Cuando pensamos en el final del franquismo, una de las frases que nos puede venir a la mente es que “Franco murió matando”. Otro clásico es que “lo dejó todo atado y bien atado”. Si lo segundo puede generar diversidad de opiniones según a quien preguntes, lo primero resultó un hecho incontestable. A 50 años de la muerte del dictador Franco y cuando se cumplen 3 años de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, lamentablemente aún hoy queda mucho por hacer.
Recordamos la funesta fecha del 27 de septiembre de 1975. Nos encontramos a menos de dos meses de la muerte del dictador, cuando se ejecutaron las cinco últimas penas de muerte en el Estado español. Una condena ordenada por Franco, que fue matar a sangre fría y no dejando espacio al error, siendo completamente irreparable. Desde entonces no se volvería nunca más a aplicar en España este trato, considerado como el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
50 años después podemos identificar avances pero bastante insuficientes. Si la Ley de Memoria Histórica de 2007 significó un ligero paso adelante pero alejado de las obligaciones internacionales de España, con la Ley de Memoria Democrática del 20 de octubre de 2022 se incluyeron avances como la nulidad de algunas sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos. El Gobierno declaró “ilegítima y nula” la pena de muerte dictada en 1975 contra Xosé Humberto Baena. Se trata del último fusilado por el franquismo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió a la familia de Baena la “Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal” que anulaba su sentencia.
Igualmente el Gobierno entregó en octubre de 2024 una declaración de reconocimiento y reparación a la familia del anarquista catalán Salvador Puig Antich, quien fue ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974 tras ser condenado a muerte en un juicio plagado de irregularidades. Su hermana Inmaculada manifestó que su familia llevaba “50 años luchando por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Para nosotras es muy importante”.
50 años de impunidad con la Ley de Amnistía como excusa
Sobre aquello de que se dejara todo atado cabe recordar que desde Amnistía Internacional llevamos mucho tiempo denunciando el impacto de la Ley de Amnistía 1977. Una excusa que también va camino de durar 50 años. Y es que la Ley de Memoria Democrática no eliminó los obstáculos para investigar judicialmente los crímenes del franquismo, ni para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. La Ley de Amnistía ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes del Estado español para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ante ello es esencial que el Parlamento modifique la Ley de Amnistía de 1977 y reforme el Código Penal para incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional.
Pese a todo, desde organizaciones de la sociedad civil se continúa impulsando la investigación judicial de crímenes cometidos por la dictadura franquista. Un ejemplo de ello es la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) que lleva trabajando desde 2013 promoviendo un movimiento social de apoyo a la presentación de querellas. En los últimos años, se han presentado más de 100 querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo.
Lentos avances y otros que no llegan
Entre los escasos avances de los que vamos teniendo noticia cabe destacar que en mayo de 2025, con motivo de la celebración del 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició una investigación para esclarecer responsabilidades y la existencia de una estrategia conjunta entre la dictadura española y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio. Se trata de 4.435 españoles fallecidos, muchos de los cuales no se han podido identificar aún. Con ello se pretende el esclarecimiento de graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Preocupa no obstante la lentitud en la implementación de la Ley de Memoria Democrática 3 años después de su aprobación. Por ejemplo, con la falta de su desarrollo reglamentario o con la falta de información sobre las comisiones técnicas contempladas en la ley. En abril de 2024 el Gobierno creó tres comisiones sobre reconciliación con el pueblo gitano, reparación a víctimas de la guerra y la dictadura y vulneración de derechos humanos al inicio de la democracia. Pero a día de hoy no hay información sobre cómo marchan estas comisiones, siendo necesaria una mayor publicidad de lo que están haciendo.
Una Ley de Bebés Robados necesaria pero que no llega
Tampoco olvidamos la falta de aprobación de la Ley de Bebés Robados, cuya tramitación ha decaído en las últimas legislaturas. En marzo de 2021, Amnistía Internacional hizo pública la investigación 'Tiempo de verdad y de justicia', en la que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.
Recientemente celebramos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México del agosto de 2025 en el caso de Ligia Ceballos, que determinó que existen hechos relevantes aún por esclarecer. Por ello, ordenó a la Fiscalía General de la República reanudar la investigación, con el objetivo de que Lily pueda recuperar su identidad, conocer sus orígenes biológicos y establecer un vínculo con su familia, debiendo determinarse si fue sustraída ilícitamente en el marco de políticas represivas de la dictadura franquista.
Llama la atención que a estas alturas tengamos que seguir celebrando avances que vengan desde fuera, en este caso México, o Argentina en otras ocasiones. Mientras, el Estado español continua sin emprender investigaciones exhaustivas y sin tramitar la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’.
Retrocesos con las leyes autonómicas
Además resulta bien preocupante la sucesión de normas que derogan o sustituyen leyes autonómicas de memoria previamente aprobadas. El pasado 9 de octubre la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley de Concordia con los votos de PP y VOX, que deniega a las víctimas del franquismo su derecho a verdad, justicia y reparación, invisibilizando las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, sin reconocer la responsabilidad del régimen en su perpetración.
Extremadura se une así a los retrocesos producidos en otras comunidades autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria que en 2024 derogaron sus leyes autonómicas de memoria. A esto se suma la amenaza de un nuevo retroceso en Baleares, con la iniciativa presentada por VOX en el Parlament para derogar la ley de memoria, aprobada en 2018, y sobre la que el Partido Popular se ha comprometido a votar a favor.
A los escasos avances con la Ley de Memoria Democrática, la falta de aprobación de la Ley de Bebés Robados y la derogación de leyes autonómicas se suma una deficiente transparencia con las organizaciones memorialistas y con la ciudadanía. Mientras tanto, la lucha desde la sociedad civil por la verdad, justicia y reparación de los crímenes del franquismo continúa imparable.
Fuente → eldiario.es
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