismo como si fuera una opinión más.

Una democracia que no defiende activamente sus valores no es neutral: se convierte en cómplice del enemigo que quiere destruirla. El fascismo no busca convivir, ni dialogar, ni participar en igualdad de condiciones. Su objetivo es borrar la pluralidad, aplastar derechos y someter a quienes no encajan en su visión autoritaria del mundo.

Cuando el Estado mira hacia otro lado ante sus provocaciones o directamente les protege en nombre de una falsa neutralidad, lo que está haciendo es legitimar su presencia y debilitar los pilares democráticos. La democracia no es solo un marco jurídico: es un pacto social que se defiende cada día. Si no se confronta activamente al fascismo, este crece.

La neutralidad institucional ante discursos de odio, símbolos dictatoriales o manifestaciones violentas no es imparcialidad: es rendición preventiva.

Mientras a los movimientos sociales, a las organizaciones antifascistas y a la ciudadanía movilizada se les criminaliza, vigila y reprime con dureza, los grupos ultraderechistas actúan a menudo con una tranquilidad insultante. Este doble rasero no es una anomalía: es un síntoma.

La impunidad fascista se alimenta de la inacción judicial, de la pasividad política y de la complicidad de ciertos sectores. Se alimenta del miedo, pero también de una visión complaciente que presenta el fascismo como “una ideología más”, cuando en realidad es una amenaza directa a la libertad y a la igualdad.

Un sistema político que permite que quienes exaltan el odio actúen libremente, mientras reprime a quienes defienden derechos, no es una democracia plena. Es una democracia vacía de contenido real, una democracia de escaparate.

La fuerza de una democracia no se mide solo por su capacidad para organizar elecciones, sino por su firmeza para proteger a quienes ejercen derechos frente a quienes quieren destruirlos. Y hoy, en muchos contextos, esa firmeza brilla por su ausencia.

El antifascismo no es un extremo, ni una provocación, ni un problema: es una respuesta legítima y necesaria frente a quienes niegan la libertad. Sin antifascismo, la democracia no se sostiene; sin resistencia, la impunidad se convierte en norma.

Frente a quienes romantizan la neutralidad, conviene recordar una verdad sencilla: quien no combate al fascismo, lo tolera; y quien lo tolera, lo alimenta.

Si de verdad queremos vivir en una democracia robusta, justa y libre, hay que romper el ciclo de impunidad. Hay que dejar de tratar al fascismo como una opinión válida y empezar a tratarlo como lo que es: una amenaza directa a todo lo que hemos construido como sociedad.

La democracia no se defiende sola. No basta con palabras solemnes, ni con banderas, ni con instituciones que se declaran democráticas pero actúan como si todo valiera. La democracia exige un posicionamiento claro, una defensa activa y un compromiso real con la libertad y la justicia.

Mientras el fascismo siga teniendo espacio, micrófono y protección, la democracia seguirá siendo una promesa incompleta. Y si queremos que sea algo más que una palabra bonita en un papel, hay que cerrarle las puertas a la impunidad y abrirlas a la memoria, la resistencia y la dignidad.