Qué fue de los 'verdugos' de los últimos cinco fusilados de la dictadura de Franco

La ejecución de los jóvenes significó el culmen del sistema franquista, que entendía la autoridad como violencia. "Los fusilamientos son la última expresión de un proceso de radicalización que tuvo su punto álgido en los últimos años del franquismo", razona Alejandro Quiroga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Los niveles de represión fueron menores en los años 60, pero, al crecer la oposición al régimen, este respondió con aún más castigo", añade.

Franco hizo oídos sordos a las numerosas peticiones que recibió para indultar a los condenados y el caso adquirió tal relevancia que el propio papa Pablo VI trató de interceder por ellos: llamó en varias ocasiones a Franco pero fue ignorado. También el propio hermano del dictador insistió en que los perdonara, apeló a su moral cristiana y le aseguró que se arrepentiría. La presión internacional no frenó al régimen, que "no pensaba que iba a tener una gran reacción desde fuera", argumenta Quiroga. Y, en parte, el cálculo no fue del todo erróneo puesto que, según Quiroga, "no hubo grandes sanciones a medio plazo", lo que dio al dictador la potestad de continuar con su actividad.

Franco firmó las condenas de muerte, y es probable que no tuviera tiempo para arrepentirse, pues tan solo dos meses después murió a consecuencia de su ya muy deteriorado estado de salud. Moreno Durán explica que "el dictador estaba enfermo y con él, la dictadura"; y por tanto "la fuerza de la oposición desde principios de los setenta era cada vez más desestabilizante y se agravó la respuesta represiva".

Un nutrido grupo de militares participaron en los consejos de guerra que condenaron a muerte a las últimas cinco víctimas de la represión franquista. Fiscales, vocales y jueces que protagonizaron un proceso sin las garantías judiciales exigibles. Pasado el tiempo, y bajo la protección que les otorgaban la Transición y los primeros pasos de la democracia, algunos de ellos reconocieron haber sido parte del proceso de mala gana y haber recibido órdenes “de arriba” para que la mayoría de los acusados recibieran como castigo la pena capital. 

Los jueces

El consejo de guerra en el que se condenó a muerte a Ángel Otaegui fue presidido por el coronel de infantería José Lasanta Martínez, que hizo las veces de juez instructor. Lasanta, ya retirado y dedicado a la vida contemplativa, fue asesinado por ETA 13 años más tarde, el 13 de junio de 1990, mientras paseaba por el paseo de La Concha de San Sebastián. José Urtubia Ramírez, fallecido en el año 2010, fue otro de los presidentes del consejo de guerra y fue ascendido a general de brigada de artillería en el año 1983, ya en democracia, cuando era ministro de Defensa Narcís Serra Serra y presidente del Gobierno Felipe González. Por sus "méritos", le fue concedida la Gran Cruz de San Hermenegildo en el año 1986.

Otra de las figuras relevantes en los juicios fue el capitán auditor Jesús Cejas Mohedano. El diario digital El Salto desveló en 2018 que Cejas Mohedano estaba implicado en una trama de fondos de capital riesgo relacionada con CRM (Capital Riesgo Madrid), empresa que también se vio envuelta en polémica por invertir un millón y medio de euros en otra compañía, de la cual era accionista un primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como también reveló El Salto.

Entre los militares involucrados en las ejecuciones, Ángel Campano López, que murió en 1995 y fue uno de tantos que se presentaron voluntarios para formar parte de la División Azul tras la Guerra Civil. Ejercía como capitán general de la I Región Militar (Madrid) y director general de la Guardia Civil, puesto del cual fue cesado el 23 diciembre de 1976 por no impedir que miembros del cuerpo se manifestaran ilegalmente. Su hijo Miguel Ángel Campano Mendaza, fallecido en 2018, fue un reconocido pintor galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas.

Ángel Urquijo Quiroga, fallecido en el año 2010,  y Juan García Saro actuaron como vocales, y el teniente coronel Ramón González Arnao Díez lo hizo como fiscal. El coronel Ricardo Oñate, que fue jefe del tribunal durante uno de los juicios, ejerció el cargo de capitán general de Granada hasta su muerte en el año 1984 y a día de hoy conserva un monumento con su imagen en su pueblo natal, en la provincia de Valladolid.

Muchos de los militares implicados en el juicio continuaron ostentando cargos de relevancia en el ejército o la judicatura. Quizá el más destacado fue José Antonio Sáenz de Santamaría, quien en aquel momento era  jefe del Estado Mayor y número dos de la Guardia Civil. Sáenz de Santamaría fue responsable de llevar a cabo los preparativos para las ejecuciones que acabarían con la vida de los cinco jóvenes militantes que formaban parte de ETA y del FRAP. Además, fue director general de la Guardia Civil hasta el año 1986. El militar (que no tiene parentesco con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría) ejerció de asesor del ministro del Interior José Barrionuevo entre 1982 y 1989, en el Gobierno de Felipe González. Barrionuevo sería condenado en 1998 y pagaría una breve pena de cárcel por la guerra sucia contra ETA. El juez Baltasar Garzón investigó a Sáenz de Santamaría por su implicación en los GAL pero no recibió condena alguna.

Franquistas en democracia

El Consejo de Ministros, que dio su "enterado" a las sentencias de muerte, estaba formado, entre otros, por figuras que formaron parte de la vida política tras la Transición. Más tarde algunos de ellos participarían de la fundación de Alianza Popular, ahora Partido Popular. Fernando Suárez González fue ministro de Trabajo y procurador de las Cortes franquistas y más tarde diputado de Alianza Popular en el congreso hasta el año 1989 y eurodiputado hasta el 1994.

Antonio Carro Martínez fue el último ministro de presidencia franquista durante los gobiernos de Arias Navarro, formó parte de la legislatura constituyente con Alianza Popular y ejerció como diputado hasta el año 1989. Luis Rodríguez de Miguel estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y fue consejero nacional del Movimiento durante el tiempo en que se llevaron a cabo las ejecuciones. Años más tarde, y ya en democracia, fue designado como fiscal general del Tribunal Supremo hasta su muerte, en 1982. De esta forma, la Transición supuso, más que una ruptura, una continuación. "Se lleva a cabo un pacto entre élites que lo que buscaban era que el régimen siguiera su curso, no que se pasara a un sistema democrático real", manifiesta Quiroga.

Tanto es así que la impunidad para todos los implicados en los fusilamientos fue absoluta. La ley de amnistía aprobada en las Cortes generales en 1977 perdonó todos los delitos políticos, y si bien permitió la salida de prisión de aquellos cuyas penas de muerte habían sido conmutadas por tiempo de cárcel, no administró justicia, librando de responsabilidad alguna a aquellos que, en los últimos meses de la dictadura, acabaron con la vida de cinco jóvenes que no pudieron disponer de un juicio justo.

En la memoria también ha habido jerarquías y el recibir o no justicia ha dependido en ocasiones del lado del que caía la victima. "Los miembros de ETA han tenido un mayor reconocimiento por el impacto posterior del grupo. En cambio, las víctimas pertenecientes al FRAP han pasado más inadvertidas", expone el profesor de la Complutense. Sobre las víctimas y su reconocimiento, Moreno Durán afirma que “todas deben ser reconocidas como víctimas, sin escalas, lo que implica el reconocimiento oficial de todos los crímenes del franquismo”.