El ‘Congreso de la ruptura’: cuando los abogados hicieron en León una enmienda a la totalidad al franquismo

“Todo parecía estar atado y bien atado. No lo estaba”, escribe el periodista Fernando Jáuregui en su libro Los abogados que cambiaron España. Ochenta años de historia de los letrados y juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019). Jáuregui usa una expresión de la época: la utilizada por el dictador Francisco Franco en el discurso de Navidad de 1969 al referirse a su sucesión en la figura del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. Y pone el contexto del momento: el de una profesión agitada ya en enero de 1969 en medio de un estado de excepción tras la muerte del estudiante Enrique Ruano (la versión oficial de la época dijo que se tiró de un séptimo piso en Madrid estando detenido durante el registro de un domicilio hasta que ya en los años noventa se reabrió el caso y se demostró que había sufrido una lesión previa “no compatible” con su caída). El Colegio de Abogados de Madrid aprobó una petición para suprimir las jurisdicciones especiales. En su punto de mira estaban instancias como el TOP (Tribunal de Orden Público), máxime tras las repercusiones de la decisión del letrado Manuel López de no participar en un juicio si se realizaba a puerta cerrada. La vista estaba fijada para el 30 de mayo de 1970. Faltaban apenas 15 días para el Congreso de León.

Cristina Almeida vivía entonces en plena vorágine. Terminó Derecho en 1966, se colegió en 1967 y se casó en 1968, el mismo año, recuerda ahora por teléfono, en el que se había ya declarado otro estado de excepción, en este caso en Guipúzcoa por el asesinato a manos de ETA del policía Melitón Manzanas. Militaba en el PCE (Partido Comunista de España) y tenía despacho laboralista cuando se enfrentó a las consecuencias de aquel plante al TOP que generó una corriente solidaria de compañeros en forma de huelga con consecuencias: tres meses de suspensión por cada juicio al que no acudiera. “Me tocaron seis juicios, así que estuve 18 meses sin poder ejercer”, cuenta para ponerse en la perspectiva de aquel momento en el que los letrados tomaron decididamente la alternativa en el frente de oposición antifranquista. Almeida había hecho su propio trasvase: trasladando la “lucha” por la democracia que ya había vivido en la universidad al Colegio de Abogados. La siguiente trinchera iba a estar en otras latitudes: aquel León de la Catedral y el Parador de San Marcos que comenzaba su andadura como reclamo turístico.

Desde Madrid también llegó la abogada Paca Sauquillo. La cita tenía connotaciones personales añadidas. “Lola González Ruiz había salido de la cárcel de Ventas”, dice por teléfono sobre la letrada leonesa que había sido detenida acusada repartir propaganda ilegal junto a Enrique Ruano, que era su novio. González, a la que se puede distinguir en una fotografía del Congreso sentada al lado de Manuela Carmena, sería luego cuñada de Sauquillo al casarse con su hermano Javier, él asesinado y su esposa malherida en la matanza de los abogados laboristas de Atocha de 1977. Siete años antes, la imagen de las jóvenes letradas contrastaba con la de aquellos “señores muy serios y muy togados” al distinguir entre “ejercientes y no ejercientes” para referirse a colectivos como los abogados del Estado y de los sindicatos franquistas. Cristina Almeida es todavía más gráfica: “Venían (refiriéndose a los segundos) en autobuses. Habían sacado el traje y la toga de los baúles. Olían a naftalina”. La indumentaria del ministro, Antonio María de Oriol y Urquijo, tampoco pasó desapercibida, sobre todo por un detalle: le habían regalado la insignia de oro y brillantes del Consejo General de la Abogacía, pero prefirió lucir en León la de alférez provisional.

El “boicot” al ministro, en expresión de Paca Sauquillo, ya estaba orquestado. El abogado leonés Luis Revenga, encargado en aquella cita de las relaciones públicas y el protocolo, se enteró cuando un compañero de Madrid que no se identificó se lo advirtió mientras esperaba al ministro en San Marcos para dirigirse a la Catedral, donde se celebró una misa solemne previa a la inauguración. La protesta iba a ser silenciosa. Revenga informó a Oriol y Urquijo. Y se quedó “atónito” con la respuesta: el titular de Justicia dijo estar ya acostumbrado a estas circunstancias. “Lo cierto es que jamás (…) se había realizado acto semejante contra el poder establecido”, escribió el propio Revenga, fallecido en 2005, al recordar su experiencia cuando en 1994 se celebraron los 150 años de vida del Colegio de Abogados de León.

Luis Revenga tuvo los suficientes reflejos como para improvisar una respuesta al plante de los abogados llegados especialmente desde Madrid en la inauguración del Congreso, el 14 de junio de 1970 en el salón rosa del Parador de San Marcos. Cuando el ministro comenzó su intervención y estos se levantaron de sus asientos, ya tenía preparado el reemplazo con varios letrados de León dispuestos en los laterales de la sala para ocupar las sillas vacías. La secuencia, que el propio Revenga tildó de “cinematográfica”, tuvo un giro de guion cuando el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, José Luis del Valle-Iturriaga, terció y se abrazó con Oriol y Urquijo con estas palabras: “Permitidme, señor ministro, que os abrace en nombre de los abogados de buena fe”. Fue entonces, en palabras del responsable de protocolo, cuando “hubo división de opiniones: unos aplaudieron y otros silbaron”.

