Los trabajos de exhumación buscan cotejar restos óseos con familiares para determinar si hubo sustracciones de recién nacidos
La asociación mantiene viva la lucha de miles de familias en España que exigen verdad, justicia y reparación
La asociación SOS Bebés Robados de Huelva ha conseguido que se inicien en el cementerio de La Soledad los primeros trabajos de exhumación vinculados a la investigación de posibles desapariciones de recién nacidos en la provincia. La actuación tiene como objetivo cotejar muestras de ADN extraídas de restos óseos con las de familiares que llevan décadas reclamando la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos e hijas.
Se trata de un paso de enorme importancia para las familias onubenses que han denunciado irregularidades en los registros de nacimientos y defunciones, historias que se repiten en toda España desde la posguerra hasta bien entrada la democracia. Muchas madres recuerdan haber sido informadas del fallecimiento de sus bebés sin llegar a ver los cuerpos, con entierros realizados de manera apresurada y sin documentación clara.
SOS Bebés Robados Huelva ha mantenido durante años la recogida de testimonios, la búsqueda de archivos y la exigencia de que se practiquen pruebas de ADN que permitan confirmar si los bebés murieron realmente o fueron sustraídos y entregados a terceros. La asociación insiste en que sin esa verificación las familias seguirán atrapadas en la duda y en la falta de reparación.
El fenómeno del robo de bebés en España, documentado por historiadores y organizaciones de derechos humanos, comenzó en los años de la dictadura franquista con fines de represión y control social y se prolongó durante décadas como un negocio de adopciones ilegales en el que participaron instituciones religiosas, sanitarias y funcionarios. A pesar de miles de denuncias, la mayoría de las causas han sido archivadas en los tribunales por prescripción de los delitos.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, reconoció por primera vez estos hechos como delitos de lesa humanidad en el marco de la dictadura, aunque la norma no cubre los casos posteriores ocurridos ya en democracia. Por ello, las asociaciones reclaman aún una fiscalía especializada, acceso pleno a los archivos y pruebas de ADN gratuitas para todas las familias afectadas.
El inicio de las exhumaciones en Huelva marca un precedente en Andalucía y abre la posibilidad de extender las investigaciones a otros cementerios donde también se sospecha de enterramientos irregulares. Para las familias onubenses, representa la primera oportunidad real de confirmar científicamente lo que hasta ahora eran sospechas y silencios.
La Junta de Andalucía ha autorizado y financiado estos trabajos, que se realizan con equipos técnicos especializados y cuyo análisis de ADN será desarrollado en la Universidad de Granada. Desde 2019 se han exhumado en Andalucía más de 2.600 víctimas en el marco de las políticas de memoria, aunque en el caso de los bebés robados el protagonismo corresponde a las asociaciones que han logrado mantener viva una causa que todavía busca verdad, justicia y reparación.
Fuente → revista.lamardeonuba.es
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