“¡Libertad, dimisión!”, recuerda haber oído el abogado leonés Carlos Callejo, que se colegió en mayo de 1968 y tenía 27 años entonces. Él aporta una perspectiva diferente a la de las colegas madrileñas que llegaron sabiendo del boicot y de la profundidad de las cuestiones que se iban a debatir, una especie de enmienda a la totalidad a la dictadura al abordarse la abolición de la pena de muerte, la amnistía, un estatuto para los presos políticos, la derogación de la ley de bandidaje y terrorismo, así como de la censura previa en el cine y el teatro, amén de la supresión de las jurisdicciones especiales. “Para mí fue una auténtica sorpresa”, dice al hilo de temas que entonces eran “tabú” Callejo, quien sugiere la hipótesis de la complicidad de Luis Revenga. “Luis era un liberal, yo creo que llegaba a ser hasta ácrata, un anarquista no militante”, señala para definir a aquel hombre que abrió una saga familiar de abogados, hoy con despachos en Santander y León. “Tenía una mentalidad muy abierta y muy liberal”, dice desde Cantabria su hijo Luis, que lo recuerda comentando “escollos” para organizar aquella cita con el gobernador civil a sabiendas de la participación de “personas no bien vistas por el régimen” y con policías camuflados. Su papel fue distinguido poco después con la concesión del Premio San Raimundo de Peñafort.

El episodio también pilló de nuevas al fotoperiodista Fernando Rubio, que llevaba apenas unas semanas trabajando como reportero gráfico en el diario Proa. León empezaba a acostumbrarse entonces a albergar congresos. “Había muchos actos entonces tras el estreno de San Marcos. La ciudad vivió entonces una época dorada. Había reuniones multitudinarias”, cuenta su colega entonces en Diario de León César Andrés, que recuerda la cita como un “triunfo” para los abogados. Rubio, que captó el momento del abrazo de Del Valle-Iturriaga a Oriol y Urquijo, reconoce que por entonces no calibraba la repercusión de aquellos acontecimientos. “La importancia del momento la entendí años después”, admite para constatar que entonces León cumplía aquel arquetipo de “ciudad tranquila”. Cuando se produjo el “hecho sucesorio” con la muerte de Franco en 1975, el reportero se recuerda haciendo “miles de fotografías” los meses siguientes para cubrir las movilizaciones laborales en sectores como “la construcción, el transporte o Correos”.

¿Era efectivamente León una ciudad tranquila? “La elección fue algo lógico. Pero no todo estaba tan tranquilo. Y este del Congreso de la Abogacía es uno de los mejores ejemplos”, responde el historiador David Martínez, autor en 2015 de la tesis doctoral titulada Construyendo la democracia. Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984). El trabajo recoge, por ejemplo, que ese mismo 1970 se registraron en la provincia 16 conflictos colectivos, secundados por 3.653 trabajadores hasta representar apenas un 1% de los huelguistas del país en ese año. Los problemas laborales crecieron hasta los 43 en 1971. Más allá de que las movilizaciones procedían en su mayoría de sectores asentados lejos de la capital como la minería del carbón o el metal, la tesis ahonda en premisas como la de que “desde las instituciones sindicales leonesas se reconocía que habían perdido su capacidad para controlar los problemas laborales, lo que no había sucedido en el primer franquismo”. La anécdota de la gasolina gratis para Cristina Almeida (“salimos a la calle gritando amnistía y libertad”, anota la abogada) también podría reflejar un cambio: el de personas que ya se atreven a romper el “silencio” imperante durante los primeros años de la dictadura.

Pasada la tensión reinante en la inauguración en San Marcos, llegaron los debates en las sesiones que tuvieron lugar en el Colegio de Los Maristas y la Escuela de Comercio hasta el 20 de junio con la participación de cerca de un centenar de letrados. Y ahí se dio una confluencia que fue la pura traslación de un momento histórico en el que abogados de diferentes signos ideológicos y generaciones remaron en la misma dirección: un movimiento tan amplio que aglutinaba desde monárquicos como Joaquín Satrústegui o democristianos como Joaquín Ruiz-Giménez pasando por socialistas como Pablo Castellano y comunistas como Cristina Almeida hasta llegar a Paca Sauquillo, entonces en la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores).

La propia Sauquillo destaca ese consenso en pro de la “democracia” de abogados de “diferentes tendencias”, así como la fuerza de los jóvenes recién llegados a la profesión. Carlos Callejo habla de “discusión profesional y muy respetuosa”, con jornadas que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada e intervenciones de alto calado intelectual (cataloga como “brillantísimo” a Pablo Castellano). Callejo, que vivió aquellos días sentado junto al que luego sería alcalde de León y parlamentario nacional Juan Morano, no habla tanto de la confrontación ideológica derecha-izquierda como de abogados del sistema-y contra el sistema.

“Nosotros estábamos, sobre todo, por la democracia. Había gente muy variada. El interés era acabar con el régimen”, analiza Cristina Almeida, cuya popularidad se multiplicaría cuando ejerció como parlamentaria con Izquierda Unida. “Pero yo, cuando me preguntan por mi profesión, siempre digo que abogada. La mejor arma para ayudar a cambiar el país era la de ser abogada”, expone. ¿Hasta qué punto lo era también en un régimen sin libertades? “Me daba la ocasión de defender a las personas y las ideas”, contesta para destacar también de aquel Congreso de León la presencia de mujeres con otras dos anécdotas: a la pionera María Luisa Suárez “llorando” tras aprobar la amnistía y el momento en el que la que luego sería secretaria judicial Marian Lozano votó en sentido contrario a sus compañeras y varios veteranos de los sindicatos franquistas aplaudieron al interpretar que la tenían de su lado. “¡Que no, que me he equivocado!”, zanjó Lozano.

“La lucha”, se puede leer en una crónica del 19 de junio de Diario de León, “ha sido en algunos aspectos, un poco enconada, por parte de los que pudiéramos catalogar ‘contestatarios’ entre los que figura un grupo de señoritas. No obstante la votación adversa en la ponencia octava, que trata del Estatuto del preso político, no se dan por vencidos”. El pasaje periodístico revela la intensidad de los debates en lo que quedó para la historia como el Congreso de la ruptura o el Congreso de la libertad. “Yo no tuve la sensación de que vinieran aquí a romper nada. Creo que la gente vino para tratar de reformar los planteamientos de la abogacía”, opina Carlos Callejo. Sería ya avanzada la Transición cuando se plantearía, en términos generales, la dialéctica ruptura-reforma como salida de la dictadura.

La pugna tuvo quizá su reflejo más patente en la votación de una amnistía general, resuelta finalmente con 199 votos a favor y 186 en contra, tras asensos generales sobre cuestiones como la de pedir a los poderes públicos la abolición de la pena de muerte (el régimen no ejecutó las condenas de finales de ese mismo año en el Proceso de Burgos, pero sí lo hizo posteriormente, incluso con cinco condenados apenas unas semanas antes de la muerte del dictador). Y es que mucho de lo aprobado en el Congreso de León fue papel mojado para la dictadura franquista, que siguió aplicando la represión (la amnistía data ya de 1977). La otra parte de los debates, la relativa a cuestiones profesionales como la mutualidad, el intrusismo o la remuneración del turno de oficio, tampoco resultó de inmediata aplicación. “Sobre el Estatuto de la Abogacía, las conclusiones que se alcanzaron se aplicaron en 1982”, señala el actual decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes. El siguiente Congreso de la Abogacía Española se celebró ya en democracia, en 1989 en Palma de Mallorca.

El de León dejó una huella que fue incluso más allá de lo aprobado. “Queríamos acabar con los juicios políticos”, valora al respecto del debate en torno a la supresión de las jurisdicciones especiales Cristina Almeida. “El régimen tenía muchos frentes abiertos, y el de los abogados sería uno más”, añade para hacer un paralelismo entre aquel espíritu y lo que luego representaron la Junta Democrática de España o la Plataforma de Convergencia Democrática, que aunaron ya en las postrimerías del franquismo a casi todo el frente de oposición. Paca Sauquillo establece un “hilo directo” entre el Congreso de 1970 y la Constitución de 1978, la que dio forma a aquellos postulados. “El Congreso fue un hito, un antes y un después”, apunta para subrayar también el papel de los colegios profesionales durante el tardofranquismo. Y Carlos Callejo, que se considera como “un hombre de la Transición”, reivindica la importancia de las figuras protagonistas de aquel proceso político, muchos de ellos abogados.

Y el caso es que la Transición, que muchas veces se cuenta a partir del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, bebe también de episodios anteriores quizá no suficientemente conocidos. Rodríguez Santocildes, recientemente elegido también como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, cree que el Congreso de León sí es una referencia en el gremio y “entre estudiosos de la Transición”. El Colegio de la Abogacía de León puso su grano de arena con una placa estrenada en la sede en 2020, coincidiendo con el cincuentenario de una cita sí remarcada en documentales como La defensa, por la libertad, de Pilar Pérez Solano, y reseñada en la reciente serie documental La conquista de la democracia, dirigida por Nicolás Sartorius y emitida por Televisión Española.

Son formas de honrar aquel Congreso de la Abogacía Española en León en el que Paca Sauquillo se recuerda “comiendo truchas” y Fernando Rubio haciendo fotos en visitas turísticas programadas como complemento a lugares del entorno como las Cuevas de Valporquero con “mujeres en tacones”. A Cristina Almeida la gasolina le salió gratis por los mismos días en que unos letrados dispuestos a cambiar España compartían portada informativa en los periódicos con la Brasil de Pelé campeona del mundo de fútbol en México. 55 años después, el análisis de un historiador como David Martínez deja la conclusión final: “Se trata de uno de los hechos más importantes del tardofranquismo en España”.